El 'conseller' Campuzano aumenta el 6% la financiación de los servicios sociales este año

No es casualidad que, mientras maestros y sanitarios protestaban este invierno reclamando mejoras laborales, en el sector social nadie dijera ni mu, a pesar de que las condiciones laborales del colectivo son mucho peores. Los cerca de 80.000 empleados de este ámbito en Catalunya -que va desde residencias geriátricas hasta centros de personas con discapacidad o servicios de atención a la infancia en riesgo- cobran alrededor del salario mínimo, ya que el 90% de estos servicios están subcontratados a empresas o entidades sociales. Esta precariedad laboral está provocando que los servicios vayan muy faltos de personal. Los empleados huyen. Y este jueves el 'conseller' de Drets Socials, Carles Campuzano, se ha comprometido en revertir la situación, no desprivatizando el sector, sino aumentando su aportación y anunciando auditorías a empresas y entidades sociales.

Se trata de un primer acuerdo calificado de "histórico". "Debemos superar la infrafinanciación y las condiciones laborales: no están suficientemente pagados, esto ni es justo ni es sostenible", ha lamentado el 'conseller', que ha anunciado que la financiación de los servicios sociales aumentará este año un 6%.

Desde los recortes de Artur Mas, las entidades sociales, los sindicatos y las empresas que prestan servicios públicos de índole social reclaman una mejora de las condiciones de los servicios que prestan. Es un pez que se muerde la cola. Si la Generalitat paga poco no se pueden subir los sueldos, responden los empresarios en las 12 distintas mesas de negociación colectiva ante los sindicatos. Esta vez, el Govern ha decidido dejar de hacer de espectador. Esta mañana ha reunido a las ocho patronales que prestan servicios públicos y a los dos sindicatos mayoritarios (Comissions Obreres y UGT) para hacerles firmar un acuerdo que debe servir de primera piedra de un modelo de atención social equiparado al sistema sanitario y educativo.

Aumento de la financiación

El principal compromiso de este acuerdo es que la Generalitat mejorará este año un 4% la financiación de los servicios sociales que están subcontratados y añaden el 2% por los sobrecostes energéticos (un 6% en total). El sector reclamaba un aumento del 12%. Además, hay patronales que calculan que el sobrecoste energético es del 7%. "Evidentemente que no es suficiente, pero no podemos estar enfadados, es la primera vez que la Generalitat nos escucha y trabaja en la dirección de lo que necesitamos", explica Ignasi Freixa, presidente de la Unió de Petites i Mitjanes Residències.

Por último, el Govern aumentará un 15% la prestación PEV, la cual permite a los dependientes pagar una residencia u otro servicio social mientras está en lista de espera. De media, pasan de ser 700 euros a 800 mensuales. Insuficiente aún para financiar una plaza en un geriátrico. A pesar de no saber si se aprobarán los presupuestos, el texto también incluye un aumento del 5% en estos mismos servicios para el 2024. En total, la aportación extra es de 116 millones de euros este año, y la previsión de hacerlo en 78,6 millones el año que viene.

Drama en los sueldos

Este aumento de dinero no es gratuito. Una de las obsesiones de la Generalitat es traducirlo en la mejora de los sueldos de los trabajadores. El acuerdo dice que "las patronales se comprometen a trasladar el incremento de tarifas a una mejora salarial de forma proporcional". Pero el Govern no puede obligar a más: la mejora de los sueldos dependerán de la voluntad de las empresas en los convenios colectivos. "Nosotros pedimos que el 100% de este aumento vaya a mejorar sueldos, aunque los empresarios dicen será en en un 75%", explica Enriqueta Duran, de UGT. "Este será nuestro caballo de batalla, necesitamos un salario mínimo en este sector: equipararnos a los sanitarios pero sobre todo, a los funcionarios. A igual trabajo, igual salario", insiste la sindicalista.

Un enfermero que trabaja en una residencia puede cobrar un 30% menos que otro que lo hace en un hospital. Por eso falta tanto personal sanitario en estos centros. Además, el 10% de centros de servicios sociales son públicos, y sus empleados, funcionarios, ganan como mínimo 500 euros más cada mes, según UGT. "Nuestro objetivo es que en la administración, el tercer sector o la empresa privada tengan los mismos salarios", ha explicado Campuzano. Lejos de dejar de externalizar servicios y apostar por hacerlos públicos, quiere impulsar reformas legislativas que permitan que los trabajadores cobren lo mismo en estos tres ámbitos. Van tarde. Los presupuestos de 2020 les daban cuatro años para hacerlo. Ahora se plantean hacerlo en los próximos cuatro. La equiparación salarial tiene un coste de 300 millones, aproximadamente.

La otra contraprestación de este pacto se basa en la transparencia. Drets Socials hará una auditoría a todos los servicios sociales públicos que se prestan en Catalunya. ¿En qué se gastan el dinero público las entidades subcontratadas? ¿Ganan o pierden dinero? Estos datos serán claves para reestructurar toda la cartera de servicios públicos que se prestan y modificar sueldos y ratios de personal. Además, Drets Socials colaborará con la agencia de calidad del Departament de Salud (AQUAS), una vía más para detectar posibles infracciones o mala gestión de los subcontratados.