El juez imputa al equipo directivo del geriátrico Aragó por la muerte de ocho ancianos en un brote de salmonela

El juez de Barcelona Fernando Luis Criado Navamuel ha citado a declarar como investigado (antes imputado) al administrador del geriátrico Aragó, Alejandro Cabedo Pons, a su directora hasta el año pasado, María Dolores Ortiz, así como a la gobernanta y a la doctora del centro, por el brote de salmonela que provocó la muerte de ocho ancianos durante el verano del 2022. Un caso que destapó EL PERIÓDICO y que ha forzado cambios en el sistema de inspección de las residencias en situaciones de emergencia.

Los investigados deberán comparecer en el Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona el próximo 4 de marzo para poder ser interrogados, según el escrito al que ha tenido acceso este diario. El magistrado, además, ha citado a declarar como testigos para ese mismo día y para el 6 de marzo a un total de 17 testigos.

El juzgado abrió el proceso judicial el 13 de julio del año pasado en virtud de las diligencias de investigación llevadas a cabo por la Fiscalía de Barcelona por un presunto delito de homicidio imprudente y su correspondiente denuncia. Para el magistrado, según esa resolución, los hechos podrían ser constitutivos de delito y acordó que se citara a declarar a los denunciados por la fiscalía en calidad de investigados, a la vez que denegó la petición de la acusación pública de clausurar el centro en ese momento, “sin perjuicio de que pueda adoptarse tal medida a lo largo del procedimiento” y de la posibilidad de que pudiera hacerlo la Administración, que también lo descartó.

15 hospitalizados

La denuncia de fiscalía expone que desde finales de julio hasta septiembre de 2022, en la residencia, ubicada en la calle de Aragó de Barcelona y con capacidad para 100 personas (57 plazas públicas), se produjo un brote de salmonela que afectó a 39 residentes, de los cuales 15 fueron hospitalizados y ocho murieron. A pesar de tener la obligación de hacerlo, subraya a acusación, los ahora investigados no notificaron ninguno de los casos a la Agència de Salut Pública de Barcelona, negaron el contagio de los residentes y tampoco comunicaron la muerte de siete de los ocho fallecidos.

Al entender fiscalía, la dirección del centro solo facilitó información a la agencia después que este organismo tuviera noticia del brote por otras fuentes sanitarias. El proceso de investigación de la agencia, subraya, "fue obstaculizado y las consecuencias de brote notablemente agravadas a causa de la deliberada voluntad" del centro de "ocultar cualquier dato o cualquier nuevo caso a Salud Pública". La mencionada agencia es un organismo que gestiona servicios por encargo del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat.

Deficiencia en la higiene

La denuncia expone que, en agosto de 2022, la unidad de geriatría del Equipo de Atención Primaria (EAP) certificó a dicha agencia la existencia del brote. El equipo de sanitarios que se personaron en el centro pudieron constatar "una importante deficiencia en la higiene y la limpieza de las salas". En ese mismo momento, se informó a la dirección del geriátrico de las medidas higiénicas necesarias para evitar el contagio. Esas precauciones fueron reiteradamente repetidas por los organismos oficiales, así como la obligación de comunicar los casos que se detectaran (residentes con cuadros de diarrea).

A través de las sucesivas visitas realizadas por los técnicos epidemiológicos, se constató "la falta de aplicación", según la fiscalía, de las medidas de higiene establecidas para contener la propagación de la enfermedad. De hecho, añade, a lo largo del proceso de investigación "fueron una constante" la falta de higiene, de material de desinfección y de equipamientos de protección para llevar a cabo esta tarea, "pese a las directrices facilitadas por el personal sanitario desde el primer momento".

"Elevado riesgo para los residentes"

La Agència de Salut Pública de Barcelona sostiene en un informe que las “malas prácticas” detectadas en el geriatrico Aragó de julio a septiembre de 2022 provocaron “un riesgo muy alto para la salud para todos los residentes” del centro, lo que se “materializó” en la infección de varios de ellos por salmonela. Después de que EL PERIÓDICO publicara este informe, el geriátrico declaró que no reflejaba la realidad del centro y aseguró que las acusaciones se esclarecerían en los juzgados. La Conselleria de Drets Socials, por su parte, ha mantenido que el centro ha acabado rectificando y está aplicando mejoras.

Por su parte, la Agència de Salut Pública no solo había calificado la actuación de los responsables del geriátrico de “malas prácticas”, sino que también señaló una “falta de atención sanitaria y/o negligencia” en la asistencia a las personas que residían en el centro. Este escrito también concretaba que el vehículo de transmisión de la salmonela en un primer momento (entre el 28 y el 30 de julio del 2022) fue de persona a persona y, posteriormente, por la contaminación de una fuente común de comida, por los utensilios utilizados o por la superficie del mobiliario.

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