La Agència de Salut Pública ratifica ante el juez las "malas prácticas" en el Geriàtric Aragó

Versiones contrapuestas este lunes en la declaración judicial del caso del geriátrico Aragó de Barcelona donde murieron ocho ancianos por un brote de salmonela. Cuatro técnicos de la Agència de Salut Pública de Barcelona ratificaron ante el juez sus informes en los que afirmaban que las “malas prácticas” detectadas en el Geriàtric Aragó de julio a septiembre de 2022 produjeron “un riesgo muy alto para la salud para todos los residentes” del centro, lo que se “materializó” en la infección de 37 personas por salmonela, entre ellas las fallecidas, según fuentes jurídicas.

El titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona investiga, a raíz de una denuncia de la fiscalía, si el equipo directivo de la residencia podría haber cometido ocho delitos de imprudencia graves con resultado de muerte. El geriátrico asegura que el informe de la agencia no refleja la realidad. La Conselleria de Drets Socials, por su parte, mantiene que a día de hoy el centro ha rectificado y está aplicando mejoras.

El informe de la Agència de Salut Pública sobre como el Geriàtric Aragò gestionó el brote de salmonela es demoledor. Fue emitido el 23 de marzo de 2023, meses después del brote. El documento, avanzado por EL PERIÓDICO, señala una "falta flagrante de atención sanitaria y negligencia" que causó la muerte de los ancianos, con menciones especiales a la falta de material higiénico más básico, falta de personal y suciedad en las instalaciones. La Agència de Salut Pública denunció la situación a la fiscalía, que terminó abriendo una investigación y llevando en asunto ante el juez. Es por ello que la declaración de sus técnicos se ha tornado trascendental. "Se han ratificado en sus informes", explicaron fuentes jurídicas.

Los imputados

Antes de la declaración de estos testigos, fueron interrogados tres de los cuatro investigados: el administrador y gestor del geriátrico, Alejandro Cabedo, la directora en aquel momento, María Dolores Ortiz, y la gobernanta, Susana Soler. La médica del centro no declaró. Los tres, representados por Luis Enrique Granados, del despacho Maluenda, aseguraron que hicieron lo debido y que cumplieron las indicaciones de las autoridades sanitarias sobre cómo gestionar el brote de salmonela y que en ningún momento se obstaculizaron las inspecciones en el centro. Los imputados insistieron en que el geriátrico no era un centro sociosanitario, sino una residencia con una dilatada experiencia y un personal debidamente formado.