Prestaciones sociales

Gobierno y Generalitat cierran el convenio de traspaso a Catalunya del Ingreso Mínimo Vital

El TC avala por unanimidad la cesión de la gestión del ingreso mínimo vital al País Vasco y Navarra

El 75% de niños en pobreza extrema en Catalunya no perciben la ayuda social de la Generalitat

Cola de beneficiarios para tramitar la renta garantizada, en una imagen de archivo.

Cola de beneficiarios para tramitar la renta garantizada, en una imagen de archivo.

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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el 'conseller' de Drets Socials, Carles Campuzano, han cerrado este jueves en Barcelona el convenio para el traspaso definitivo de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a la Generalitat. Según han informado el Ministerio y la conselleria en sendos comunicados, Elma Saiz y Carles Campuzano han acordado el hoy en la conselleria de Drets Socials el cierre del convenio que concreta el traspaso de la gestión del IMV al Govern, que se comenzará a tramitar para hacerlo efectivo.

El objetivo del traspaso del IMV, ha asegurado el Ministerio, es extender el alcance de esta prestación, que ha llegado a unos 70.000 hogares catalanes y a más de 218.000 personas vulnerables. El pasado año 2023 se destinaron 368 millones de euros al IMV y el Gobierno quiere acercarlo aún más a la ciudadanía y maximizar las condiciones de acceso, ha indicado la ministra Saiz.

Con este último trámite administrativo, se da por hecho que el traspaso a Catalunya se concretará en las próximas semanas, con lo que las personas que soliciten el IMV y también pidan la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), que gestiona la Generalitat, no deberán hacer dos trámites separados sino presentar la documentación a través de una única ventanilla, según se ha comprometido la Generalitat. Durante la reunión, Campuzano también ha puesto sobre la mesa la necesidad de impulsar una prestación universal para la crianza de los hijos.

En cuanto a los jóvenes migrantes que viajan solos, el conseller ha destacado la necesidad de compartir toda la información alrededor de los flujos migratorios y ha abogado por la corresponsabilidad del resto de autonomías en este tema, "para poder atender a los jóvenes con todas las garantías", ha considerado. Desde el pasado noviembre, más de 300 niños subsaharianos duermen en comisarías de los Mossos por falta de espacios. Una situación que se mantiene a día de hoy.