CCOO denuncia que más de 35 ayuntamientos catalanes retrasan el empadronamiento de migrantes

Como ya había apuntado EL PERIÓDICO, las trabas al empadronamiento de migrantes no son cosa solo de Ripoll. Un nuevo informe presentado este martes por el sindicato CCOO pone cifras a esta manera de proceder en Catalunya: más de 35 ayuntamientos dificultan los trámites de empadronamientos a migrantes y retrasan el proceso más de lo necesario. "No es un problema sólo de Ripoll", ha confirmado el secretario general del sindicato en Catalunya, Javier Pacheco, en una rueda de prensa en la que ha hecho balance de las redes del Centro de Información para Trabajadores Extranjeros (CITE).

El sindicato denuncia que hay municipios que no informan a los solicitantes de las opciones que tienen para formalizar el trámite

Entre los consistorios que retrasan este proceso hay de "todos los colores" políticos. El sindicato ha mencionado Santa Coloma de Farners, Badalona, L'Hospitalet de Llobregat o Salt. Según el sindicato, "las dificultades comienzan cuando los migrantes llegan a la ventanilla del ayuntamiento y les piden un contrato de alquiler" pero no les explican qué opciones tienen. La ley obliga a empadronar aun cuando el solicitante no tenga domicilio conocido, viva en una habitación realquilada o incluso en la calle.

CCOO pide reducir de tres a un mes para formalizar el empadronamiento

"Una vez rellenas la solicitud pueden pasar uno, dos, tres, cuatro o cinco meses y no llega la resolución. Entonces vas al CAP y necesitas atención médica y como no tienes el empadronamiento no te atienden. Es un problema de falta de voluntad", ha denunciado Liliana Reyes, secretaria de Política Territorial y Migraciones de CCOO de Catalunya. Aparte de dificultar la escolarización o el derecho a la sanidad, el empadronamiento también es un requisito para demostrar el tiempo de residencia cuando se hace el trámite por arraigo al cabo de dos o tres años de estar en el país.

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Para enmendar esta situación que "condena" a los migrantes a no acceder a derechos como la sanidad o la escolarización de sus hijos, CCOO reclama una reforma de la normativa para reducir de tres a un mes los trámites de empadronamiento con silencio administrativo positivo. Además, el sindicato también ha puesto sobre la mesa que el acceso a los derechos a los que va vinculado el empadronamiento sea directo desde el momento de la solicitud.

Un 79% de irregularidad en los atendidos en el CITE

Por otra parte, el balance anual de las redes del Centro de Información para Trabajadores Extranjeros (CITE) revela que 8 de cada 10 extranjeros atendidos trabajan sin contrato. En total, estas oficinas han atendido a 11.121 personas de 113 nacionalidades y han resuelto más de 30.000 consultas. Cerca de la mitad (48,5%) estaban vinculadas a procedimientos para regularizar la situación. "El incremento de trabajo irregular es preocupante. No es sólo trabajar sino en qué condiciones", ha subrayado Carles Bertran, director del CITE.

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El sindicato denuncia el colapso burocrático que "condena" a los migrantes a la economía sumergida y provoca, incluso, la pérdida del trabajo por no poder renovar los permisos de residencia. "Es un problema de carencia de recursos de las oficinas de extranjería y aquí tienen responsabilidad tanto el gobierno del Estado como la Generalitat", ha dicho Pacheco. "Regularizar esta situación es urgente y necesario", ha insistido.

Deshumanización de la gestión de la extranjería

Por ello, han dicho que son necesarias modificaciones normativas para reducir los entre 6 y 9 meses que se tarda en regularizar la situación de los extranjeros y reclama que una oferta de trabajo sea suficiente para avalar el expediente de un migrante. CCOO ve necesario que el trabajo "no sea un escenario de segundo plano" a la hora de expedir y renovar los trámites en las oficinas de extranjería. "Constatamos una cierta deshumanización de la gestión pública con respecto a la extranjería", ha añadido Bertran.

Por ello, también exige que los servicios de acogida como el CITE reciban una financiación adecuada, ya que actualmente "están trabajando a pérdidas" para realizar un servicio que debería asumir la administración. Estos servicios, aseguran, se encargan de que los migrantes tengan información para conocer qué derechos tienen.