¿Por qué sigue abierta la cementera de Montcada pese a las últimas sentencias judiciales?

En el último año se han acumulado varias sentencias desfavorables a la fábrica de cemento de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), la antigua Asland, ahora en manos de la empresa Lafarge-Holcim. Desde hace 50 años, un grupo de vecinos empezó una lucha judicial que sigue viva y que implica tanto a la compañía como a la Generalitat. Este contencioso dio un vuelco en el recién despedido 2023 y la balanza se decantó hacia el lado de los vecinos del barrio de Can Sant Joan, que han ganado las últimas batallas (parciales), con Albert Calduch, abogado medioambiental, al frente.

La justicia debe resolver este 2024 dos asuntos pendientes: el recurso de la empresa y la Generalitat a la orden de cierre y la vista sobre trato de favor a Lafarge-Holcim

En dos de los pronunciamientos de la justicia, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) como el Tribunal Supremo han dictado que se debe cerrar la fábrica. Sin embargo, a día de hoy la planta sigue produciendo cemento e incinerando.

¿Cómo se explica? Hay varias razones. Pero la principal es la negativa de Holcim y del Departament d'Acció Climàtica a encauzar el cierre, que dejaría a varios trabajadores sin empleo. De momento, han tomado decisiones en la línea contraria para mantener la cementera en funcionamiento.

El fiscal denuncia a la Generalitat por dar trato de favor a la cementera de Montcada

Pese a que el Supremo ratificó la orden de cierre, empresa y Administración presentaron un recurso de casación que aún se debe resolver. Además, la conselleria, en marzo de 2023, le concedió otra autorización ambiental a la cementera. Fuentes de Acció Climàtica aseguran que no podían dejar a la fábrica en un vacío legal. Consideraron que mientras no se resuelvan los recursos de casación impuestos contra la orden de cierre, la planta debía tener la oportunidad de continuar en marcha.

Próximas sentencias

Y no solo esto, el Departament se escudó en el hecho de que en todos los procedimientos judiciales abiertos no se habían detectado incumplimientos ambientales. El principal problema que el juez y el fiscal achacaban a las autorizaciones concedidas era un defecto de forma. De todas formas, es cierto que, como destaca el abogado que defiende a los vecinos, consiste en un defecto de forma repetido en múltiples ocasiones por parte del mismo excargo de la Generalitat: Emili Dragone.

En los próximos meses deberá declarar Dragone, como investigado, y también otros excargos de la Generalitat, en este caso en calidad de testigos. Esta vista, que se debía celebrar en otoño de 2023, se pospuso porque lo exigió la empresa y el juez lo aceptó, por lo que tendrá lugar durante el primer semestre de 2024. En esta causa, la justicia trata de investigar si la Generalitat, y Dragone en concreto, dieron trato de favor a la cementera, dando el visto bueno a permisos ambientales que no correspondían.

Proceso paralelo

Por lo tanto, en estos momentos hay dos causas pendientes que se deberán resolver en los próximos meses. Será entonces cuando se sabrá si la cementera debe cerrar definitivamente o no. Por un lado, está la referida a los permisos ambientales. Pero por otro lado, el TSJC y el Supremo se deberán pronunciar sobre el recurso de casación impuesto sobre la decisión de cerrar la fábrica.

El TSJC ratifica la nulidad de la autorización ambiental a la cementera de Montcada

Según Calduch, teniendo en cuenta que dos meses atrás el TSJC ratificó lo que había dicho un juez y tumbó la autorización ambiental de 2017, es posible que ahora la justicia se vuelva a pronunciar a favor de los vecinos: "En los últimos pleitos, la justicia les ha dado la razón a los vecinos de Can Sant Joan y consideramos que deberá seguir siendo así, teniendo en cuenta los detalles de la causa".

La justicia ralentiza la investigación por el trato de favor a la cementera de Montcada

Cabe tener en cuenta que el recorrido judicial debería estar ya agotado. Pero aunque se haya alargado más de lo previsto, los vecinos hacen una lectura positiva: confían en que el cierre definitivo, por mucho que Generalitat y empresa se opongan, acabe llegando. La otra posibilidad es que el proceso dé un vuelco y la justicia se pronuncie ahora a favor de la Administración o de Lafarge-Holcim. Lo que es seguro es que mientras no lleguen nuevos pronunciamientos, pese a las últimas decisiones, la cementera seguirá funcionando.

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