Violencia machista: los países de la UE, incapaces de ponerse de acuerdo sobre qué es una violación

Una de cada tres mujeres en la Unión Europea ha experimentado violencia física o sexual a partir de los 15 años. Una de cada dos ha sufrido acoso sexual. Por eso España, junto al resto de los estados miembros, está trabajando en la Directiva que busca avanzar en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y, en esta materia, la definición de términos como el consentimiento es fundamental para la tipificación penal de la violación.

El problema es que, como apunta Teresa Paramato Martín, fiscal de Sala de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado, "no ha prosperado una definición de violación en la propuesta", precisamente por la falta de acuerdo sobre el consentimiento, pese a lo dispuesto en el Convenio de Estambul.

No tiene pinta de que el consenso esté cerca: no solo no se han puesto de acuerdo los "países más retrógrados o menos avanzados en la materia"; tampoco algunos "de los más avanzados, que se oponen a incluir una definición de violación y consentimiento".

Como explica la propia propuesta de directiva, muchos estados miembros continúan exigiendo el uso de la fuerza, de amenazas o de coacción para considerar que existe un delito de violación. Otros, sin embargo, utilizan como único criterio que la víctima no haya dado su consentimiento al acto sexual. "Sólo este segundo planteamiento logra la plena protección de la integridad sexual de las víctimas. Por lo tanto, es necesario garantizar una protección igual en toda la Unión estableciendo los elementos constitutivos del delito de violación de la mujer". Por el momento, no se ha conseguido.

El antes y el después en España

Durante la presentación del número 11 de la Revista del Ministerio Fiscal, que ella misma ha dirigido, Paramato ha explicado la importancia de que la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como la ley del 'sólo sí es sí', ha tenido en este sentido, ya que la norma pone en el centro el consentimiento de la mujer por primera vez en España.

"Todos sabemos que con ella se produjeron 'los efectos perversos como consecuencia de la aplicación del derecho transitorio', que ha motivado reducciones de penas, incluso excarcelaciones, convirtiéndose en el centro de atención de una ley que a mí me parece que es muy buena", afirma. Pero, pese a ellos, y a que la corrección que hizo el legislador con una nueva ley que no evitará que tengan problemas a la hora de aplicar la norma intermedia, recuerda que el propio preámbulo del 'solo sí es sí' señala que su finalidad es el establecimiento de políticas públicas, globales y coordinadas para erradicar las violencias sexuales. Lo hace en atención a todos los ámbitos, como la prevención, detección, la formación o la concienciación, lo cual la fiscal aplaude.

Mujeres y menores, las víctimas

Destaca, sobre todo, que con esta ley se haya eliminado la violencia o intimidación como elementos constitutivos del tipo penal, siguiendo las reclamaciones de los movimientos feministas, pero también de las peticiones de los organismos y tribunales internacionales, que piden que se centre la respuesta de la violación solamente en la falta de consentimiento y no en la existencia de fuerza, resistencia o la penetración.

"Estamos obligados a cumplir los estándares internacionales y a hacer una definición del consentimiento del artículo 36 del Convenio de Estambul. Para mí, el modelo del 'sí es sí' es que mejor garantiza la seguridad y protección de víctimas de violencia sexual y, sobre todo, la libertad y la autonomía sexual de las mujeres, que son las más afectadas. Según datos del Ministerio del Interior, el 86% de las víctimas de las agresiones sexuales son mujeres y niñas. Del 14% restante, el 62% son menores de edad. En cuanto a los autores del delito, el 97% son hombres.

También ensalza que la ley haya modificado el Código Penal en materia de acoso o de matrimonio forzado, antesala, en ocasiones, de la mutilación genital. O que reconozca el derecho a la reparación y la creación de los centros de crisis de atención 24 horas. "Son artículos dedicados a la asistencia integral a las víctimas del violencia sexual", afirma.

Violencia de género y discapacidad

El evento de presentación, celebrado con motivo de la conmemoración del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ha estado presidido por la fiscal de Sala Jefa de la Secretaría Técnica, Ana García León, y en él también ha intervenido la Fiscal de Sala coordinadora de la Unidad de Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra, que ha hablado sobre la especial vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad, las mayores barreras a las que se enfrentan para ejercer su autonomía y la importancia de erradicar los estereotipos asociados a ellas.

Por eso, pide concienciación y formación para los profesionales involucrados en procesos donde las víctimas son mujeres con discapacidad, para tener sensibilidad de cara a atenderlas, según sus necesidades, y para aprender a comunicarse con ellas.

Por su parte, García León ha señalado que, para la Fiscalía, "resulta prioritaria la lucha contra la violencia de género y todas sus manifestaciones" siendo la violencia sexual el máximo exponente de la vulneración de los derechos de las mujeres, algo "inasumible para cualquier sociedad democrática". En ese sentido, ha recordado que desde 2009 hasta 2022 se han interpuesto más de dos millones de denuncias por violencia contra la mujer en España. "Cerrar los ojos ante esa evidencia, fomentar un discurso negacionista o condenar la violencia con matices, incide directamente en la protección de las mujeres aumentando el riesgo de violencia", concluye.