Los funcionarios de prisiones prueban el uso de cámaras unipersonales en dos cárceles para evitar agresiones

En las cárceles de Quatre Camins (La Roca del Vallés) y Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada) se han desarrollado ya dos pruebas piloto de uso de cámaras portátiles unipersonales por parte de los funcionarios de prisiones, una de las medidas acordadas con los sindicatos y la Conselleria de Justícia para garantizar la seguridad en el interior de los centros penitenciarios, según ha podido saber EL PERIÓDICO. Estos ensayos tuvieron una duración de ocho semanas consecutivas, de lunes a domingo, y se iniciarion el 4 y 5 de julio de este año y finalizaron el 20 y 31 de agosto.

Previamente a estas pruebas, la 'conselleria' dictó un decreto para el desarrollo de esta iniciativa y el protocolo sobre la utilización de estas cámaras. Para ejecutar esta actividad se pusieron a disposición de diversos profesionales, entre ellos jefes de servicios y unidades como la del Departament Especial de Règim Tancat (DERT) o de aislamiento, en los que ingresan los reclusos más conflictivos. Pero también han podido disponer de estos aparatos la jefa del área sociocultural, educativa y deportiva o la de un módulo de vida ordinaria.

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El objetivo de este programa piloto es poner a prueba el sistema de cámaras portátiles unipersonales en los dos centros para poder determinar las mejoras que se podrían aportar para rebajar los incidentes o las malas praxis, así como la ayuda que supondría para mejorar la gestión de los centros penitenciarios. El departamento de Justícia también estudiará el efecto disuasorio del uso de este sistema, que podría implicar una reducción del número de agresiones (las cuales aumentaron entre 2020 y 2022) y de comportamientos conflictivos. También podría suponer un valor añadido para la videovigilancia actual.

En esta prueba piloto, cada vez que el funcionario asignado activaba la cámara, tenía que completar asimismo un documento agregado al protocolo y en el cual se recogía la situación que había motivado esta acción, así como la fecha y hora del inicio y final, las indicendencias detectadas y los posibles aspectos de mejora. Esta información era revisada por una comisión de seguimiento que se constituyó a tal efecto y que se reunía semanalmente. Los empleados del servicio interior de las cárceles a quienes se les asignaron las cámaras debían activarlas ante situaciones que pudieran suponer incidentes o atentados a la seguridad de las personas o las instalaciones.

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Como los Mossos

El proveedor de las cámaras proporcionó a cada uno de los centros penitenciarios donde se han desarrollado las pruebas piloto cámaras de grabación de imagen y sonido, que son las mismas que se utilizan en otros ámbitos penitenciarios y en cuerpos de seguridad del Estado como los Mossos. Está previsto que próximamente se emita un informe con las conclusiones de los datos y la evaluación de los resultados y de los aspectos técnicos, funcionales y operativos del sistema. De esta evaluación dependerá la implementación de las cámaras unipersonales en las cárceles catalanas. No consta que este sistema se haya aplicado en otras prisiones del resto de España, aunque se está estudiando la posibilidad. En el ámbito europeo, se usa en Gran Bretaña y Países Bajos, entre otros.

El refuerzo de las medidas de seguridad está enmarcado en varios ejes de actuación. Uno de ellos atañe a la organización de los centros y a la mejora de los sistemas de protección de los funcionarios. En este sentido, la Generalitat se ha comprometido a definir un modelo de celdas de seguridad reforzado en los departamentos especiales de régimen cerrado, donde se aísla a los presos conflictivos y violentos, y a revisar y adecuar esas instalaciones para impedir que los internos puedan utilizar alguno de los sus elementos para perpetrar una agresión.

Además, se han realizado pruebas piloto para la detección de drones que puedan sobrevolar las cárceles y pudieran transportar droga o teléfonos móviles (de la misma manera que podrían llevar una pistola). El ensayo más polémico previsto era el uso de aerosoles "de acción adecuada", según el acuerdo con los sindicatos, en "incidentes localizados en espacios cerrados". Organizaciones de derechos humanos criticaron esta medida.

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