El obispo de Teruel pide "reparar los daños causados" tras conocer el informe sobre abusos sexuales en la Iglesia

Tras varios días de exculpaciones y negativas por parte de la Conferencia Episcopal Española ante el informe sobre la pederastia en la Iglesia presentado por el Defensor del Pueblo, el obispo de Teruel y Albarracín, monseñor José Antonio Satué, se ha convertido en el primer prelado que reconoce públicamente que la Iglesia debe hacerse cargo de las revelaciones que aporta el informe y responder por las denuncias que este pone sobre la mesa.

Este domingo, Satué ha reconocido que "el dolor de tantas víctimas exige que no miremos hacia otro lado y pongamos nuestro punto de mira en este problema, con el fin de reparar los daños causados y evitarlos en el futuro".

En un artículo publicado en el Diario de Teruel, el obispo ha definido el Informe del Defensor del Pueblo como "positivo", puesto que supone escuchar a 487 víctimas, "arrojando luz sobre los devastadores efectos de los abusos sexuales, que tienen su origen en procesos de abuso de conciencia". Asimismo, reconoce que el documento "denuncia algunas prácticas inaceptables dentro de la Iglesia". Y subraya: "Es un estudio que, en su conjunto, merece ser considerado atentamente".

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Exculpaciones episcopales

Estas afirmaciones contrastan con las conclusiones que expuso este pasado martes el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, quien rechazó que la pederastia sea un problema que ataña a los miembros de la curia y remarcó que los abusos sexuales a menores "van más allá de la Iglesia".

En la presentación de su informe, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, destacó la poca colaboración que había recibido por parte de las autoridades eclesiásticas para tratar de esclarecer las denuncias presentadas por las víctimas. "La respuesta ha sido insuficiente, incluso dilatoria", resumió el Defensor. Ahora, el obispo de Teruel asume en su artículo: "Muchos de nosotros hemos escuchado el testimonio de víctimas y su sufrimiento nos ha permitido comprender mejor la magnitud del daño que produce el abuso, particularmente cuando el agresor está vinculado a la Iglesia, y nos ha hecho caer en la cuenta de la importancia de escucharlas, darles credibilidad y apoyarlas decididamente, para que puedan sanar sus heridas".

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Respecto al grado de afectación que este problema tiene para la Iglesia, monseñor Satué distingue: "La necesidad de escuchar, dar credibilidad y apoyar a las personas que nos confían el dolor de haber sufrido un abuso no supone un atropello de los sacerdotes acusados, en su derecho a la presunción de inocencia. Es fundamental entender que, en estos casos, nuestra actitud no ha de ser juzgar, absolver o condenar, sino escuchar, acoger y respaldar".

En el artículo, el obispo de Teruel y Albarracín revela que la Asamblea de la Conferencia Episcopal ha encomendado a su servicio de 'Protección de Menores' una propuesta para aplicar las recomendaciones del Defensor del Pueblo. A la vista del informe, el prelado señala ahora que los obispos, reunidos en Asamblea Plenaria junto con los responsables de la Confederación de Religiosos y Religiosas, manifiestan su "dolor por el daño causado por algunos miembros de nuestra Iglesia". Y afirma: "Pedimos perdón sinceramente".

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Los datos

Una de las revelaciones del informe del Defensor del Pueblo que más han escocido entre las autoridades eclesiásticas es la que estima que en España hay 440.000 víctimas de abusos sexuales perpetrados por sacerdotes. En opinión del presidente de la Conferencia Episcopal, esa cifra es "una mentira dicha con intención de engañar", ya que, de ser cierto ese cálculo "estaríamos todos metidos en los abusos", en palabras de Omella.

El obispo de Teruel y Albarracín se niega a entrar en "una guerra de cifras" porque cree que esto alejaría a la Iglesia "del respeto que merecen las víctimas, quienes nunca deberían ser utilizadas como munición para nuestras luchas políticas y sociales". Por esto, monseñor Satué hace una "llamada a la responsabilidad" de las personas, las familias, las comunidades cristianas, las instituciones públicas y de la sociedad en su conjunto, puesto que, en su opinión, pese a "los errores" que pueda recoger el estudio demoscópico, cree que "los datos que ofrece deben ser considerados atentamente".

El informe revela que el 11,7% de las personas encuestadas afirman haber sido abusadas antes de los 18 años. El 5,9% de estas agresiones se habrían producido en el ámbito educativo religioso y el 4,6% en el ámbito religioso. Ante la gravedad de estos datos, monseñor Satué pide que el informe "no implique librar una batalla contra los sacerdotes en su conjunto", ya que, en su opinión, en la Iglesia, al igual que en las familias y otras instituciones, hay quienes cometen abusos "y quienes buscan la verdad, la justicia y el bien de las víctimas". Y añade: "El dolor de tantas víctimas exige que no miremos hacia otro lado y pongamos nuestro punto de mira en este problema, con el fin de reparar los daños causados y evitarlos en el futuro", ha reclamado.

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Los casos de Teruel

En su artículo, el prelado dedica especial atención a las denuncias que atañen a su diócesis, en concreto tres. El caso más antiguo se refiere a un sacerdote condenado en 1962 por tribunales eclesiásticos. Los otros dos datan de 1968 y 1967, fueron presentados por el diario 'El País' y, según Satué, no han podido ser investigados, porque uno de los denunciantes no ha respondido a las comunicaciones de la diócesis para esclarecer su denuncia y, en el otro caso, el mencionado medio de comunicación no ha contestado a la carta que el obispado le dirigió, a fin de recabar la necesaria información, ha contado el obispo turolense.

"Sobre todo, agradezco a las víctimas su valentía y su coraje, en medio de tantas dificultades e incomprensiones. Con su lucha no solo están sanando sus heridas, sino que también están construyendo una sociedad y una Iglesia más seguras y saludables para todos", concluye el obispo.