Abusos sexuales

Los obispos responden al Defensor del Pueblo: sus recomendaciones son "valiosas" pero el problema "va más allá de la Iglesia"

La Conferencia Episcopal Española asegura que centrarse en las afectados en la Iglesia discrimina y convierte en "víctimas de segunda" a quienes sufrieron abusos en otros ámbitos

Los datos del informe, reiteran, "no corresponden a la verdad ni representan al conjunto de sacerdotes y religiosos"

El estudio del Defensor del Pueblo estima que más de 440.000 personas fueron víctimas de pederastia en la Iglesia

España y Francia, los países que han identificado más casos de abusos sexuales en la Iglesia

Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal

Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal / David Castro

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En lugar de cerrar filas contra las críticas lanzadas por el Defensor del Pueblo a la actitud de jerarquía eclesiástica ante los casos de abusos sexuales en la Iglesia, los obispos españoles, reunidos en asamblea extraordinaria, han considerado "valiosas" las recomendaciones incluidas en el informe presentado por Ángel Gabilondo el viernes pasado. Eso sí, en una nota emitida tras la reunión -y tras reiterar su "dolor" y "petición de perdón a las víctimas"- los obispos recuerdan que del mismo informe del Defensor se desprende que el problema "va más allá de la Iglesia". En su nota, la Conferencia Episcopal Española rebate, como ya hizo durante el fin de semana su presidente, Juan José Omella, que se pueda extrapolar de "una encuesta adjunta al informe" una cifra precisa de víctimas.

En la reunión han participado 88 obispos, 31 de manera presencial y 57 por videoconferencia, además de la cúpula de la confederación de órdenes religiosas, la Confer. "Los obispos presentes han manifestado su dolor por el daño causado por algunos miembros de la Iglesia con los abusos sexuales y reiteran su petición de perdón a las víctimas. Asimismo, han manifestado el deseo de trabajar conjuntamente en la reparación integral de las víctimas y profundizar en los caminos para su protección, su acompañamiento y la prevención de los abusos", reza la nota. 

Cifras extrapoladas

Según los obispos, datos como la cifra de 440.000 víctimas extrapolada del resultado de una encuesta telefónica y 'online' a 8.000 personas "no corresponden a la verdad ni representan al conjunto de sacerdotes y religiosos que trabajan lealmente y con entrega de su vida", han reiterado tras las declaraciones de Omella del fin de semana.

Los prelados, que invitaron a Gabilondo a asistir a su asamblea aunque este declinó, han valorado "el testimonio recogido de las víctimas, lo que permite situarlas en el centro" y han considerado que son "valiosas las recomendaciones propuestas". El informe del Defensor planteaba una veintena de recomendaciones, como celebrar un acto de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas, crear un fondo estatal con participación de la Iglesia para el pago de compensaciones y que un órgano administrativo especial -creado para la ocasión- sea el que instaure un procedimiento de reconocimiento y reparación que incluya también los casos judicialmente prescritos. El Defensor también reclamó a la Iglesia que ponga los medios necesarios para ayudar, ofreciendo tratamiento a las víctimas o a sus familiares cuando lo requieran, y que las diócesis abran a los investigadores la información contenida en sus archivos.

La asamblea ha afirmado que "se une a la petición del Defensor del Pueblo que urge al Estado a poner en marcha las recomendaciones que el informe realiza a sus distintas instituciones". Así, los obispos reafirman que "la Iglesia católica en España lleva años trabajando en poner fin a esta lacra y va a seguir haciéndolo en la misma línea, incorporando a su esfuerzo diario estas recomendaciones". Aseguran también que, "en buena medida, son convergentes con otras propuestas trabajadas en la CEE desde ya hace algún tiempo".

"Problema que va más allá de la Iglesia"

Los obispos recuerdan que el mismo informe del Defensor -que cifraba que los abusos se situaban en un 34% de los casos en el ámbito familiar, en un 10,5% en el eclesial y en un 9,5% en escuelas no religiosas- "presenta una visión general del problema que va más allá de la Iglesia: los abusos sexuales a menores son un problema social al que todas las instituciones públicas y privadas tiene el deber de dar respuesta". Añade, no obstante, que "de todas formas, un solo caso de abusos es intolerable".

Según los la CEE, "poner el foco exclusivamente en la reparación de las víctimas de la Iglesia" resulta injusto para los afectados en otros ámbitos, los "discriminaría" convirtiéndolos en víctimas de segunda y supone "no afrontar las causas del problema y perpetuarlo en el tiempo".

Estudio interno de la Iglesia

Mientras el Defensor del Pueblo ha entregado ya su informe, la auditoría encargada al despacho Cremades & Calvo-Sotelo por la propia Conferencia Episcopal sigue haciéndose de esperar. El bufete ha pedido ampliar el plazo de entrega, pero los obispos han decidido posponer la decisión de aceptar este retraso hasta su asamblea de noviembre.