El cardenal Omella pide perdón por los abusos pero dice que las cifras extrapoladas son "mentira"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, ha replicado ayer a las informaciones sobre el informe del Defensor del Pueblo sobre abusos a menores en el marco de la Iglesia católica que la institución pide "perdón" pero que la extrapolación a la población general de las cifras de una encuesta según el cual 400.000 personas habían sido víctimas son "mentira".

"Las cifras extrapoladas por algunos medios son mentira y tienen intención de engañar. Ello sin perjuicio de que «la Iglesia es a la vez santa y siempre necesitada de purificación… Todos los miembros de la Iglesia, incluso sus ministros, deben reconocerse pecadores. En todos, la cizaña del pecado todavía se encuentra mezclada con la buena semilla del Evangelio hasta el fin de los tiempos. La Iglesia congrega a pecadores alcanzados ya por la salvación de Cristo, pero aún en vías de santificación» (Catecismo Iglesia Católica 827).", dice un mensaje difundido en la red X (antes Twitter) por Omella, antes de añadir que "no nos cansaremos de pedir perdón a las víctimas y trabajar por su sanación". 

El viernes, el Defensor del Pueblo hizo público el informe en el que una comisión independiente ha trabajado durante 15 meses. La investigación no ofrece cifras concretas de víctimas o de acusados, como sí han dado otros países, pero contiene una encuesta destinada a desvelar la dimensión de los abusos sexuales en España.

El estudio demoscópico, el primero desde 1994 y realizado con 8.013 entrevistas, indica que el 11,7% de los encuestados han sufrido agresiones sexuales en su infancia, el 1,13% en el ámbito religioso (en cualquier institución relacionada con la iglesia, aunque el agresor fuera seglar) y un 0,6% por parte directamente de un sacerdote o religioso.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se ha negado a "extrapolar" los datos e incluso ha animado a la prensa a que no lo hiciera. El resultado de hacerlo sobre la población general sería que en torno a 440.000 personas habrían sufrido abusos sexuales en el ámbito religioso y unas 240.000 personas habrían sido agredidas directamente por un sacerdote o religioso, lo que convierte a España en el país con una proyección oficial más alta. En Francia, donde se utilizó una metodología similar, los cálculos fueron de 216.000 menores agredidos por religiosos y 330.000 teniendo en cuenta a los laicos que trabajaron en instituciones religiosas.

El Defensor del Pueblo, que creó una comisión asesora, compuesta por 17 expertos externos, una unidad de atención a las víctimas y abrió un buzón para la recepción de testimonios, ha recabado el testimonio de 487 víctimas, el 84% de ellos hombres. Sus testimonios ocupan 100 páginas de las más de 700 que contiene el informe y en ellas se da cuenta de que un tercio de las víctimas han sufrido, debido a las violaciones en la más tierna infancia, estrés postraumático. Asimismo, muchos han experimentado síntomas depresivos, sentimientos de vergüenza y han intentado suicidarse. "Los testimonios revelan un impacto devastador en sus vidas", ha destacado Gabilondo.

El Defensor del Pueblo ha defendido que no haya una "estimación de las víctimas" a partir de los testimonios recogidos porque "supondría pasar por alto el silencio de muchas de ellas e ignorar que otras han desaparecido". De ahí que se haya optado por la encuesta.

La Iglesia no ha querido participar en la elaboración de este informe nombrando a un portavoz en la comisión y su colaboración ha sido "dispar", según Gabilondo. "Mentiría si dijera que nadie ha ayudado y mentiría si dijera que la colaboración ha sido extraordinaria".

Recomendaciones

A su vez, propone una veintena de recomendaciones, como celebrar un acto de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas. Reclama también la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones y que un órgano administrativo especial -creado para la ocasión- sea el que instaure un procedimiento de reconocimiento y reparación, dado que muchas víctimas no se han atrevido a denunciar en los tribunales y que muchas de las que sí lo han hecho tienen sus casos prescritos. "Una autoridad independiente e imparcial puede declarar que el hecho ha tenido lugar, que ha sido injusto y que ha causado daño a la víctima", ha explicado Gabilondo.