Rescates al alza

El Vall d’Aran prepara un reglamento propio para cobrar las imprudencias en la montaña

La masificación de la montaña dispara los rescates: los Bomberos prevén una cifra récord de 1.300 este año

Los entresijos de un rescate en alta montaña: tras los pasos de los bomberos del Vall d'Aran

Rescate montaña Pompièrs Emergéncies Val d'Aran

Rescate montaña Pompièrs Emergéncies Val d'Aran

Alba Casanovas Torre

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La Generalitat de Catalunya puede reclamar el pago de los rescates que los Bomberos realizan derivados de comportamientos imprudentes. Desde que entró en vigor el reglamento, en octubre de 2009, solo ha requerido el importe de 14 servicios, de los cuales 10 corresponden a salvamentos en la montaña. No todos han sido abonados y otros han sido recurridos: de los 44.760,57 euros que costaron, se han recuperado 8.072,40.

Se desmarca de la normativa catalana, que tiene carácter disuasorio: desde 2009 solo se han cobrado 10 servicios

El Govern recalca que se trata de una normativa de carácter disuasorio y pedagógico, sin afán recaudatorio. Pero los rescates de montaña se han disparado un 40,5% entre 2019 y 2022 y se prevé un 2023 de récord, con más de 1.300. Ante este nuevo panorama, y según ha podido saber EL PERIÓDICO, el Gobierno del Vall d'Aran, una de las zonas del Pirineo catalán donde más rescates se realizan, pretende impulsar una ordenanza paralela que cobre a aquellos ciudadanos cuya actitud negligente en la montaña haya obligado a movilizar recursos para un rescate.

La medida del Conselh Generau despierta reticencias entre los bomberos, que temen que provoque miedo a llamar al 112

El Conselh Generau d'Aran se ampara en dos motivos para proceder. Por un lado, porque los rescates van a más y, además, en territorio aranés es donde más se efectúan de Catalunya (781 entre 2010 y 2022 del total de 9.968, según datos de los Bomberos). Por el otro, porque son costosos para las arcas públicas.

Además, esgrime que tiene las competencias para actuar: el Govern hizo efectivo el traspaso íntegro de la gestión de las emergencias el pasado 1 de enero, previsto en la Ley de Aran, que restablece el régimen especial de la zona.

Con la constitución de Pompièrs Emergéncies, que incluye a los bomberos, pero también a protección civil y al transporte sanitario, el Conselh quiere exprimir al máximo un "modelo integral, transversal y único en toda España", defiende la Síndica de Aran, Maria Vergés, en declaraciones a este diario.

Preguntada por cuándo entraría en vigor esa normativa, Vergés explica que su desarrollo se encuentra en una etapa inicial. "Después del verano valoraremos los datos de las operaciones de salvamento y nos pondremos a trabajar", apunta.

"Nosotros no vamos a cobrar a la gente, vamos a rescatarla"

Rafel Esteban

— Oficial del GRAE de Bomberos de la Generalitat

Auguran "trabas"

Fuentes del Conselh Generau consultadas creen que no será una realidad hasta finales de 2024 y de cara a la temporada de invierno. El Gobierno aranés contempla la opción de que "la Generalitat ponga trabas" a una ordenanza paralela a su reglamento.

La norma catalana, que desde la Sindicatura consideran "muy genérica y de difícil aplicación", regula tres situaciones. Si el rescate se ha realizado en zonas peligrosas o de acceso prohibido, si la persona accidentada no llevaba el equipamiento adecuado para realizar la actividad y si se ha solicitado el servicio sin motivos objetivamente justificados.

Quienes ya han puesto reparos a la decisión del Ejecutivo aranés son los Pompiers, que opinan que la medida disuadirá a los accidentados de llamar al 112. Fuentes del parque de bomberos de Vielha remarcan que "los servicios en el Vall d'Aran ya son de por sí complejos por la orografía y el gran desnivel del territorio". "Si los montañeros tardan en avisar, su situación puede empeorar considerablemente y nosotros tendremos que correr más riesgos", precisan.

Un efecto colateral: miedo a llamar al 112

En esta línea también se posiciona el oficial del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) de Bomberos de la Generalitat, Rafel Esteban. "Nosotros no vamos a cobrar a la gente, vamos a rescatarla", reivindica. A la vez, cree que reclamar el pago de los rescates "es un tema muy delicado" y advierte: "Con el afán de penalizar nos podemos encontrar con que la gente coja miedo a llamarnos".

Esteban pone un ejemplo que él mismo vivió. Un montañero sufrió una fractura abierta en la tibia mientras escalaba, sin cometer una insensatez. "Ya estábamos allí, pero no quería que lo rescatáramos porque decía que no podía pagarlo".

El elevado coste de los salvamentos

Por contra, el presidente de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), Jordi Moreno, aprueba la medida. "Quien la hace, la paga", señala sobre los montañeros insensatos. Eso sí, acota la afirmación a las imprudencias graves o muy graves. "Para eso hay pólizas de seguros, como la del coche, de la vida o de salud. También de montaña", comenta. Además, advierte de que tener que pagar un rescate "es buscarse la ruina".

El coste de los salvamentos de montaña es elevado. La Generalitat actualiza cada año las tasas, que en 2023 ascienden a 43 euros por hora de cada efectivo, 56 euros por vehículo y hora de uso, y 3.246 euros la hora de vuelo de cada helicóptero. Fuentes del Conselh Generau señalan que todavía no han valorado qué precios establecer en la ordenanza local.

Tampoco especifican si crearán un organismo como la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (DGPEIS), que es el encargado de reclamar el pago de las operaciones efectuadas en Catalunya.

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