La segregación escolar en 1º de la ESO baja un 26,4% en seis años en Barcelona

Según el Informe de Oportunidades Educativas en Barcelona 2022 elaborado por el Institut Metròpoli, la reducción de la segregación escolar en los centros educativos de la capital catalana desde el 2018, cuando echó a andar el plan de choque de la ciudad -precursor del decreto de admisiones catalán-, ha disminuido un 23% en el primer curso de educación infantil (EI-3), de un 16% en primaria y de un 26,4% en primero de ESO.

Algo que ha sucedido -destaca el informe, hecho público este mes de junio- debido a, principalmente, dos cambios introducidos en el proceso de preinscripción: por un lado, el incremento de la detección del alumnado con necesidades educativas especiales por cuestiones económicas (la detección entre 2018 y 2021 se ha triplicado según las cifras municipales) y la distribución "más equitativa" de este alumnado entre el sector público y el sector concertado (a través de la obligación de la reserva de plazas para alumnos con necesidades económicas en todos los centros que reciben fondos públicos).

Una de las críticas a esta política barcelonesa, que el Departament d'Educació aplica de forma muy similar en EI-3 y en primero de ESO, ofreciendo a la escuela concertada 988,1 euros por alumno de familia pobre escolarizado a partir del tercero; es que, ese reparto de alumnos vulnerables para que no se concentren en unos centros determinados -las famosas dos listas: la lista de ordinarios, con un número de plazas X, y la de niños con necesidades especiales, con un número de plazas Y - puede provocar desarraigo en los niños que son separados de sus compañeros de primaria para mandarles a centros menos complejos, pero a los que en ocasiones no desean ir (algo que no es mayoritario, el 85% de estos alumnos entran en una opción demandada, pero cuando sucede es especialmente doloroso por las pesadas mochilas vitales que suelen cargar estos niños).

La responsable del programa DeSegregAcció de la Fundació Bofill, María Segurola, señala una urgencia vinculada al despliegue del plan: trabajar la acogida del alumnado vulnerable por parte de escuelas que hasta ahora no estaban acostumbradas a tener en sus aulas a este tipo de alumnos y que ahora, fruto de estas políticas, están empezando a acogerlos sin herramientas ni pautas sobre cómo hacerlo.

"Ellos tienen que tener instrumentos para hacer que estos alumnos se sientan bien, y tienen que hacer una reflexión de claustro sobre esta gestión, sobre cómo se consigue que estos alumnos no sufran ninguna discriminación dentro del centro educativo. La política del plan de choque no será un éxito si los alumnos no están bien en clase. A estos niños se les tiene que poder acompañar y a los centros también, para que se generan dinámicas de cohesión y de acogida", reflexiona.

La especialista en las políticas contra segregación escolar pone sobre la mesa la que a sus ojos es otra de las grandes asignaturas pendientes para erradicar la segregación escolar: el decreto de conciertos. "Si tú no regulas bien la concertada es muy difícil que se apliquen bien las medidas contra la segregación escolar, porque con el actual decreto de conciertos, el decreto de admisiones no permite planificar la oferta de plazas en la concertada, lo que genera desequilibrios y disfunciones", apunta Segurola, quien señala otro tema importante: la matrícula viva (los alumnos que llegan al sistema durante el curso), alumnos que suelen acoger siempre las escuelas de máxima complejidad (pese a estar recogido en el decreto de admisión).

Desigualdad territorial

Al margen y en paralelo al plan de choque -que redistribuye a los alumnos con necesidades por toda la red, pública y concertada- durante los últimos cursos, el sector público ha incrementado -subraya también el informe del Institut Metròpoli- su peso relativo en todos los niveles educativos, pero, siguiendo con el análisis de la segregación escolar, el sector concertado sigue concentrándose en los territorios más ricos de la ciudad. Mientras en Sarrià-Sant Gervasi, con una renta media de 28.000 euros, el porcentaje de matrícula pública está por debajo del 20%, en Ciutat Vella, con una renta de menos de 15.000, el porcentaje de pública supera el 60%.