Las ocupaciones de viviendas caen un 10,8% en lo que va de año en Catalunya

Las ocupaciones de viviendas siguen a la baja en Catalunya. Entre enero y junio de este 2023, se han registrado un total de 4.300, según datos de las denuncias recogidas por Mossos d'Esquadra y policías locales a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La cifra supone un 10,8% menos que las del primer semestre de 2022, cuando se contabilizaron 4.821, y un 11,8% menos que en 2021, cuando la cifra ascendió a 4.878.

Por otra parte, en este primer semestre ha habido 253 violaciones de domicilio. Esta cifra supone un 5,5% del total de ocupaciones y violaciones de domicilio que se han registrado en Catalunya. Por ocupaciones, se entiende la entrada en una vivienda vacía en la que no vive nadie habitualmente con el objetivo de instalarse, mientras que la violación de domicilio es aquella en la que la entrada se produce en una vivienda donde habitualmente vive alguien, ya sea primera o segunda residencia, para quedarse. Esta segunda constituye un delito más grave castigado con penas mayores.

La región policial más caliente en términos de ocupaciones ha sido la Metropolitana Norte, que engloba las comarcas del Vallès, con Sabadell y Terrassa a la cabeza, y del Maresme, con Mataró como epicentro. En esta región ha habido 1.509 ocupaciones y 43 violaciones de domicilio. Le siguen, a mucha distancia, la Metropolitana Sur, que incluye las comarcas del Baix Llobregat, Garraf y Alt Penedès (702 ocupaciones y 28 violaciones), y la región de Barcelona (657 ocupaciones y 49 violaciones). La región de Girona suma

Si nos fijamos en las 253 violaciones de domicilio, 147 (un 57,7%) fueron en viviendas de primera residencia, mientras que las otras 106 (42,3%) fueron en segundas residencias. Por tanto, y para desmontar afirmaciones que estas últimas semanas, primero durante la campaña para las elecciones municipales del 28-M y ahora en la campaña de las generales del 23-J, han lanzado desde PP y Vox, solo un 3,2% de ocupaciones de viviendas en Catalunya (146 de las 4.553 totales) se han producido en una primera residencia. 

Por regiones policiales, las violaciones de domicilio se han concentrado principalmente en la región de Girona (55), seguida de Camp de Tarragona (50), Barcelona ciudad (49) y la regió Metropolitana Norte (43). 

Las cifras confirman un descenso iniciado en 2021. Fuentes del Departament d'Interior atribuyen este descenso, entre otros factores, a la presión policial y también a la nueva ley antiocupaciones que el Parlament aprobó el pasado 8 de febrero y que facilita a los ayuntamientos el proceso de desalojo. Así, la norma, apoyada por ERC, PSC, Junts y Ciudadanos, faculta a los gobiernos municipales a promover desalojos ante ocupaciones conflictivas si el propietario gran tenedor no actúa en un plazo de 30 días. Es una ley que deja fuera a los pequeños propietarios y se centra en dar instrumentos a los municipios para actuar contra grandes tenedores que se desentienden de sus propiedades.

A pesar de que las cifras reflejan ese descenso, desde PP y Vox se insiste en lo contrario. "El problema de la ocupación no para de crecer en España", comentaba el PP el pasado 13 de junio a diversos medios. El portavoz de campaña del partido, Borja Semper, aseguraba que "la okupación se ha incrementado un 50% en los últimos años". En su programa electoral, que Alberto Núñez Feijóo ha presentado esta semana, se incluye la creación de oficinas técnicas municipales para luchar contra la ocupación ilegal que cuenten con una asesoría jurídica a los vecinos afectados, así como medidas para desalojar en 24 horas.

Los desalojos exprés son una opción que negociaba el PSOE en el Congreso y que le supuso tensiones con sus socios de Podemos. A través de la enmienda número 270 en el proyecto de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia, los socialistas querían incorporar que en "los procesos relativos a allanamientos de morada o usurpación de bienes inmuebles o de un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena", el juez o tribunal podrá acordar motivadamente "el desalojo en el plazo máximo de 48 horas". 

Pese al descenso, Catalunya sigue siendo la comunidad autónoma donde más impacto tiene el fenómeno de la ocupación, prácticamente inexistente en comunidades del norte y el oeste de España como Asturias, Cantabria, Aragón, Extremadura o Castilla y León.