Colapso judicial: los juzgados de BCN tardan 6 meses en explorar a los niños víctimas de abusos sexuales

Nubarrones con algún leve rayo de sol. Ese es el panorama descrito en la memoria de 2022 de los juzgados de la ciudad de Barcelona. La saturación de algunos juzgados -como los de incapacidad, los civiles (primera instancia) o los que se encargan de la ejecución de las sentencias penales- es evidente y la carga de trabajo que soportan los jueces supera con creces a la fijada como adecuada por el Consejo General del Poder Judicial (hasta el 152% por encima en los órganos de incapacidades). La falta de juzgados, de funcionarios preparados y la tardanza en cubrir las vacantes es la tónica en los últimos años.

Lo cierto es que se acumulan los puntos negros que afectan de pleno al funcionamiento de la justicia. El primero es el "notable" incremento de los delitos contra la libertad sexual (2.192 denuncias en 2021 y 2.710 en el 2022, lo que supone un aumento del 23%), entre ellos los cometidos por menores (105 a 139, un 32%), así como la demora de hasta seis meses para realizar la exploración menores víctimas de agresiones sexuales. En los casos de procesos con presos o con niños en edad escolar -hasta 12 años-, la tardanza es de dos meses. Este aspecto resulta esencial en este tipo de investigaciones, pues el togado debe valor la declaración del menor para imputar o encarcelar al presunto autor y porque normalmente es una prueba preconstituida que evita que la víctima declare de nuevo.

Los pleitos por impagos o desahucios tardan hasta tres años en resolverse por falta de personal

Puntos de encuentro familiar

El segundo punto negro: también permanecen colapsados los nueve puntos de encuentro familiar que existen en Barcelona para que se realizan las visitas en el caso de que exista un conflicto entre la pareja o a alguno de los dos se le haya retirado la custodia del hijo. Para el primer encuentro, se tarda entre cuatro y cinco meses.

Y el tercero, y no menos importante: los técnicos tardan una media de seis meses en entregar al juzgado de familia los informes psicotécnicos de los hijos implicados en un divorcio conflictivo, lo que conlleva que la resolución del juez, por ejemplo sobre la custodia de los menores, se demore. "El foco se debe poner en el menor, que es a quien tenemos que proteger por encima de todo. Y, para un niño, seis meses es una vida", ha asegurado este jueves la decana de los juzgados de Barcelona, Cristina Ferrando, en el acto de presentación de la memoria, en el que ha estado flanqueada por los decanos de las diferentes jurisdicciones.

Carga de trabajo excesiva

Entre 2021 y 2022 se han incrementado en unos 33.000 el número de asuntos. Sin embargo, la pendencia -es decir, las resoluciones de asuntos pendientes- ha disminuido, un dato que puede considerarse como el rayo de sol entre nubes. Pero hay juzgados, como los de primera instancia, civiles o los de incapacidad, que pasan por serios problemas para sacar adelante el trabajo. En 2022, los jueces de los primeros soportan un 65% más de carga de trabajo de la que el CGPJ considera asumible (1.200 de procesos al año es lo establecido por el CGPJ y la realidad es de 1.900), aunque la media en dar respuesta a los pleitos es de seis meses.

En peor situación, sin embargo, se encuentran los de incapacidades (técnicamente se llama capacidades y estado civil), cuya carga de trabajo de sus titulares es del 152% (lo fijado por el CGPJ es de 704 asuntos al año y tramitan 1.400). Estos últimos órganos son los que resuelven cuándo se intenta modificar la capacidad de obrar de una persona, desde el dominio de los bienes y cuentas bancarias hasta aspectos sobre la salud, así como los internamientos involuntarios en los psquiátricos. En 2021, el plazo para decidir era de 2,5 meses. Y en 2022, de 5. "El 100% de los procesos afectan a personas vulnerables", concreta la decana Cristina Ferrando. Además, estos juzgados deben revisar procesos anteriores (unos 10.000) por un cambio normativo.

Ejecutorias y desahucios

Los juzgados de ejecución penal son los que, como su nombre indica, hacen todos los trámites para que se cumplan las sentencias de determinados delitos (los fallados por los juzgados de lo penal, con penas de hasta cinco años de prisión). Adoptan todas las medidas necesarias, no solo para que la persona implicada ingrese en prisión, sino también para el pago de multas o indemnizaciones. Así, los cuatro órganos judiciales que existen en la ciudad de Barcelona tramitaban en 2021 un total de 2.400 casos. En 2022 esa cifra se disparó hasta 4.000. La demora perjudica sobre todo a la víctima y a la reparación de daño: por ejemplo, en el cobro de una indemnización. De ahí que se reclame la creación de un nuevo juzgado.

Además, a los juzgados de primera instancia o civiles se les viene encima más trabajo en los próximos meses. Hasta el mes de julio se aplica la moratoria para ejecutar los desahucios, pero a partir de entonces se reactivarán los que estaban en marcha antes de esta medida. Solo el año pasado se supedieron 1.366. Más de la mitad fueron a raíz de una resolución judicial. El resto fue por otros motivos, como la retirada por parte de la demandante. Esta situación provocará una avalancha de ejecuciones. La nueva ley de la vivienda, sin embargo, ha frenado la entrada de asuntos, se supone por su falta de concreción sobre el concepto de tenedor o gran tenedor.