Territori ordena retirar 89 'bungalows' y derribar cuatro piscinas del cámping Ballena Alegre de Sant Pere Pescador

El Departament de Territori ha ordenado cesar la actividad y retirar 89 'bungalows' y derribar cuatro piscinas del complejo del Camping Ballena Alegre II de Sant Pere Pescador (Alt Empordà). El departamento también reclama restituir los terrenos a su estado inicial y el "cese de los usos ilegales" por tratarse de obras y usos "no amparados en ningún título administrativo habilitante y manifiestamente ilegalizables". La resolución también detalla que se han detectado más construcciones y edificaciones que se habrían realizado sin licencia y que "habrá que analizar en un procedimiento aparte". Las partes afectadas presentaron cinco recursos de reposición pidiendo detener la ejecución y ahora la orden ha quedado suspendida a la espera de resolver los recursos.

Actualmente, gran parte del camping se encuentra en terrenos no urbanizables. Sin embargo, antes de la entrada en vigor de los diferentes planes urbanísticos –los planes directores del sistema costero (PDUSC) y el Plan Director urbanístico–, sí lo eran. El alcalde, Agustí Badosa, explica que las primeras construcciones datan de los años 70. Actualmente, el complejo cuenta con 324 edificaciones, la mayor parte de las cuales son 'bungalows' y 'móvil-home', aunque también hay otras dedicadas a los servicios del cámping. Además cuenta con varias piscinas.

Restitución

Según consta en la propuesta de resolución del departamento, de las más de 300 construcciones, 57 se instalaron con anterioridad a la entrada en vigor de los PDUSC. Otras 267 lo hicieron con posterioridad a la entrada en vigor de estos planes. De estas, 168 tienen licencia municipal. Territori, además, detalla que las licencias se concedieron en base al planeamiento municipal, que no estaba adaptado a los PDUSC (aprobados en 2005 y 2006). En este sentido, dice que la modificación puntual del PGOU de 2008 mantuvo la clasificación de suelo urbanizable sectorizado de los terrenos, en vez de adaptarse a la exigida por los demás planes.

Del resto de construcciones implantadas con posterioridad a la entrada en vigor de los PDUSC, 89 se realizaron sin licencia y el Departament ordenó retirarlos y cesar su uso junto con cuatro piscinas "ilegales". Además, ordena la "reposición de los terrenos a su estado inicial, así como el cese de los usos ilegales" porque se trata de unas obras que se realizaron sin permisos y que, además, son "manifiestamente" ilegalizables . Por otro lado, detalla que se han detectado "varias construcciones y edificaciones de servicios u otros usos distintos a los bungalows que no se encontrarían sujetos a licencia" y que habrá que analizar aparte, "dada la complejidad del expediente" actual.

Suelo no urbanizable

Los 89 'bungalows', además de carecer de licencia, se encuentran en un suelo no urbanizable del PDUSC y de especial protección del Plan Territorial Parcial de las Comarcas Gerundenses (PTPCG). Una "especial protección" que se mantiene en el Plan director urbanístico de revisión de suelos no urbanizables, que modificaba el PDUSC.

La resolución, además, remarca que debido a la actividad del cámping, la zona se ha transformado "en una auténtica ciudad", teniendo en cuenta que dispone de infraestructuras propias de suelo urbano, como agua, alcantarillado, pavimentaciones o alumbrado. Una situación que, dicen, vulnera tanto al PTPCG como al Texto Refundido de la Ley de Urbanismo (TRLUC) porque "no se han preservado los valores ambientales que se busca en estas normas".

Ley de costas

Además, constata que parte del ámbito del cámping también está afectado por la zona de servidumbre de Costas, que fija una distancia de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar y que "afecta a 89 de los bungalows; de los que 13 'bungalows' son objeto de este expediente".

Desde Territori han informado de que dentro del plazo de 30 días que se les concedieron para ejecutar el derribo (a contar desde el 22 de febrero), se presentaron hasta cinco recursos de reposición solicitando la suspensión del ejecutividad de la resolución firmada por la consellera de Territori, Ester Capella. Ahora, la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Arquitectura (DGOTUA) está trabajando en la resolución de recursos y medidas cautelares de suspensión. Por tanto, mientras tanto la resolución "queda suspendida" y no es ejecutiva.

También en el juzgado

En paralelo, existe una vía judicial abierta –a raíz de la denuncia en Fiscalía de Medio Ambiente del empresario, Víctor Latorre– por parte de un juzgado de Figueres. Según fuentes de Territori, esto hace que el procedimiento sancionador por infracción urbanística "muy grave" se encuentre en "suspenso por una cuestión de prejudicialidad penal".

Por su parte, Badosa defiende la actuación municipal y dice que todas las licencias que se han concedido a lo largo de los años se han dado de acuerdo con "las disposiciones transitorias de los planes directores. "Considerábamos que todo era correcto", asegura el alcalde. En este sentido, dice que antes de la ley de costas, se tenían que nada.

Sin embargo, admite que hay construcciones que se levantaron sin permiso. "Serían un máximo de 40, que en su día nos solicitaron licencia y se les hicieron unos requerimientos que no respondieron. Por tanto, estarían en una especie de limbo", añade Badosa.

Comunicado del cámping

Desde el cámping, aseguran en un comunicado que siempre han actuado "desde la legalidad", que se encuentran en periodo de alegaciones por la vía administrativa y que no descartan "la vía del contencioso administrativo".

"El camping la Ballena Alegre es un modelo de buenas prácticas, un referente de turismo sostenible, muy respetuoso e implicado en su entorno, hechos por los que ha sido reconocido con numerosos premios nacionales e internacionales", remarcan en el comunicado.