El equipo de psicólogos que examinan a menores maltratados y abusados, desbordado

El equipo de asesoramiento técnico penal (EATP) compuesto por psicólogos y trabajadores sociales está saturado, al menos en Barcelona, ante la avalancha de peticiones por parte de los juzgados para que se proceda a la exploración de menores víctimas de malos tratos y abusos sexuales, según ha podido comprobar EL PERIÓDICO. En un caso concreto, en que el que hay cuatro niños y niñas de entre cuatro y cinco años que podrían haber sido objeto de agresión sexual, la cita para practicar las prueba de dos de esos menores se ha señalado para la segunda mitad del mes de julio, dos meses después de su petición.

En otros juzgados se producen una situación similar. Fuentes judiciales apuntan que en casos urgentes o prioritarios (como causas con presos, víctimas menores de seis años o personas vulnerables) se intenta priorizar la labor. En los casos considerados ordinarios, que son el resto, la lista de espera se prolonga hasta los seis meses.

Las peticiones de asistencia de esos equipos han pasado de 1.184 en 2019 a 1.609 en 2022 

La Conselleria de Justícia ha explicado a este diario que se ha producido un incremento de peticiones de asistencia de esos equipos en toda Catalunya, pasando de 1.184 en el 2019 (año previo a la pandemia) a 1.609 en el 2022. En este “fuerte aumento” de solicitudes de exploración judicial han tenido una incidencia importante dos leyes: la ley orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia, conocida como la 'ley Rhodes' (en referencia al pianista James Rhodes, quien sufrió un calvario de abusos sexuales en su infancia) y la ley de garantía integral de la libertad sexual. Estas dos normativas invitan a los jueces hacer un uso habitual de esos equipos técnicos y especializados.

Las fuentes judiciales resaltan la valía de estos profesionales, pero denuncian la falta de personal. Los seis equipos que funcionan en Catalunya están compuestos por 59 profesionales. Ante el incremento de solicitudes y el actual marco legislativo, desde el Departament de Justícia se están estudiando y propiciando las “medidas adecuadas para seguir garantizando la actuación profesional” de esos equipos. Los jueces y los abogados especializados consideran que estos equipos están infradotados y que cada vez tienen más competencias. "No puede ser que den fecha tan tardías para realizar estas exploraciones, pues deberían ser rápidas. No solo por el menor y su familia, sino también para poder tomar decisiones rápidas", explica un juez.

Una prueba determinantes

Hay seis de estos equipos desplegados en Catalunya (Barcelona-Ciutat de la Justícia, Barcelona-Comarcas, Girona, Tarragona, Lleida y Terres del Ebre). Prestan asesoramiento y apoyo técnico a petición de un órgano judicial en todas las fases del proceso y elaboran informes periciales en relación a encausados, las víctimas y los testimonios. Los psicólogos, por ejemplo, pueden analizar y diagnosticar riesgos de personalidad, psicopatías, estado mental en el momento de los hechos y posibles secuelas psicológicas. Una de las labores que realizan es la exploración judicial a menores y víctimas vulnerables. Estos informes son esenciales en las causas penales cuando se tratan testimonios de niños o niñas que han podido sufrir agresiones sexuales, malos tratos en el seno de la familia o sexista. La explicación que puedan ofrecer es determinante para el proceso.

El objetivo de esa exploración es que la grabación sea lo que se denomina una prueba preconstituida y, por lo tanto, evitar que los menores víctimas de esos delitos deban volver a reproducir los hechos durante el juicio. Para poder saber la versión de los niños, los psicólogos y trabajadores sociales interactúan con ellos creando un clima amable, alejado de lo que son las oficinas judiciales. Durante las pruebas, los expertos usan juegos para que los menores se sientan cómodos y hacen preguntas indirectas para intentar averiguar todo aquello que jueces, fiscales y defensa quieren conocer. Y se toman su tiempo. 

Para llevar a cabo estas exploraciones, es necesario en primer lugar que el propio órgano judicial solicite el apoyo de los profesionales de los EATP. Una vez recibida la petición con la documentación necesaria, desde los equipos se coordina con el propio juzgado la fecha y hora para llevar a cabo la prueba, para que sea desde el propio órgano judicial quien convoque a todas las partes personadas en el proceso (abogados y fiscales), a la víctima y a familiares. De esta manera, se consigue que esta exploración sea una prueba preconstituida. Fue la 'ley Rhodes', aprobada en 2021, la que obliga esta práctica para menores de 14 años, para evitar que tengan que declarar una y otra vez a lo largo del proceso judicial.

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