La justicia alerta de que los jueces de violencia de género son insuficientes para asumir también violencia sexual

Los presidentes de las Audiencias Provinciales alertan de que la plantilla actual en las secciones especializadas en violencia contra la mujer en cada uno de sus territorios es, a día de hoy, insuficiente para asumir los casos de violencia sexual, una ampliación de competencias recogida por la ley del 'sólo sí es sí' que debe estar preparada en octubre.

Así se señala en una de las conclusiones dadas a conocer este miércoles tras la clausura de las jornadas que se han celebrado durante tres días en Pontevedra. En ellas, cerca de 40 presidentes y presidentas de audiencias provinciales han tratado asuntos como la violencia contra la mujer, la aplicación práctica de la reforma penal y los proyectos de ley de eficiencia organizativa y digital, dos propuestas impulsadas por el Gobierno socialista para agilizar la justicia que no han llegado a tiempo de ser aprobadas por el adelanto electoral y la disolución de las Cortes.

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En materia de violencia contra la mujer, una de las conclusiones a las que han llegado los jueces se centra en una especialización a la que les obliga la ley de garantía integral de la libertad sexual impulsada por el Ministerio de Igualdad.

Concretamente, alertan de que la la atribución de la competencia para la instrucción y enjuiciamiento de los delitos sexuales a las secciones especializadas en violencia contra la mujer "exigiría una previa adaptación de la planta judicial, que en este momento es insuficiente para afrontar dicha carga competencia".

Especialización pendiente

La especialización en violencia sexual debe estar planteada en octubre, cuando se cumple un año de la entrada en vigor de la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual. El texto establece que el Gobierno tendrá que remitir al Parlamento un proyecto de modificación de las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal para ampliar las competencias tanto de la Fiscalía como de los jueces y juezas que trabajen en juzgados de violencia sobre la mujer.

Así, antes del 6 de octubre de 2023 el Ejecutivo debería tener lista la reforma para enviarla a las Cortes , un cambio legislativo que también introducirá las competencias en violencia sexual en las pruebas selectivas de especialización de jueces y magistrados. La ley no se refiere a los recursos humanos que deberán destinarse a esa especialización, aunque sí precisa que “contará con la dotación presupuestaria necesaria”.

Ya el pasado mes de enero, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial subrayó que esta modificación legislativa es de gran importancia para ampliar la competencia de los juzgados especializados a todos los delitos contra la libertad sexual, no sólo los que se producen en el ámbito de la pareja o la expareja.

Desde el Ministerio de Igualdad se ha pedido en varias ocasiones que se acelerara la especialización de juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer. En plena crisis por la reforma de la ley del 'sólo sí es sí', pidieron que se doblaran estos juzgados para ampliar sus competencias a la violencia sexual, algo que va en la línea de lo que reclaman ahora los responsables de las audiencias provinciales.

Revisión de sentencias

Durante su reunión en Pontevedra, los jueces también han concluido, en relación con la revisión de sentencias -al tener que aplicar con carácter retroactivo la norma más favorble al reo-, que la complejidad a la hora de aplicar la reforma a un supuesto concreto aconseja "que sea el órgano que ha dictado la sentencia condenatoria quien determine si procede revisar la sentencia."

Por otra parte, los jueces reclaman que en las comisiones provinciales de coordinación en violencia sobre la mujer también estén presentes los jueces de familia, y alertan de la necesidad de una puntual y adecuada información a la víctima de su derecho a la asistencia jurídica gratuita, fundamentalmente en el momento de formular denuncia.

Por otra parte, los jueces subrayan la necesidad de que todas las sedes judiciales cuenten con espacios que permitan evitar la "confrontación visual entre víctima y victimario", así como que se pueda contar con espacios adecuados para las declaraciones de los menores víctimas mediante la denominada cámara Gesell.  

Un paso más, añaden, supondría la generalización del modelo escandinavo “Barnahus” (casa de niños en islandés), consistente en lograr una atención integral en la que todos los departamentos que intervienen en un caso de abuso sexual infantil se coordinan y trabajan bajo el mismo techo para atender al niño o niña víctima.

Otras reclamaciones de los jueces en este campo pasan por la simplificación de los formularios de información de derechos a las mujeres que denuncian, así como por potenciar la utilización de dispositivos telemáticos para el control de las medidas de alejamiento.