Un total de 175 personas pidieron la eutanasia en Catalunya y 91 la recibieron durante el 2022

Un total de 175 personas solicitaron la eutanasia en Catalunya y de estos, 91 recibieron la ayuda para morir dignamente durante el 2022, el primer año completo de reconocimiento legal del derecho a morir dignamente. Son datos que ha hecho públicos este miércoles el Departament de Salut con motivo del segundo aniversario de la entrada en vigor de la ley de la eutanasia, el 25 de junio de 2021.

De los 175 solicitantes, 55 fallecieron antes de concluir el procedimiento, que dura de media 42 días. De entre todas las peticiones, 12 fueron rechazadas por no ajustarse a la ley, tres se aplazaron, una fue revocada -por el propio solicitante- y las 13 solicitudes restantes continuaban los trámites a fecha 31 de diciembre de 2022.

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Por segundo año consecutivo, la mayoría de las solicitudes recibidas por la Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya, que se encarga de examinar cada caso y corroborar que es acorde a los preceptos de la ley, procedían de la atención primaria (114) y de los centros hospitalarios (51).

Salut y la Comisión de Garantía valoran satisfactoriamente la aplicación en Catalunya de la ley, pues consideran que es una prestación para una muerte digna que se va "consolidando" en el sistema.

Por regiones sanitarias, dos de cada tres prestaciones se produjeron en la región sanitaria de Barcelona (el 67%), la zona más poblada de Catalunya.

Por género, de las 175 personas solicitantes, el 41% eran mujeres, con una edad media de 74 años, y el 59% hombres, con 73 años.

Las personas que solicitaron la eutanasia sufrían mayoritariamente patologías neurológicas (36% del total), seguidas de cánceres (34,85%) y, a mayor distancia, un contexto de multimorbilidad y fragilidad avanzada, y enfermedades respiratorias.

La mayoría sufrían enfermedades de años de evolución que afectaban en mayor o menor grado a su autonomía funcional y les ocasionaban una alta dependencia, que hacía necesaria la asistencia de otras personas para la higiene, la alimentación y otras actividades básicas de la vida diaria.

Salut ha asegurado que los profesionales sanitarios que se han acogido a la objeción de conciencia son una minoría, por lo que no impacta en la prestación del servicio.