La entrada en vigor de la eutanasia despierta dudas entre pacientes y médicos

España se convirtió el pasado marzo en el sexto país del mundo en legalizar la eutanasia, cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la ley que regula este derecho, impulsada por el PSOE y apoyada por todos los partidos excepto PP y Vox. La norma daba un margen de tres meses a las administraciones sanitarias para adaptarse y ese plazo termina este viernes, cuando entra en vigor, entre dudas de los pacientes que podrían solicitarla y los médicos que deben aplicarla.

Y es que, aunque la despenalización llega tarde para muchos enfermos, que con su lucha han conseguido que el suicidio asistido se ofrezca como una prestación más de la sanidad pública, como Ramón Sampedro (que pidió hace 28 años ante un juzgado ser ayudado a morir), María José Carrasco o Maribel Tellaetxe, a corto plazo no se esperan un aluvión de peticiones.

Derecho a Morir Dignamente (DMD), la entidad civil más importante en defensa de la llamada muerte digna, ha recibido decenas de consultas sobre el procedimiento y los requisitos necesarios en los últimos meses, más de 80 desde principios de año, pero eso no significa que todos esos pacientes vayan a solicitar el suicidio asistido de manera inmediata.

La desconfianza

Según explica Gloria Cantarell, presidenta de Dret a Morir Catalunya, “muchos enfermos solicitan la información y al saber que podrán acogerse a la eutanasia, esto les tranquiliza y dicen que se lo van a pensar detenidamente”, dado que es un paso, lógicamente, muy difícil, por mucho sufrimiento y dolor que se padezca. Además, “hay cierta desconfianza y algunos están esperando a ver cómo se aplica y a que se produzca el primer caso”. Aunque posiblemente ese primera eutanasia no tenga repercusión pública, si el enfermo o su familia no quieren darle difusión.

En Catalunya, Dret a Morir tiene conocimiento de que no llegan a cinco los pacientes que están barajando solicitar la ayuda a corto plazo, aunque puede haber enfermos que no se hayan puesto en contacto con el colectivo. Y, a nivel nacional, DMD calcula que de aquí a diciembre se producirán como mucho 2.000 peticiones, teniendo en cuenta que, en los pocos países donde está despenalizada, la ayuda a morir se proporciona a entre el 1% y el 4% de los fallecidos. Y los primeros meses se prevé haya menos solicitudes que una vez la prestación esté consolidada.

La ley exige que el enfermo sufra una “enfermedad grave e incurable” o un padecimiento “crónico e imposibilitante”, así como otros requisitos que dejarán fuera del suicido asistido a “los enfermos mentales o los que no hayan cumplido 18 años”, según lamenta Cantarell. Además, como la regulación "pretende ser muy garantista, tanto para las personas solicitantes como para los facultativos, si no se vigila mucho", podría darse una “excesiva burocratización”.

La norma exige que dos médicos distintos revisen si se cumplen las condiciones y una Comisión de Garantía, nombrada por cada autonomía y formada por juristas y sanitarios, haga un control previo y posterior. En total, entre la petición inicial y la ayuda a morir pueden pasar unos 35 días, lo que hace que, de producirse peticiones este mismo viernes, hasta casi agosto no se realicen ningún suicidio asistido.

La objeción

La norma también está despertando dudas entre el personal sanitario, según explica Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la comisión de deontología de la Organización Médica Colegial (OMC), quien recomienda a todos los profesionales sanitarios “leer la ley un par de veces porque es clara y garantista, independientemente de que se esté de acuerdo en ella”. La OMC -que ha avisado de que la eutanasia va contra su código ético- no comparte que se creen registros autonómicos de sanitarios objetores. El colegio nacional hubiera preferido que se diera la opción de no practicar la eutanasia en casos concretos, por sintonía con el paciente o por dudas sobre los requisitos.

En este contexto, Sendín ve difícil pronosticar cuántos médicos se inscribirán en los listados. Y teme que, como el sistema es tan “cerrado”, algunos “se apunten por si acaso”. Lo que, en su opinión, sería “indecente” es que hubiera tantos objetores que se creen “centros para ir a morir”, como sucede con el aborto y las clínicas concertadas. De momento, varias órdenes religiosas han comunicado que no aplicarán la prestación en sus hospitales.  

Además, para ayudar a los médicos en su aplicación, el último Consejo Interterritorial ha aprobado el procedimiento para determinar si el paciente no se encuentra en uso de sus facultades y no puede, por tanto, solicitar la eutanasia.

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