Los intérpretes de la lengua de signos en la ESO denuncian precariedad e intrusismo

"Somos la voz y oídos de los alumnos sordos: les seguimos a diario como si fuéramos su sombra", explica Miriam Cuadrado, intérprete en lengua de signos de alumnos de secundaria. A diario, se dedica a traducir a la lengua de signos lo que dicen alumnos y profesores en la ESO y en los estudios postobligatorios (Bachillerato, Formación Profesional o itinerarios formativos). Junto a ella, un grupo de profesionales de este sector ha emprendido una protesta contra el Departament d'Educació y la Fundació Pere Tarrés, ya que este servicio está externalizado. Se quejan de los bajos sueldos y de intrusismo laboral. Una denuncia en la que cuentan con el apoyo de la Federación de Personas Sordas de Catalunya (FESOCA), la asociación de familias Volem Signar i Escoltar y el sindicato CGT.

Hace dos años, en 2021, la Generalitat adjudicó a la Fundació Pere Tarrés la gestión de la traducción de la lengua de signos para los alumnos de secundaria y cursos postobligatorios en Catalunya. El servicio tiene un coste estimado de 350.000 euros al año, en función del número de alumnos que necesitan este servicio, y se apoya en una remuneración de 20 euros la hora, que cobra la entidad subcontratada. El contrato expedía en 2022, pero se ha prorrogado al menos un año más.

Los intérpretes se quejan de que el servicio no funciona correctamente. Su primera denuncia tiene que ver con la precariedad de los sueldos, establecidos en el Convenio de Acción Social. "Cobramos 12 euros la hora, como si fuéramos monitores del comedor, pero somos mucho más que eso", se queja Cuadrado. "Estamos dentro del aula, somos personal del centro educativo, no puede ser que no se nos reconozca como personal del Departament, como sí se hace con los logopedas, por ejemplo", critica Cuadrado. Añaden que no cobran las horas de descansos, ni la preparación de las clases para poder hacer las interpretaciones. "Cobramos el salario mínimo", añade. De hecho, la reclamación de los profesionales es que este servicio no debería estar subcontratado, sino que deberían ser personal del centro, como el resto de educadores.

Abandonar por desorganización

Pero sus quejas van más allá del salario. También añaden que la forma de trabajar no es la correcta, y que esto puede influir en que algunos alumnos sordos abandonen los estudios. "Nos contratan cuando los alumnos ya han empezado el curso. Yo tuve una usuaria que empezaba en septiembre y a mí no me llamaron hasta octubre. Los niños están muy agobiados y dejan los estudios porque no entienden nada hasta que llegamos nosotros", insiste Cuadrado. Ocurre lo mismo cuando hay recuperaciones. "Nosotros nos vamos el último día de curso, pero hay chicos que deben hacer recuperaciones y nos necesitan a su lado en el examen por si tienen dudas...", lamenta.

A su vez, los intérpretes hablan de intrusismo laboral, el cual repercute en la calidad del servicio para los estudiantes. "Cuando la fundación no encuentra suficientes intérpretes, recurre a otros profesionales menos formados, como mediadores, logopedas o incluso hijos de padres sordos. No son profesionales adecuados", asegura. El contrato estipula que la entidad puede contratar a profesionales que hayan obtenido el grado universitario de intérpretes en lengua de signos, el grado superior en formación profesional de intérpretes en lengua de signos y el grado superior de mediación comunicativa.

"Contratamos a los profesionales en base a las titulaciones estipuladas", afirman desde la Pere Tarrés. La fundación responde que muchas de las reivindicaciones de los intérpretes son "estructurales". "Nosotros no fijamos las condiciones del servicio sino que somos los gestores y seguimos las cláusulas definidas por la Generalitat", responde la entidad, que se va a reunir con el colectivo el próximo 16 de mayo.

La respuesta de Educació

El colectivo se ha puesto en contacto con Laia Asso, directora general de Educació Inclusiva del Departament d'Educació, quien les respondió a través de una carta el pasado 14 de abril. "Os tenemos en alta consideración", les trasladó la directora general. "Estudiaremos cómo dar respuesta a vuestras peticiones", aseguró, aunque les dejó claro que muchas de sus demandas obligan a modificar el contrato existente. "No se pueden realizar en una prórroga como la actual", les dijo. En la misiva, también se comprometió a "trabajar para ampliar la cobertura del servicio sin interrupciones, incluyendo exámenes y convocatorias extraordinarias". A la vez, les propuso reunirse con ellos personalmente. "Aún esperamos que nos diga cuándo", se queja Cuadrado. Este diario ha intentado obtener la respuesta de la 'consellería' pero no ha sido posible.