EEUU acelera la legislación para proteger a los menores en internet y redes sociales (porno incluido)

Esta semana, cuando usuarios en Utah de PornHub han intentado entrar en la plataforma de porno online, se han topado con un vídeo en el que se informaba de que la página no estaba disponible. El bloqueo, sin embargo, no se debe a un fallo técnico. Se trata de una protesta de la compañía por la ley que ha entrado en vigor este miércoles en el estado y que impone a empresas que ofrecen pornografía online y “otros materiales dañinos para los menores” obligaciones y responsabilidades, más estrictas que hasta ahora, para comprobar que los usuarios son mayores de 18 años.

Seis estados han aprobado ya medidas, al tiempo que distintas iniciativas se debaten en otros 21 y en el Congreso en Washington

La norma sigue el modelo de otra iniciativa que desde el 1 de enero se aplica en Luisiana, donde el requisito de verificación de edad se impone a todas las páginas donde al menos el 33,3% del contenido es pornográfico. Y es solo una de las leyes que han visto la luz en Estados Unidos en un momento de impulso tanto a nivel estatal como federal de iniciativas legislativas para tratar de proteger a los menores tanto en internet como en redes sociales.

Iniciativas en el Congreso

Ese impulso ha cobrado fuerza tras las revelaciones y estudios sobre el impacto negativo de webs y apps en los menores. De momento ha dado más frutos a nivel de los estados, donde ya son seis los que han aprobado normas y otros 21 los que las debaten. También en el Congreso, no obstante, están en debate al menos cinco propuestas, incluyendo tres que se han introducido o presentado retocadas esta semana. Incluyen una que prohibiría abrir cuentas en redes sociales a menores de 13 años, otra que directamente prohibiría TikTok en EEUU y una tercera que, para combatir la distribución de imágenes de explotación infantil, podría debilitar y criminalizar la encriptación.

En Utah y Arkansas ya están firmadas, y esperando a entrar en vigor, leyes que van más allá de la verificación de edad, ya que imponen a las redes sociales que los menores obtengan el consentimiento de padres o tutores para abrir cuentas. La de Utah, que se empezará a aplicar el 1 de marzo del año que viene, también obliga a las apps a bloquear el acceso a menores desde las 22.30 horas a las 6.30 salvo que cambie el ajuste un adulto; impide que desconocidos envíen mensajes, y prohíbe que se muestren anuncios y que se recopile o use información personal del usuario. En uno de sus puntos más controvertidos, también da acceso a los adultos al contenido de las cuentas de los menores.

Alianzas y controversias

En todos los casos las normas cuentan con apoyo bipartidista, inusual estos días de polarización en EEUU, y tienen respaldo de diversas asociaciones y grupos que trabajan con menores y padres. También enfrentan, no obstante, oposición y rechazo, y no solo el que se podría esperar del sector tecnológico.

Más de un centenar de grupos de derechos civiles y algunos políticos están haciendo saltar las alarmas ante una legislación que, advierten, pone en jaque libertades y derechos, tecnologías como la encriptación y a comunidades vulnerables. A los colectivos progresistas les preocupan especialmente las consecuencias no deseadas que la legislación puede tener en un momento en que la derecha estadounidense está sumida en guerras culturales. Desde la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden, han intensificado la cruzada que pone en la diana a la comunidad LGTBQ, los derechos reproductivos o la historia racial.

“Más daños que soluciones”

“Muchas de las soluciones propuestas acaban causando más daños que los problemas que arreglan”, asegura en una entrevista telefónica Samir Jain, vicepresidente de Política del Center for Democracy and Technology (CDT), que señala, por ejemplo, que “la verificación de edad crea preocupación sobre la privacidad”, pues obligará a facilitar información que tendrán los proveedores y, además, “puede afectar al derecho de expresión o a acceder a información anónimamente”.

Respecto al consentimiento requerido de un adulto o al acceso de estos a las cuentas de los menores, el experto recuerda que el modelo puede funcionar entre padres e hijos que se llevan bien. “Sin embargo, sabemos que hay relaciones que no son buenas”, afirma. Se puede pensar, por ejemplo, en un joven LGTBQ que no tiene respaldo familiar o una joven que necesita acceso a información sobre salud reproductiva o aborto y tiene miedo de lo que sus padres puedan decir. “Estas iniciativas pueden tener un impacto negativo en derechos de privacidad y libre expresión”, especialmente de los adolescentes, advierte Jain.

Guerras culturales

Se trata de preocupaciones compartidas en la rueda de prensa virtual, centrada en la legislación federal, que esta semana han organizado representantes de grupos de derechos civiles y tecnología. En ella, el senador demócrata Ron Wyden advirtió de que las leyes planteadas en las Cámaras “van a debilitar la encriptación, lo que amenaza la privacidad y la seguridad de todos los estadounidenses que cumplen la ley”.

 Wyden también señaló con preocupación al momento político en el que se produce este impulso legislativo. La demócrata California tiene una ley más centrada en exigencias para las compañías tecnológicas, pero la mayoría son de estados conservadores y ponen el foco en los “derechos parentales”.

Gobernadores extremistas

“Dar a gobernadores extremistas el poder de decidir qué contenido es seguro para niños no es una opción. Ron DeSantis y Greg Abbott (gobernadores de Florida y Texas) están usando todo su poder para perseguir a niños queer y trans, censurar información sobre salud reproductiva y borrar la historia básica sobre la raza en EEUU”, denunciaba el senador. “Y comparto el objetivo de hacer de internet un lugar seguro para los niños y limitar los elementos adictivos, pero urjo a mis colegas a centrarse en los elementos que protejan a los menores en vez de dar más y más poder a mega republicanos para librar una guerra cultural contra los niños”.

Evan Greer, directora de la organización Fight for the Future, alertaba en el mismo acto de "la alianza abominable entre legisladores bienintencionados que quieren proteger a los niños y otros que han impulsado más de 400 leyes anti-LGTB en el país y quieren controlar el discurso online y restringir la libertad de expresión de comunidades marginalizadas".

Greer mantiene que legisladores y reguladores "sin duda" deben perseguir prácticas abusivas regular aspectos como la publicidad de vigilancia que alimenta modelos de negocio que perjudican a los menores. "Pero necesitamos hacerlo bien -añadía-. Muchas de estas leyes están basadas en la idea de que protegemos a los niños aislándolos de discusiones de temas importantes como desórdenes alimenticios, salud mental o abuso de sustancias, pero sabemos por datos y evidencias que están más seguros cuando pueden discutir estos temas con sus compañeros y con expertos".

Otros problemas

Más allá de eso, Samir Jain, del Center for Democracy and Technology, apunta hacia otras direcciones no deseables. Según él, los “servicios online pueden sentirse presionados para retirar contenido, incluyendo el legal, por miedo a que autoridades como fiscales generales sientan que no va en el mejor interés del niño”. Además, mantiene, las diferencias de legislación entre estados “hacen cuestionar su eficacia”. En Utah, por ejemplo, la ley que ha entrado en vigor esta semana ha disparado el uso de VPN, las redes virtuales privadas que ocultan la ubicación y con ello lograr evadir los requisitos de verificación de edad.

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