Cumbre antisequía: El Govern permitirá llenar piscinas y las sanciones no serán inmediatas

La aplicación o no de sanciones ha impedido el acuerdo entre partidos en la cumbre contra la sequía celebrada este viernes, pero el Govern asegura que igualmente pondrá en marcha el resto de medidas que sí habían pactado varios grupos políticos. La más mediática de las decisiones es la de autorizar el llenado de piscinas municipales "por razones de salud pública". Lo habían pedido varios alcaldes (por ejemplo los de ciudades del arco metropolitano) y así se hará, aunque teóricamente esté prohibido en la actual situación de sequía. Fuentes de la Conselleria d'Acció Climàtica advierten, sin embargo, de que no habrá barra libre y remarcan que se podrán llenar las piscinas solo en los casos en que los motivos de salud estén claramente justificados.

Esta es la más mediática de las decisiones que ejecutará el Govern en los próximos días, mientras el decreto ley en vigor siga su camino en forma de proyecto de ley. Sobre las polémicas sanciones, la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) insiste en que el objetivo principal del decreto no es poner multas, sino disuadir para evitar que se incumplan las restricciones. Por lo tanto, se seguirá en la línea anunciada: "Haremos seguimiento y pediremos información de por qué no se cumple en ciertos casos, pero no hay una fecha concreta para empezar a sancionar, porque no es nuestra intención", argumenta Samuel Reyes, director de la ACA. Es decir que, de facto, sí habrá una especie de moratoria en las multas.

Ayudas municipales

Los ayuntamientos son los responsables de que se cumpla con las restricciones que marque la ACA en cada fase de la sequía, y por eso el preacuerdo entre partidos incluía también medidas para facilitarles el trabajo. Esto también se mantendrá. En concreto, se habilitará una partida extraordinaria de los presupuestos generales para hacer frente a la sequía y dar subvenciones a los consistorios (40 millones de euros) para mejorar la eficiencia (evitar fugas) del agua en alta, es decir, la que llega desde los pantanos hasta la entrada de los municipios a través de una gran cañería.

También habrá una nueva convocatoria para que los municipios que lo requieran puedan contratar camiones cisterna que les lleven grandes cantidades de agua si lo necesitan. Además, se apoyará a los ayuntamientos más pequeños (los de menos de 20.000 habitantes) para que redacten planes de emergencia por sequía si todavía no los tienen listos y se facilitarán las contrataciones de urgencia de servicios que sirvan para combatir la escasez de agua.

En cambio, las ayudas que se pretendía dar para que los municipios eviten fugas en la red de distribución que llega a las casas (agua en baja) de momento no se podrán sacar adelante, aunque desde la 'conselleria' explican que buscarán la fórmula para aplicar esta medida.

Proyectos prioritarios

La última parte del acuerdo que no se pudo cerrar habla de nuevas infraestructuras. Y según la 'consellera' Teresa Jordà, también se pisará el acelerador para que sean una realidad cuanto antes. Se licitarán urgentemente dos proyectos: la ampliación de la desalinizadora de la Tordera (será antes del 30 de junio) y una nueva desalinizadora en Cubelles.

El Ejecutivo también centrará sus esfuerzos en multiplicar la cantidad de agua regenerada utilizada. En un mes, se proponen redactar un plan sobre este tipo de agua que de momento se usa en el río Llobregat y en la Tordera (donde se puso en marcha esta misma semana para mantener el caudal ecológico del río). También se prevén dos estaciones de tratamiento de agua potable en el Besòs.

Medidas vigentes

Estas decisiones van más allá del decreto que está en vigor estos días y las aplicará el Govern por su cuenta, según ha detallado Jordà. Sin embargo, las medidas incluidas en el actual decreto ley siguen en vigor. Es decir que se sigue potenciando la recuperación de pozos en desuso y acuíferos y el consumo mensual permitido (lo regulan los ayuntamientos) es el mismo que hasta ahora.

El resto de afectaciones marcadas por el plan de sequía (fase de alerta o excepcionalidad, por ejemplo) también se siguen aplicando. Esto es, la limitación en el riego para agricultores (un 40%) y usos industriales (un 15%) y la prohibición de regar parques y jardines o limpiar calles con agua potable.

El Govern se compromete a fomentar un uso responsable del agua en las casas. También anuncian la creación de la Taula de l'Aigua, donde estarán todos los actores implicados, para afrontar esta grave sequía.