El policía infiltrado en Sant Andreu: ¿violencia sexual o prevención legítima del Estado?

Como todas las cuestiones con muchas aristas, el caso del policía que se infiltró en La Cinètika, el centro social anarquista de Sant Andreu (Barcelona), genera polémicas más de una semana después de que saliera a la luz. El semanario ‘La Directa’ destapó que Dani Hernández Pons, presunto activista, era en realidad un agente que ha estado más de dos años infiltrado en el movimiento antisistema barcelonés. En ese tiempo, estableció relaciones sexoafectivas con varias mujeres, hasta ocho, que le sirvieron para obtener información. Ahora, cinco de ellas se han querellado contra él por, entre otras cosas, abusos sexuales continuados: aunque las relaciones fueron consentidas, argumentan que nunca habrían tenido lugar si hubieran sabido que Dani era un espía del Cuerpo Nacional de Policía.

¿Tiene derecho el Estado a infiltrar a un funcionario en una organización social? ¿Hasta qué punto ese trabajador público puede utilizar la seducción y el sexo como arma para obtener información? Son preguntas que surgen tras examinar el contenido de la querella, máxime cuando, según reveló también ‘La Directa’, el policía no se limitó a mantener relaciones sexuales con las activistas. Al menos con una de ellas tuvo un idilio que duró un año, viajó con ella a Mallorca –donde él nació- y le hizo promesas de amor eterno. “Te quiero mucho. Nunca me aburriré de ti”, se lee en uno de sus whatsapps. En otro, por cierto, el policía aseguraba que había consumido drogas.

La abogada pro derechos humanos Anaïs Franquesa, una de las letradas que presentó la querella en nombre de las cinco “víctimas”, tiene claro que existe “violencia institucional” porque esas mujeres “fueron tratadas como objetos con la finalidad de infiltrarse en los movimientos sociales”. “El hecho de que una de las vías utilizadas fueran estas relaciones sexoafectivas les ha causado un impacto muy grave”, sostiene Franquesa. 

Para Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, no existe “de ninguna manera” violencia institucional en el caso. Y, aunque admite que puede ser “un tema dudoso”, añade: “No me parece abuso sexual. Lo que están diciendo estas señoras es que consintieron viciadamente [tener relaciones con él], porque no sabían que era un policía infiltrado. Pero no es lo mismo decirlo a toro pasado que comprobarlo en su momento”. 

División jurídica y política

No solo hay división en el ámbito jurídico: el caso ha provocado también reacciones inflamadas en todo el arco político. Para la extrema derecha y sus terminales mediáticas, el policía es poco menos que un héroe -Rabocop, le llaman en un digital-; parte de la izquierda pide que se depuren responsabilidades. El exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, bromeó -o no- con que, en todo caso, habría que infiltrar policías en el Partido Popular, porque “pocas organizaciones han cometido tantos delitos como el PP en España”.

La infiltración policial en La Cinètika ha obligado ya a pronunciarse en dos ocasiones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Evitando con cuidado referirse al caso concreto de Sant Andreu, el ministro justificó primero este tipo de operaciones defendiendo la necesidad de “prevenir” los delitos, además de perseguirlos; después, dejó claro que el Gobierno garantizará asistencia jurídica al policía infiltrado.

“El Estado no puede hacer eso”, responde la abogada Franquesa. “Con la excusa de la prevención de delitos no puede atentar contra derechos fundamentales, en este caso colectivos, como la participación política, la libertad de expresión, la libertad de manifestación…”, asegura. 

'El Lobo' y el antecedente británico

En cualquier caso, la policía prefiere captar a miembros de los grupos que quiere investigar que infiltrarse en ellos, que es un proceso costoso y arriesgado. Pese a que, como Marlaska, son renuentes a pronunciarse sobre el caso concreto de Hernández Pons, en Interior recuerdan que son prácticas que se producen a todas las escalas, y ponen ejemplos como el de ‘El Lobo’, que se infiltró en ETA en los 70. Pero los defensores de las cinco denunciantes rechazan la comparación entre una banda terrorista y un centro social. 

También se justifica la infiltración diciendo que son prácticas comunes a los servicios policiales de todos los países. Al respecto, estos días se ha recordado un caso muy parecido al de Sant Andreu, sucedido en Nottingham (Reino Unido) entre 2002 y 2009. Un policía infiltrado en los movimientos sociales ingleses mantuvo una relación con la activista Kate Wilson, que lo denunció cuando supo su identidad real. En 2021, la justicia le dio la razón a ella, y obligó al Estado a pedirle disculpas y a indemnizarla. Entrevistada el viernes por TV3, Wilson subrayaba que “lo preocupante es que el Estado utilice esas prácticas para socavar a los movimientos sociales” más que “el dolor personal muy fuerte de las víctimas”.

Según publicó ‘El País’ hace unos días, el policía podría haber sido ya destinado a una embajada, un puesto tranquilo después de más de dos años de operación encubierta. De eso también se queja la defensa de las cinco querellantes: “Si es verdad y le han dado esa codiciada plaza, querría decir que el Estado considera que el trabajo ha sido correcto y le da una valoración positiva”.

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