Un año del incendio en el que murió una familia en la plaza Tetuán: "Podría volver a pasar"

Violeta, Nassar, y sus hijos, Ikslan y Zhara, de 3 años el niño y de 6 meses la niña, murieron en un incendio en una oficina ocupada en la plaza Tetuán de Barcelona el 30 de noviembre de 2021, justo hace un año. Sus pulmones se llenaron de humo, víctimas de todas las pobrezas. Los padres no tenían papeles ni trabajo. Malvivían hurgando en la chatarra y no podían acceder a ninguna vivienda salvo el local ocupado que compartían con cuatro adultos más y por el que pagaron 700 euros. Aquel trágico suceso conmocionó a la sociedad catalana: era inaudito que hubiera niños malviviendo en esas condiciones. El Ayuntamiento de Barcelona pidió medios a la Generalitat, y el Govern inició entonces un recuento de infraviviendas en Catalunya. Ha pasado un año y todo sigue donde estaba. "Podría volver a pasar", lamentan desde la asociación Amics del Quart Món, que no ha detectado cambios a mejor para estas familias. Las entidades sociales y redes vecinales constatan que sigue habiendo gente viviendo en naves, solares y locales. "Parece que no son personas, que no tienen derechos", señala una entidad de Badalona.

Actualmente, según los datos del Ayuntamiento de Barcelona, persisten 551 adultos y 152 niños malviviendo en infraviviendas. Se trata de 63 asentamientos, instalados en solares y naves ocupadas, donde residen 251 adultos y 32 menores, y otros 76 locales ocupados en los que habitan 260 adultos y 120 niños. Los datos son inferiores a los del año pasado. El número de adultos en estas condiciones se ha reducido el 7,8%, y, en el caso de los niños y adolescentes, aún más: el 21%. Los asentamientos han caído el 26%, y los locales ocupados, el 27%. El ayuntamiento lo atribuye a la "disponibilidad" de espacios en la ciudad, según la comisionada de acción social, Sonia Fuertes. Pero las entidades sociales tienen otra explicación.

A día de hoy, 551 adultos y 152 niños malviven en naves o locales en la capital catalana, aunque hay cientos más en el área metropolitana

"Lo que ha pasado este año es que el ayuntamiento ha optado de forma masiva y deliberada por los desalojos administrativos", se queja Jéssica González, coordinadora técnica de la oenegé Amics del Quart Món. Esta entidad lleva más de 25 años atendiendo familias que viven en infraviviendas. Ahora están en contacto con unas 80 familias. "Después del incendio de la plaza de Tetuán, la Guardia Urbana y los Bomberos han entrado en muchos asentamientos y, si ven riesgo de incendio, los desalojan con esta fórmula que es inmediata", lamenta. "Lo que ha ocurrido es que estas familias se han ido a otras ciudades del área metropolitana, desde Montcada hasta Rubí, pero ni han desaparecido ni se les ha dado alternativas", se queja.

A diferencia del resto de ciudades, Barcelona tiene un servicio único en España que se dedica a atender a las familias que viven en asentamientos con menores, que a su vez está subcontratado. El lamento de este equipo es crónico. "Les damos ayudas para alimentación, para ropa, para medicamentos, les tramitamos el padrón, que tengan médico de referencia, casales para los niños en verano..., pero no podemos darles lo que necesitan: una vivienda", lamentan fuentes de este servicio, hartas de ver desalojos de familias y no poder hacer nada para darles una solución. Al vivir en un lugar sin cédula de habitabilidad, no pueden acceder a la mesa de vivienda de emergencia. "Es cierto que este año hemos tenido más recursos para las ayudas que tramitamos, pero hasta que no cambien de vivienda, hasta que no accedan a un lugar digno donde vivir... las dinámicas siguen. Es muy difícil asegurar el rendimiento académico de los niños, empleos estables para los padres... y el riesgo de incendio persiste, evidentemente", insisten.

Dinámica metropolitana

La exclusión de la vivienda pública de estas familias es uno de los grandes problemas. El segundo, la dinámica metropolitana, que, a pesar de la tragedia del año pasado, sigue sin resolverse. "Cuando salen de Barcelona desaparecen, no hay nada", se queja González. La Generalitat se comprometió a resolver esta cuestión, haciendo un recuento de asentamientos con los Mossos y activando un plan contra el sinhogarismo. Preguntado por este diario, el nuevo 'conseller' de Drets Socials, Carles Campuzano, asegura que quiere retomar esta cuestión, asumiendo así que poco se ha hecho. Campuzano se ha comprometido a aportar recursos para 2023.

"Hay buenas intenciones, pero necesitamos valentía y rapidez", dice Fuertes. "Barcelona no puede resolver esta dinámica en solitario, necesitamos una red metropolitana, recursos y políticas conjuntas", añade la comisionada, que recuerda que la mesa de vivienda de emergencia en Barcelona (a la que no acceden estas familias) ya acumula una lista de espera de 600 casos.

Fuertes detalla causas estructurales que deberían atajarse para acabar con la infravivienda: desde modificar la ley de extranjería (que impide a muchas personas sin permiso de residencia acceder al mercado laboral y a las ayudas sociales) hasta abordar la precarización de los empleos, la falta de vivienda pública y la regulación de los precios de los alquileres.

"Es evidente que estamos hablando de un sistema, pero hay que tener claro que estas familias también son personas y tienen derechos. Y parece que no lo sean y que no le importe a nadie", se queja González. "Es la auténtica miseria más extrema, y nada ha cambiado", lamenta también Mercè Darnell, de Cáritas. La entidad tiembla cada vez que las familias que viven en espacios insalubres les piden electrodomésticos. "Hace unos días, vino una familia que vive en una oficina bancaria de Badalona sin nevera... ¿qué hacemos? Es un riesgo para un incendio, están pinchados a la corriente. Pero ponte tú a vivir sin nevera.. ¿qué comen?", se pregunta.

Ikslan y Zhara murieron víctimas de la pobreza. Pero no son los únicos. Dos meses después de su fallecimiento, ardía una chabola a orillas del río Besòs, en Montcada i Reixac, donde murieron Jéssica y Munir. Y un año antes, había sido la nave ocupada en el barrio de Gorg, en Badalona la que se calcinó, dejando un balance de dos muertos y 17 heridos. "No ha cambiado nada. A los vecinos no nos gusta que haya gente viviendo en estas condiciones, y menos los niños", afirma Xavier Anton Galindo, vecino de Badalona y voluntario de la asociación Badalona Acull, que ha acompañado algunos de los afectados. Galindo cuenta que los supervivientes de aquella tragedia siguen malviviendo en naves ocupadas. "Las instituciones hablan mucho, pero no se preocupan por ellos. Se han olvidado que son personas", zanja.

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