Familias de la escuela especial Can Vila de Mollet, "mareadas" por las administraciones

La escuela de educación especial Can Vila de Mollet del Vallès atiende a unos 160 alumnos con trastornos severos de aprendizaje, muchos de ellos con autismo y problemas graves de movilidad, procedentes de 24 municipios de la comarca. El pasado marzo un informe elaborado por técnicos del Ayuntamiento de Mollet y del Departament d'Educació constató importantes daños estructurales en dos de los edificios del complejo educativo. El consistorio asumió entonces una actuación de urgencia para poder acabar el curso a la espera de que la 'conselleria' plantease una solución al problema, puesto que los 70 alumnos que estudiaban en estos dos edificios no podrían continuar en los mismos el próximo curso. Desde entonces, las familias de estos niños y niñas viven con angustia.

"Son alumnos vulnerables y muy dependientes. Muchos de ellos con autismo severo, habituados a rutinas. Cualquier cambio les altera. Fíjate que tan solo con que venga un autocar diferente a recogerlos pueden alterarse y negarse a subir al autobús y estar ya mal todo el día. Son muy metódicos", describe Amador Rincón, portavoz de las familias. Es por ello que exigen que sus hijos sigan escolarizados en el recinto de Can Vila. Proponen que se instalen dos módulos prefabricados en terrenos del centro mientras se busca una solución definitiva como la construcción de un nuevo edificio. Esta opción es vista con buenas ojos por todos los implicados pero topa con la realidad administrativa-burocrática. Instalar los módulos requiere dos o tres semanas y una inversión de entre 500.000 y 800.000 euros. Al margen de quién asume el coste, el problema es que por más sencillo que parezca, ello conlleva unos pasos administrativos de más de tres meses.

Las familias se sienten impotentes ante lo que perciben como un rifirrafe entre administraciones. "Unos y otros nos marean. No sé hasta qué punto se están haciendo esfuerzos", decía impotente Rincón. Para situarnos, la escuela está en unos terrenos propiedad del Incasol (Generalitat) y es de gestión municipal en virtud de un convenio de cesión de uso. Este convenio, sin embargo, está pendiente de renovación desde hace años. Los sueldos de los trabajadores los paga el Departament, que es quien tiene las competencias educativas. Cuando se sientan a buscar soluciones, Educació dice que los terrenos no son suyos y que el equipamiento es municipal, mientras que el ayuntamiento sostiene que las competencias son de Educació y que el centro no acoge solo a alumnos de Mollet, sino de otra veintena de municipios. La 'conselleria' reclama al ayuntamiento el convenio firmado con Incasol y el ayuntamiento considera que eso es una "excusa" del Departament para no asumir su responsabilidad. A las familias, todo esto les da igual. Lo que quieren es soluciones para sus hijos.

El concejal de Educación, Raúl Broto, afea a Educació el "silencio total" de los últimos meses, cuando el problema de las grietas de los edificios se hizo acuciante, y se pregunta "por qué en 2002 y 2015 Educació intervino construyendo los edificios e instalando módulos y ahora no lo puede hacer ante esta urgencia". El director general de Centros Públicos, Jean-Marc Segarra, replica que esas intervenciones fueron un tanto irregulares: "en 2002 se hizo una intervención rápida fruto de un acuerdo verbal entre administraciones y la del 2015 se hizo sin permisos ni licencias porque se consideró necesaria en aquel momento. Hoy las normativas son más estrictas y esto, que se hizo por lealtad institucional, ya no se puede hacer", explica. "Por haber hecho las cosas mal, ahora todo se ha liado más", concluye.

Segarra asegura que hay voluntad del Departament para alcanzar un acuerdo y que su primera opción es mantener al alumnado en Can Vila. En caso de que eso no sea posible, Educació plantea un traslado "provisional" a la escuela El Bosc. "Como familias no queremos salir de Can Vila si no hay un plan medido, con un calendario y que refleje que la opción de El Bosc es una solución provisional mientras no se arregla Can Vila", advierte Amador. El director general se ha comprometido en declaraciones a EL PERIÓDICO a "poner por escrito" que la opción de El Bosc sería provisional.

Contencioso y segundo peritaje

Desde el ayuntamiento, también subrayan su voluntad de solucionar el problema, pero insisten en que las competencias son del Departament. "Nuestros servicios jurídicos así nos lo dicen", apunta Broto, que ve "mala fe" y "falta de ganas" en la 'conselleria'. Por ello, y para evitar la salida de los alumnos de Can Vila, el ayuntamiento presentará un contencioso administrativo para que sea un juez el que fije medidas cautelares y decida. "Que sea un juez el que les obligue a actuar", señala Broto.

En la reunión que han celebrado este lunes, ambas administraciones han acordado encargar un segundo peritaje, que asumirá el ayuntamiento, para ver si es posible que los alumnos puedan retomar el curso en los mismos edificios al menos durante un trimestre mientras las administraciones solventan este embrollo vía convenio o acuerdo de colaboración y pueden licitar por vía de urgencia la instalación de los módulos.

Sobre la mesa está también la integración de Can Vila en la red de centros de Educació, algo que Segarra ve viable y una "buena solución definitiva", pero que "no se puede hacer en dos días y debe tener el acuerdo del Consell Escolar".

Este martes, la alcaldesa de Mollet, Mireia Dionisio, se reúne con los alcaldes de los municipios afectados para intentar coordinarse y buscar soluciones. Desde Educació, Segarra ha garantizado que "los alumnos estarán en condiciones, seguro" y que se trabajará para que puedan seguir en Can Vilà de modo que se alteren sus rutinas lo mínimo posible.