Familias que se quedaron sin plaza pública en P-3, ahora sin plaza en la ESO

Hace 9 años las familias Rosselló y Fernández Pous se quedaron sin poder matricular a sus hijos, que entonces debían empezar P-3, en ninguna de las escuelas públicas de Sant Andreu. Aceptaron la alternativa que les dio el Consorci d'Educació de Barcelona en aquel momento: plaza en una escuela concertada religiosa ubicada en el barrio. Ahora, reviven la pesadilla. Esta vez con sus hijos a las puertas de empezar la ESO. Se han vuelto a quedar sin plaza pública en el barrio.

Se niegan a seguir claudicando y exigen su derecho a tener plaza en un centro público de proximidad. Muchas otras familias están en situaciones similares. Piden soluciones como la apertura de nuevas líneas o la ampliación de ratios. 

En la preinscripción para el curso 22-23, Marc de Rosselló solicitó plaza para su hijo Arnau, que ahora acaba 6º de primaria en la Salesianas de Sant Andreu, en el instituto Martí Pous, donde estudia su hija mayor. De segunda y última opción puso el instituto Vapor de Fil. No ha obtenido plaza en ninguno de los dos. Tener una hermana en el Martí Pous no ha sido suficiente porque las Salesianas, como concertado, no están adscritas a ningún instituto público. De Rosselló no discute la normativa, pero sí denuncia que no tiene ninguna opción pública en Sant Andreu, que es lo que exige a Educació.

Concertadas o fuera del barrio

Recuerda que cuando se quedó sin plaza en P-3 aceptó la opción de la concertada, pero no fue por convicción. Y aunque está satisfecho de la educación que el niño ha recibido en las Salesianas, considera "indignante" no poder elegir dónde estudiará ESO su hijo. "Pago mis impuestos", recuerda.

Las alternativas que el Consorci le ha dado hasta ahora pasan por colegios católicos, que la familia rechaza, o centros públicos "a 12 paradas de metro de casa". "No veo razonable que no se nos ofrezca posibilidad de un centro público en el barrio", señala. "Mi hijo está sin escuela", afirma este padre.

Este viernes, tras la publicación de la lista de asignación definitiva de plazas, el Consorci le ha asignado de oficio plaza en el instituto Dolors Aleu de Navas. "Es público, sí, pero está a 2,5 kilómetros de casa", lamenta. Recurrirá a la comisión de garantías de Educació. Tiene clara una cosa: "No matricularé a mi hijo en un centro que yo no quiera".

Lucha por su hijo y por su derecho a una plaza pública, pero también mira más allá y espera que estos casos sirvan para que las escuelas concertadas estén adscritas "como mínimo" a un centro público. En caso contrario, denuncia, se condena a las familias de la concertada a no poder acceder a una plaza pública.

"Mi derecho, por una vez"

La misma situación vive Alba Fernández Pous. Su hija Greta se quedó sin plaza pública en P-3 y ahora se ha quedado sin plaza en la ESO. "Quiero una escuela pública y de proximidad por una vez", pide. Como De Rosselló, hace 9 años aceptó la alternativa de la concertada. En su caso, en el Pare Manyanet. Ha intentado cambiar a la niña a un centro público en varias ocasiones, todas sin éxito. Ahora, la ha dado de baja de esta escuela, donde podría hacer la ESO. "No quiero que siga en el Pare Manyanet bajo ningún concepto", dice.

En su solicitud, Fernández Pous puso varias opciones públicas, todas cerca de su domicilio en Sant Andreu. La primera, el instituto Martí Pous, fundado por su abuelo. También el Vapor de Fil y el Sagrera. El Pare Manyanet no está adscrito a ningún centro público. Así que no ha entrado en ninguna. Esta madre divorciada denuncia el déficit de plazas públicas en el barrio y acusa a Educació de saberlo y de no hacer nada. "Lo saben desde hace años. Y envían a la gente a la concertada", critica.

El Consorci le ha ofrecido como alternativa una concertada o una pública fuera del barrio. Este viernes de oficio, le han asignado el Dolors Aleu. "Seguiré reclamando. Por una vez quiero que se me conceda el derecho a llevar a mi hija a un colegio público en el barrio", reclama. Esta madre considera "insultante" la respuesta que le dio el Consorci: "Me dijeron que no tenía plaza porque primero eran los alumnos de centros adscritos y que lamentaban mi situación. Una situación en la que me pusieron ellos cuando me quedé sin plaza en P-3", denuncia. "Hemos pringado estos años en un colegio religioso con el que no teníamos ninguna afinidad y encima pagando. Reclamo el mismo derecho que los demás", remacha. Ha reclamado ya al Síndic de Greuges.

Educació garantiza proximidad

Tras la publicación de la lista de asignación definitiva, se abre ahora un periodo de reclamaciones ante la comisión de garantías, que analiza cada caso particular. La directora general de Atención a la Familia, Raquel Garcia, no descartaba esta semana que pueda haber un aumento puntual de plazas o de ratios. Y ha garantizado que todas las familias tendrán plaza de proximidad, "siempre en su zona educativa, a una distancia prudente para ir andando". Asimismo, ha recordado que una familia puede matricularse en una plaza pública y seguir en lista de espera en los centros solicitados preferentemente en su solicitud hasta el 2 de septiembre, día en que ya se cierra la lista de espera.

El Departament negaba que la mayor reserva de plazas para alumnado vulnerable, fruto del aumento de la detección de este colectivo, vaya a afectar el acceso a plazas públicas al resto de familias. Así, expone que, a la espera de las listas definitivas, un 91,6% de las familias tendrán plaza en Infantil-3 en la primera opción de centro solicitado en la preinscripción, mientras que un 89,8% de familias tendrán plaza en 1º de ESO en su primera opción. Estas cifras fueron ligeramente más altas el curso pasado: del 94,7% en I-3 y del 91,6% en 1º de ESO.

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