Los interrogatorios corroboran ante la jueza el "descontrol" en la residencia de Tremp

No había plan de contingencia para aislar a los ancianos del geriátrico por si entraba el virus, los profesionales no estaban formados de como proceder y las mascarillas FPP2 estaban guardadas bajo llave y no se usaron. Estas son algunas de las deficiencias graves que, primero los Mossos, y luego los responsbles de Salut han ratificado ante la juez que instruye la causa de la residencia de Tremp esta mañana en los primeros interrogatorios de la instrucción judicial. La directora de la residencia, Remei Navarri, y la religiosa Maria Rosa Navarroa, responsable higiénico sanitaria del centro, están imputadas por un presunto delito de homicidio imprudente y trato degradante. En este geriátrico fallecieron 64 ancianos por coronavirus durante los meses de noviembre y diciembre de 2020.

"Los Mossos han confirmado que en la residencia había un descontrol total", ha explicado el abogado Xavier Prats, representante de una de las familias de los fallecidos que ha estado presente en los interrogatorios. Los agentes, según el abogado, han confirmado ante la jueza que instruye el caso que ya desde el mes de agosto de 2020 la residencia no informó al Departament de Salut de los planes de contingencia existentes. Además no se formó debidamente al personal e incluso la directora rechazó cumplir con la normativa de Salut. "La enfermera del CAP de Tremp se ofreció a hacer una formación a los profesionales sobre como colocarse los EPIS y proceder en el aislamiento de los ancianos y la directora le dijo que no", ha afirmado Prats apoyándose en la declaración de los Mossos.

Dos horas de interrogatorio

En un interrogatorio que se ha alargado hasta dos horas, los Mossos han expuesto los informes del geriátrico, las declaraciones a los trabajadores y a los familiares, para constatar la gravedad de lo ocurrido. Una investigación iniciada a petición de la Fiscalia de Lleida, que se ha alargado un año y aún está en curso. "Han ratificado que no se llevó a cabo el plan de contingencia y que las mascarillas FFP2 no salieron del almacén. No había plan de evacuación ni de aislamientos y la directora no cumplió con su función", ha añadido Prats.

También ha comparecido como testigo Divina Farreny, que en aquel momento era gerente de la Región Sanitaria de Lleida y l'Alt Pirineu, así como Elena Badia, responsable de la empresa GSS asumió la dirección del geriátrico cuando el 'Govern' intervino el centro. Los técnicos de 'Salut' entraron en la residencia el 21 y el 23 de noviembre, constataron el descontrol, pero no intervinieron el geriátrico hasta el 26 de noviembre, según consta en la denuncia de la Fiscalía. "He confirmado lo que dije en rueda de prensa y matizado con todos los informes que disponemos", ha dicho Farreny a la salida de los juzgados. Prats, presente en el interrogatorio, ha expuesto que tanto Badia como Farreny han vuelto a dar cuentas del descontrol en el geriátrico.

EPIS bajo llave

"La de Tremp era una de las más de 100 residencias que acompañaba Salut durante la pandemia", ha comentado el abogado de las familias presente en el interrogatorio. "En octubre intensificaron el control y la residencia no respondió", ha agregado Prats. En este sentido, las técnicas de Salut han confirmado que los empleados usaban mascarillas quirúrgicas y que las EPIS reglamentarias estaban "bajo llave en un almacén". "También les costó encontrar el plan de contingencia y de aislamiento que nadie de la plantilla conocía", ha dicho. "Tampoco había listados de pacientes, ni de trabajadores, ni existían protocolos", ha añadido el abogado. Sobre la tardanza en la intervención pública, Farreny se habría excusado explicando que primero tantearon la oenegé ABD para ayudar en la gestión del geriátrico, pero que sus responsables se negaron porque "no se veían capacitados" y recomendaron intervenir el centro. Por aquél momento el número de residentes y pacientes del centro infectados ya se había duplicado.

Delito contra los trabajadores

"Los Mossos han documentado que no había ningún control, y que el personal que trabajaba como gerocultor estaba contratado por una empresa de limpieza sin ninguna formación", ha agregado Prats. Este punto fue constatado en las declaraciones de Farreny y Badía. Y es que en la investigación de la residencia de Tremp hay dos causas abiertas. A parte de la denuncia por homicidio imprudente, la jueza también investiga si las dos imputadas cometieron un delito contra la seguridad de los trabajadores, por lo que la semana que viene y hasta el 20 de abril varios empleados del centro van a declarar en la causa.

Un rezo para los fallecidos

"Las declaraciones de hoy muestran la excepcionalidad de lo que ocurrió... era incontrolable", ha expuesto a su salida Luis Salas, el abogado Remei Navarri, la exdirectora del centro imputada. "Niego el descontrol previo al descontrol producido por esta situación extraordinaria", ha agregado Salas, que ha pedido un rezo para los fallecidos y sus familiares. "Tenemos un sentimiento de tristeza pero esto no cambia la absoluta confianza e inocencia de las dos investigadas", ha añadido Salas. A día de hoy, la residencia está gestionada por la fundació Sant Joan de Déu. La fundación eclesiástica fue apartada de la gestión desde 2021, y el pasado noviembre la Conselleria de Drets Socials les impuso una multa de 30.000 años y cuatro años de inhabilitación.