Multa de 30.000 euros e inhabilitación de 4 años para la fundación de la residencia de Tremp

La Fundación Fiella, propietaria de la residencia de ancianos de Tremp, ha sido inhabilitada cuatro años por el departamento de Drets Socials para la gestión del centro y multada con 30.000 euros por irregularidades laborales. Fuentes de la fundación reconocieron al diario 'Segre' que ya han recibido la resolución de la Generalitat por la que se les retira la gestión económica del geriátrico. La gestión asistencial está a cargo de Sant Joan Déu Terres de Lleida, desde que el centro fue intervenido desde el brote del covid que ocasionó la muerte de 61 residentes el año pasado. Fuentes de la Conselleria reconocieron al diario que la resolución no es todavía definitiva porque está abierto el periodo de alegaciones, que efectivamente se han presentado. La fundación considera que su gestión económica "ha sido más que correcta". Paralelamente, Inspección de trabajo ha multado a la fundación con esos 30.000 euros por irregularidades laborales, centradas en contratos en los que no se reconocía la antigüedad de los empleados y las categorías. Además se falsificaban los calendarios laborales, no existía registro real de jornada y desde hacía tres años que no se entregaban las nóminas a los empleados.

Hace un año que se declaró el brote de coronavirus en Tremp. El 19 de noviembre ya eran siete trabajadores y 45 residentes los que estaban infectados del virus. El 22 de noviembre, el médico de Tremp firmaba el primer certificado de defunción causada por el covid. Un mes después, con 61 muertes, el fiscal de Lleida decidió abrir una investigación por homicidio imprudente. A diferencia de las elevadas tasas de mortalidad durante marzo, abril o mayo de 2020 en los distintos geriátricos de España, el brote de Tremp ocurrió en un momento clave. La Conselleria de Salut y la Agència Catalana de Salut Pública ya habían hecho protocolos para evitar nuevos brotes, su propagación y proceder correctamente a la atención sanitaria de los enfermos.

Sin autopsias

A inicios de noviembre los responsables del Instituto de Medicina Legal y Forense de Lleida fueron reclamados para hacer un informe que tenía que esclarecer "si se cometió un delito", en palabras de la fiscalía. Uno de los retos de esta investigación es que no se hizo autopsia a ningún cadáver. "No haremos ninguna exhumación, nuestras tareas consisten en revisar los expedientes médicos y los certificados de defunción para determinar si ha habido negligencia", cuentan desde el instituto forense de Ponent. "Pues si buscan el historial médico de los pacientes no hay nada anotado", explican fuentes sanitarias del centro.

"En los archivos que se llevaron los Mossos hay poca información: están los certificados de defunción que hablan de muerte natural por covid, un informe de la situación epidemiológica que nos pidió Salut y otro que hicimos por nuestra cuenta contando la medicación que dábamos a cada paciente y la situación general", precisan empleados de la residencia. "Hubo deshidratación pero porque faltaban manos. Nuestra prioridad en aquel momento de caos era hacer aislamientos y poner suero, no dar de comer", señalan las mismas fuentes. Muchos de los ancianos, además, fallecieron dentro del geriátrico sin que se les trasladara al hospital del Pallars. ¿Fue correcta esta gestión? Esta es otra de las preguntas que, según apuntan desde la fiscalía, deberá responder el informe de los forenses.

"Esperamos que en pocas semanas tengamos este informe y durante el mes de diciembre podamos decidir si acusamos y de qué acusamos o si terminamos por archivar la investigación", indican desde la Fiscalía. Si no se sostiene la acusación de homicidio imprudente, la fiscalía también podría señalar un delito contra la salud de los trabajadores.

Para los familiares, un año después de la debacle, la situación es especialmente delicada. "No nos dicen nada, no sabemos nada... Estas muertes no pueden caer en el olvido", explica E. S., que precisamente vio el cadáver de su padre horas después de morir y tuvo que envolverle en una bolsa de plástico. Por el momento, la fundación Fiella no ha vuelto a gestionar el geriátrico, que sigue en manos de la fundación Sant Joan de Déu, a pesar de que lo intentó. Tampoco pidieron perdón a los familiares, como sí hizo la 'conselleria'. El pasado mes de julio, además, falleció el párroco que presidía en patronato de la fundación. "Solo nos faltará aguantar que le carguen las culpas a él porque está muerto", añade E.S. Durante aquellos días, lo que sí que hizo el párroco fue celebrar misas y entierros. Los viajes de ataúdes desde el geriátrico hasta el cementerio eran constantes.