'Caso Serveis Socials': la contratación irregular por 20 millones llega a Antifrau

El 'caso Serveis Socials' sobre sobresueldos y contratación irregular por 20 millones de euros en la atención a los más vulnerables en Barcelona, destapado por EL PERIÓDICO, ha llegado a la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) de la mano del sindicato CGT y con el apoyo de la CUP. Esta organización sindical ha analizado en profundidad los datos sobre las supuestas anomalías en el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, un ente público creado en 2006 y que se encarga de la gestión de diversos servicios, como los centros donde viven menores tutelados, pisos para mujeres víctimas de violencia machista y sus hijos, residencias de personas con discapacidad y centros de terapia ocupacional. Su presidente es el titular de la Conselleria de Drets Socials y su vicepresidente, el responsable del área en el Ayuntamiento de Barcelona.

Tras la publicación de las irregularidades por parte de este diario, la Generalitat anunció que realizaría una revisión de oficio sobres los sobresueldos y otra sobre el cobro del retorno de la paga extra de 2012 en 2017 y no en 2018. El propósito de la CGT es que la Oficina Antifrau efectúe una investigación más amplia. El que era gerente del consorcio, Joan Uribe, dimitió de su cargo días después de que estallara el caso.

En mayo de 2017 fue él quien recibió el primer informe fiscalizador demoledor. “Me encontré con una administración con debilidades y con un equipo con ganas de tirar adelante”, admitió. Uribe, según algunas fuentes, había llegado a rectificar procedimientos que venían funcionando desde hacía años en la entidad social como, por ejemplo, el exceso de contrataciones a dedo sin publicidad. Una práctica que se llevó a cabo en plena crisis financiera y de recortes y que afectaba al dinero destinado a los más necesitados: niños tutelados, personas con discapacidad o víctimas de violencia machista.

Los delegados sindicales de la CGT en el consorcio, Nuria Nieto y Robert Morral, en compañía del secretario general de la organización, Miguel González, presentaron la denuncia en Anfitrau en la mañana de este martes. Les acompañó la diputada de la CUP, Basha Changuerra, que ha dado pleno apoyo a la iniciativa. Tanto el sindicato como la formación política detallaron las "graves irregularidades" detectadas el consorcio durante unos años duros de "social y económica", así como la puertas giratorias en el sector (se encargaron labores a entidades dirigidas por afines a los partidos políticos de los responsables en los servicios sociales de Barcelona) y la falta de fiscalización del organismo. Los miembros de CGT han asegurado que no descartan emprender acciones judiciales.

En la época de CiU

Las principales irregularidades se detectaron en 2014 y 2015, época en la que el consorcio estaba controlado por miembros de CiU, según los informes de la Sindicatura de Comptes y de la misma Intervenció General de la Generalitat publicados por el a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El 'sindico' es el primero que hace mención en el 2014 de las malas prácticas en la contratación de servicios. En concreto, indica este órgano, existen contratos para la gestión de determinadas labores que se realizaron sin publicidad, transparencia ni concurrencia pública. Es decir, a dedo. Lo hicieron usando una categoría que es aplicable cuando el adjudicatario es el único que puede hacer esa labor. De los 22 expedientes analizados, 20, por valor de 22 millones de euros, se tramitaron con este sistema, sin que se incluyera la justificación legal de esa exclusividad. Esa contratación sin publicidad se sucede en años posteriores, según confirmó la Intervenció General.

Las auditorías precisan que, al menos, en 2015, 2017 y 2019, el consorcio pagó casi un millón de euros en sobresueldos por encima de convenio y sin justificar, principalmente a los jefes de área o departamentos. Estos sobresueldos se concretan con dos conceptos retributivos (“mejora voluntaria” y “a cuenta del convenio”), que ni constan en las tablas salariales, ni están avalados por la Direcció General de Pressupostos ni la Direcció General de la Funció Pública. Los auditores, incluso, no han podido ni concretar la fecha en que se aprobaron estos complementos. En las auditorías consultadas se hace constar que estos sobresueldos son "nulos" e incumplen la ley.

Nepotismo y enchufes

Las auditorías también hallaron desfases contables (por lo menos de 500.000 euros), el desembolso de pagas extras a trabajadores "privilegiados", la falta de control del dinero de caja, la nula fiscalización de los pagos por gestionar servicios y concesiones a entidades de personas vinculadas a determinados partidos, entre otros aspectos. Los representantes de la CGT y la diputada de la CUP enfatizaron: "Estamos hablando de servicios sociales".

Ambas organizaciones denunciaron este martes el "nepotismo" y el "enchufismo" por parte de la Administración, así como la "opacidad en los contratos" de servicios y los sobresueldos. "No se puede externalizar, ni privatizar lo servicios sociales, tan esenciales para la ciudadanía", insistieron. Las irregularidades ahora denunciadas eran un "secreto a voces", según los delegados de CGT. La diputada de la CUP, Basha Changuerra, remarcó la importancia de «seguir luchando» para lograr unos «servicios públicos de calidad».

El delegado sindical de la CGT en el consorcio, Robert Murral, reclamó que nos servicios sociales se gestionen de forma pública un «100%», con la participación «activa»· de trabajadores y usuarios. «No puede ser que políticos y falsas fundaciones que no tienen nada que ver con el sector social gestionen este servicio», develó.