Investigación
Caso Serveis Socials: La Generalitat revisa las pagas extras de 2012
Una de las tres investigaciones busca esclarecer por qué los funcionarios del ente cobraron la paga extra de 2012, un año antes de lo que decía la normativa
La Conselleria de Drets Socials no ha querido revelar sobre qué tema tratan el resto de revisiones, que tienen que ver con aspectos salariales
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
Elisenda Colell
Redactora
Periodista de desigualdades y exclusión social crecida en la redacción de informativos de la Cadena SER en Catalunya. Nací en Viu Comunicació y Cugat.cat.
Lo recibió por correo electrónico toda la plantilla el pasado lunes. El Consorci de Serveis Socials, por orden de la Conselleria de Drets Socials, ha abierto una revisión de oficio dentro del ente para esclarecer por qué sus trabajadores cobraron el retorno de la paga extra de 2012 en 2017 y no en 2018. La preocupación se extendió entre los empleados, que temen tener que devolver este dinero. La Generalitat insiste en que no es su intención, y asegura que esta es tan solo una de las tres revisiones de oficio abiertas a raíz de las irregularidades detectadas en el ente destapadas por EL PERIÓDICO. Tienen que ver, entre otras, con contratos millonarios adjudicados a dedo o sobresueldos sin justificar debidamente entre los directivos. El Govern no quiere decir abiertamente qué investigan las otras dos revisiones de oficio ni tampoco ha querido mostrar los documentos a este diario.
Contrataciones a dedo, sobresueldos sin justificar y cuentas que se aprobaron fuera de plazo. Estas son algunas de las irregularidades que tanto la Sindicatura de Comptes como la Intervención de la Generalitat detectaron desde el 2014 en el Consorci de Serveis Socials de Barcelona. Un ente participado entre el Govern y el Ayuntamiento de Barcelona que gestiona los servicios a los más vulnerables de la ciudad, como son niños tutelados o personas con discapacidad. En cuanto este diario desveló estos documentos, la Consellería de Drets Socials anunció que abriría una investigación de oficio relacionada con las irregularidades observadas con la contratación de personal, pero no sobre las adjudicaciones irregulares.
Actitud de represalia
El único expediente de revisión de oficio al que ha podido acceder este diario es el que investiga el retorno del 20% de la paga extra de Navidad de los funcionarios en 2012. Fue una paga que recortó el Gobierno de Mariano Rajoy, pero en marzo de 2018 se ratificó proceder a su devolución. En las auditorías de 2017 y 2019, la Intervención de la Generalitat comprobó que el consorcio devolvió esta paga en el presupuesto de 2017. "No ha cumplido con los plazos previstos en la normativa", dice la resolución que abre esta revisión, y considera "nulas de pleno derecho" las actas del consorcio que así lo aplican. El documento lo firmó el gerente Joan Uribe el 4 de noviembre, un día antes de dejar el cargo. Precisamente, el presupuesto de 2017 del consorcio fue aprobado en 2018, junto con los presupuestos de 2016 y 2015, tal y como manifestaron fuentes del ente, porque se encontraron con que las cuentas no estaban cerradas.
Algunos trabajadores aseguran que esta revisión de oficio demuestra una actitud de "represalia" contra los empleados. La Generalitat lo niega, y asegura que ha iniciado otras dos revisiones más en relación a las irregularidades detectadas en relación a aspectos salariales. Sin embargo, no quiere decir a que temas afectan en concreto ni mostrar los documentos, aduciendo una cuestión de protección de datos. Los informes señalaron varios temas. Principalmente, complementos salariales de hasta un millón de euros al personal de los despachos que no estaban justificados ni constaban en las tablas salariales, procesos de selección de personal inexistentes o procesos de substitución o reposición de la plantilla indebidamente tramitados.
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