Caso Serveis Socials: así eran los contratos bajo sospecha

Mesas de contratación fantasma, gestores que firmaban contratos millonarios sin estar capacitados para ello, sobrecostes injustificados o entidades que gestionan servicios públicos durante meses sin un contrato que les avale. Estas son algunas de las irregularidades que afloran en los informes de la Generalitat consultados por EL PERIÓDICO, en relación a contratos de gestión o servicios para centros donde viven niños tutelados, personas con discapacidad o madres víctima de violencia machista adjudicados por el Consorci de Serveis Socials de Barcelona. Abusaron de la contratación sin publicidad cuando no correspondía, pero los contratos que hicieron 'en abierto' tampoco se salvan.

La mayoría de estos expedientes irregulares afloran en la auditoría de la Intervenció General de la Generalitat en 2017 que se publica en mayo de 2019. Los interventores revisan 12 contratos públicos donde afloran importantes irregularidades. En cinco de estos contratos la cantidad adjudicada supera el millón y el gerente los firma pese a que solo puede hacerlo si son inferiores a 300.000 euros. Dos contratos afectan a la época de Ramon Lamiel (ERC) y la práctica mayoría cuando lo era Josep Pera (CiU). 

Caso Serveis Socials: Contratación irregular por 20 millones y sobresueldos en la atención a los más vulnerables

Centro de menores tutelados

La congregación religiosa de Madres Desamparadas y San José de la Montaña firma un contrato (188/2013) para gestionar un centro de menores del consorcio donde viven 60 niños de 3 a 18 años tutelados por la Generalitat por un coste de 2,3 millones. Los interventores deducen que este contrato pone de manifiesto el "poco rigor en los controles", ya que quien gana la valoración técnica del expediente es, en realidad, la cooperativa Suara. El contrato lo firma el gestor del consorcio aunque no estaba capacitado para ello. Además, en este centro han aflorado sobrecostes que superan la cantidad estipulada en el contrato y no se justificaron debidamente.

Tampoco cuadran las fechas. El informe que justificaba que este centro debía gestionarlo la congregación es del 16 de abril. Sin embargo, la resolución de la adjudicación y la firma del contrato se hace casi un mes antes, el 22 y 28 de marzo. Además, los auditores apuntan que el centro de estos niños estuvo "dos meses y medio sin cobertura jurídica", porque el contrato se tenía que empezar a ejecutar en en enero, pero hasta finales de marzo no se hizo oficial.

En este contrato, dicen los interventores, faltan muchos documentos esenciales como son la propuesta de administración, la oferta presentada, y las proposiciones administrativas, técnicas y económicas. Además los pliegos del contrato no estaban firmados debidamente por los representados del consorcio.

Ambulancias adaptadas

Este expediente (008/2015) se inicia en febrero de 2015 y afecta al servicio de ambulancias adaptadas para los residentes del centro de personas con discapacidad Oràlia que gana la empresa Ambulancias Tomás. En ningún momento se especifica qué procedimiento de licitación se va a aplicar. El contrato se acabó prorrogando ocho veces y superó los seis años, más de lo que permite la normativa. Y lo aprobó y firmó el gerente cuando no estaba capacitado porque superaba los 300.000 euros.

En este contrato no aparece ningún documento que demuestre que existió una mesa de contratación, ni que se abrieran tres sobres con las tres ofertas presentadas, ni que se publicara en el DOGC, ni que se traspasó al registro público de contratos.

Acogida de menores desamparados

Ni informe de valoración de las ofertas presentadas, ni propuesta de adjudicación y tampoco documentos que demuestren que la entidad que ganó este concurso está al corriente del pago de impuestos. Estos son los documentos esenciales que no constan, según los interventores, en el contrato de adjudicación del centro de acogida Josep Pallach (107/2012), en el que viven 36 niños de hasta 12 años tutelados por la Generalitat en 2012.

El centro lo ganó una entidad social, Intress, por valor de 1,2 millones. El contrato lo volvió a firmar el gerente del Consorci "incompetente" para ello, según la auditoría. En 2017 este contrato aún estaba vigente a través de prórrogas, y de las facturas estudiadas ese año por la intervención aparecen importantes sobrecostes sin justificar y que no constan en el contrato. Por ejemplo, 10.000 euros para un equipo técnico que no está especificado.

Inicialmente este contrato tenía una vigencia de ocho meses (de mayo a enero de 2012), pero se firmó dos meses después, el 28 de junio, por lo que, entienden los interventores, los niños que vivían en ese centro entonces estuvieron "sin cobertura legal".

Madres víctimas de violencia

Se trata de un contrato (007/2015) que ganó Intress, y estaba dedicado a gestionar pisos donde pudieran vivir, con sus hijos, mujeres que habían sufrido violencia machista. Valorado en 110.304,28 euros, tenía una duración de 17 meses, que posteriormente se fue posponiendo. En este expediente no consta ninguna documentación que acredite que se abrieran los sobres ni se valoraran las ofertas del resto e entidades que se ofrecieron para prestarlo.

Las facturas emitidas por Intress revisadas por la intervención son de 4.689,84 euros. ¿Cómo se justifican los otros 105.614,44 euros transferidos?. El equipo de interventores dice que no obtuvo respuesta.

Diez contratos más

Más allá de estos cuatro ejemplos, hay 10 contratos con irregularidades que afloran en esta auditoria. Afectan a servicios como la alimentación del centro de personas discapacitadas Oràlia en 2014, la limpieza del centro de personas con discapacidad Valldaura en 2015, la gestión de los centros de menores Maria Reina (2013), Talaia (2009) y Mas Pins (2008), el servicio de regreso a sus familias de niños tutelados en 2014 o el centro de día y residencia para personas con discapacidad Tres Pins en 2017.

Además este diario ha tenido acceso a dos contratos de 2015 donde se adjudica a la fundación Fasi (había desempeñado responsabilidades el exdirector de la DGAI, Ricard Calvo) la gestión de los centros de menores Alexandre Galí y Paulo Freire por valor superior a los 400.000 euros cada uno. Firman el contrato el gerente del Consorci, Josep Pera (CiU), que no estaba habilitado para ello, y Estanis Vayreda, gerente de la fundación FASI y actual primer teniente de alcalde de Olot por JxCat.

Suscríbete para seguir leyendo