Un exdirector de la DGAIA adjudicó a tres fundaciones vinculadas a él

Un juzgado de Barcelona, la Oficina Antifrau de Catalunya, la Generalitat y la Sindicatura de Comptes están o han estado investigando la gestión de Ricard Calvo al frente de la Direcció General de la Infància i Adolescència (DGAIA), cargo que ocupó desde enero del 2016 hasta agosto del 2017, cuando dimitió en plena polémica por su actuación. Antes de su cese participó, de forma directa o dando el visto bueno a los informes técnicos, en adjudicaciones a las fundaciones Fasi, Resilis y Gentis, en las que había desempeñado responsabilidades o cargos, según ha podido comprobar EL PERIÓDICO. Estas tres entidades están vinculadas a la Fundació Plataforma Educativa, de la que Calvo fue gerente, según su currículum oficial. 

Tras el análisis de una veintena de expedientes administrativos, este diario ha podido comprobar que Calvo, que también dejó su puesto como concejal de ERC en el Ayuntamiento de Girona, dio el visto bueno desde su cargo de la DGAIA a la valoración de las propuestas para cubrir determinados servicios presentadas por Fasi, Resilis y Gentis. Algunos de esos contratos, los de menor cuantía, fueron firmados directamente por él, como es el caso de Gentis. En total, estas entidades se beneficiaron de adjudicaciones, según estos expedientes, de casi seis millones de euros. Algunos contratos ascienden a más de un millón. Este diario ha intentado infructuosamente localizar al exresponsable de infancia de la Generalitat. 

La diputada del PSC Beatriz Silva, que recopiló los expedientes administrativos, ha asegurado que su partido también ha constatado "irregularidades", a la vez que ha denunciado que la Generalitat tardó meses en darle la documentación. Antes de conseguirla, ha explicado, tuvo que ir personalmente a la Conselleria d'Afers Socials para poder revisar uno a uno los contratos.   

Los contratos

La Conselleria d’Afers Socials i Famílies adjudicó entre, al menos, junio del 2016 y julio del 2017, durante la época de Calvo, servicios relacionados con la infancia a Fasi, Resilis y Gentis. Depende de la cantidad, los contratos eran firmados por la entonces ‘consellera’ Dolors Bassa, por el que era secretario de este departamento o por Calvo, como director general de la DGAIA. Los trabajos encargados eran diversos, desde la gestión de una residencia para menores desamparados o en situación de riesgo, hasta el diagnóstico de niños o atención psicológica. En algunos concursos se presentó solo la fundación en la que había trabajado, como Fasi, y, por lo tanto se le adjudicaba el servicio.  

Bassas negó en su día que Calvo estuviera en la mesa de contratación y que su firma figurara en alguna adjudicación y sostuvo que los contratos del 2016 eran simples prórrogas. Los expedientes administrativos le contradicen, en el sentido de que el exresponsable de la DGAIA sí daba el visto bueno a la valoración de las ofertas y efectuaba contrataciones de servicios por importe menor, como a Gentis.

Un mes antes de abandonar el cargo, en julio, varios grupos políticos pidieron el cese de Calvo, tras la acusación realizada contra él por el sindicato CGT por “adjudicar y favorecer” con contratos por valor de 98 millones de euros a fundaciones con las que había estado relacionado antes de ser director general, cifra que la 'consellera' Dolors Bassa negó en su día. Esa cifra, según la citada organización sindical, representaba el 80% del total de concursos públicos. El mismo sindicato censuró la"falta de ética" de Calvo tras su cese, al regresar "a una de las fundaciones que había recibido adjudicaciones de la DGAI mientras él era director general". 

Denuncia ante Antifrau

Los entonces diputados de la CUP Gabriela Serra y Benet Salellas presentaron una denuncia en la Oficina Antifrau de Catalunya contra Calvo. La investigación todavía continúa abierta, aunque una parte fue a parar al Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona, que tramita también un proceso judicial por su gestión en la DGAIA. La denuncia de la CUP precisaba que Calvo ha sido directivo "de una fundación del ámbito sobre el que se encuentra tomando decisiones". En concreto, los anticapitalistas apuntan que ha tenido cargos en Resilis, que depende un 100 % de Plataforma Educativa, en esta última fundacion y en otras de su entorno.

El juzgado, por su parte, estaría siguiendo el rastro de pagos con fondos públicos y por encima del mercado de alquileres de viviendas para menores tutelados. Este dinero presuntamente fue a parar a empresas inmobiliarias participadas por Fasi, una de las fundaciones en la que habría estado Calvo. Fuentes judiciales han asegurado a este diario que el proceso judicial está en marcha, aunque todavía no ha sido citado a declarar como investigado al exdirector de la DGAIA. La jueza requirió información a varias de las empresas implicadas y está pendiente de recibir los datos solicitados.

Afers Socials i Justícia

La Conselleria d’Afers Socials también abrió en julio del 2017 una investigación interna para esclarecer si Calvo había incurrido en algún tipo de incompatibilidad tras cesar como director general de la DGAIA y ante las noticias de que había vuelto a Plataforma Educativa o a fundaciones de su entorno. El artículo 7 de la ley 13/2005 de régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Generalitat señala que "...durante los dos años siguientes al cese en el cargo para el ejercicio del cual han sido nombrados, elegidos o designados no pueden desarrollar actividades privadas relacionadas con los expedientes en la resolución de los cuales haya intervenido directamente en el ejercicio del alto cargo".

El secretario general del departamento remitió una carta a Calvo en enero del 2018, no solo mostrando su "preocupación" por esta posible incompatibilidad, sino también para que el exalto cargo aclarara su situación profesional en Plataforma Educativa. El exdirector general de la DGAI contestó que no tenía "relación contractual, ni de prestación de servicios" con esta y que la organización donde trabajaba "no tiene ningún contrato con la Administración Pública". Este diario ha llamado a la sede de Plataforma Educativa de Girona y han explicado que normalmente está en esta dependencia por la mañana. 

El Protectorat de Fundacions, dependiente de la Conselleria de Justícia, también tiene abierto todavía  un expediente de información previa sobre la fundación FASI y la gestión de los fondos públicos que ha recibido. Fuentes de este departamento han asegurado que no tiene competencia para investigar las presuntas irregularidades en las adjudicaciones, pues es un tema contractual. Justícia solo puede rastrear si el destino del dinero fue gestionado debidamente, entre otros aspectos.