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PUERTA GIRATORIA EN AFERS SOCIALS

El exdirector de Infància ficha por la fundación a la que asignó contratos millonarios

Calvo vuelve tras su dimisión a la entidad a la que Afers Socials dio adjudicaciones millonarias cuando él dirigía la DGAIA

El sindicato CGT denuncia un caso de "puerta giratoria" y la "dudosa legalidad" del empleo

Teresa Pérez

Ricard Calvo durante una comparecencia en Lleida, el pasado abril. 

Ricard Calvo durante una comparecencia en Lleida, el pasado abril. 

Ricard Calvo, que dimitió el pasado mes de agosto como director general de Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), ha tardado solo tres meses en incorporarse a la fundación Plataforma Educativa a la que había estado vinculado laboralmente antes de incorporarse a la Generalitat. Calvo abandonó el cargo en la Administración y también el de concejal de Esquerra Republicana en el Ayuntamiento de Girona, tras ser cuestionado por el sector social de la Confederació General del Treball (CGT).

El sindicato lo denunció por "adjudicar y favorecer" al conglomerado de empresas de Plataforma Educativa, en el que figuran las fundaciones privadas Resilis y Acción Social Infancia (FASI), con contratos por valor de más de 100 millones de euros para gestionar centros de menores de Catalunya durante los próximos ocho años. Esta cifra representa, según la CGT, el 80% del total de los concursos públicos. Esta cuestionada gestión llegó hasta el Parlament de Catalunya donde al menos tres grupos políticos y dos sindicatos reclamaron la dimisión de Calvo.

El sindicato CGT ha censurado este martes este nuevo caso de "puertas giratorias" y también "la falta de ética y moral de Calvo por regresar a una empresa-fundación que recibió adjudicaciones de la DGAIA mientras él era director general". El exaltocargo había sido tesorero de Plataforma Educativa y también responsable técnico de proyectos en FASI. Calvo estaba en excedencia en esta última entidad.

Correo electrónico

Los trabajadores de la Plataforma Educativa conocieron 'el fichaje' de Calvo a través de un correo electrónico en el que se les informaba de que "desde el 15 de noviembre se incorpora a las oficinas centrales y se ocupará de la dirección técnica del grupo de entidades". Este diario ha intentado, sin éxito, durante este martes, tanto por teléfono como por correo electrónico, conocer la versión del exdirector general. No obstante, en la centralita de la entidad confirmaron su incorporación a plataforma.

Ley de incompatibilidades

El artículo 7 de la ley 13/2005 del régimen de incompatibilidades de los altos cargos al servicio de la Generalitat señala que "…durante los dos años siguientes al cese en el cargo para el ejercicio del cual han sido nombrados, elegidos o designados no pueden desarrollar actividades privadas relacionadas con los expedientes en la resolución de los cuales hayan intervenido directamente en el ejercicio del alto cargo…".  La CGT ha cuestionado "la dudosa legalidad del nuevo puesto de trabajo", pero sobre todo la "falta de ética" .

La exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies Dolors Bassa negó tajantemente en su día que Calvo estuviera "en la mesa de contratación" y también que su firma figurara en alguna adjudicación. Sin embargo, en la última comisión parlamentaria de Infància la representante de Ciutadans Laura Vílchez esgrimió, en presencia de Bassa, el documento de una adjudicación a FASI con la rúbrica del exresponsable de la DGAIA. Vílchez corroboró de nuevo este martes la existencia de este contrato así como "la eliminación" en su día de los contratos cuestionados de la web de contratación pública.

El pasado junio, cuando arreciaba la tormenta política por los contratos de la DGAIA, la entonces 'consellera' de Afers Socials no dudó en poner la mano en el fuego por Calvo, compañero de partido en ERC. Incluso llegó a afirmar que su departamento "buscó al mejor profesional para ocupar el cargo". Un mes después de haber emitido esta contundente sentencia, Bassa anunció que se había abierto un expediente informativo "para saber cuál es el destino de los recursos públicos". La CUP ya había alertado a Bassa de "este posible conflicto de intereses", pero debido a la falta de respuesta, llevó el caso a la Oficina Antifraude que según la exdiputada Gabriela Serra todavía no ha emitido su veredicto "debido a la disolución del Parlament de Catalunya". Calvo debía haber comparecido en la Cámara catalana el pasado julio para aclarar su gestión, pero pocas horas antes comunicó que no acudiría debido a una inoportuna enfermedad. 

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