Caso Serveis Socials: La Generalitat inicia una revisión de oficio de los sobresueldos

La Conselleria de Drets Socials de la Generalitat va a abrir una revisión de oficio para esclarecer los sobresueldos que cobraron algunos trabajadores del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, según han explicado fuentes de la 'conselleria' a EL PERIÓDICO. Estos sobresueldos han sido descubiertos tras tres informes de la Intervenció General de la Generalitat durante los años 2015, 2017 y 2019 a los que ha tenido acceso este diario, y casi ascienden al millón de euros. Sobre este tema, el Ayuntamiento de Barcelona señala a la Generalitat porque "es quien estableció la estructura retributiva'. Nada dice el 'Govern' sobre las contrataciones irregulares, que, en un primer informe de la Sindicatura de Comptes superan los 20 millones de euros.

"Somos los primeros interesados en esclarecer esta situación", explican a este diario fuentes de la Consellería'. La primera medida que han anunciado es una revisión de oficio de los sobresueldos detectados. Estos sobresueldos fueron primero hallados por una auditoría independiente, Faura Casas Auditors SL, y confirmó su existencia el informe de la Intervenció General de la Generalitat. No están justificados por ninguna tabla salarial ni cuentan con el aval de la dirección general de Función Pública. Ya entonces, la intervención pública los tildó de "nulos de pleno derecho". En 2015 esta retribución extra era de 352.379 euros; en el 2017, 328.726, y en el 2019, 256.000. 

En 2020, cuando los sueldos de todos los empleados se rigieron por el convenio único de la Generalitat, los sobresueldos fueron regularizados y avalados por Función Pública. Actualmente, se desconoce quién los percibió, y desde cuando se iban pagando estos complementos irregulares. Fuentes del consorcio creen que podrían ser unas cincuenta personas. A lo largo de estos años varias personalidades vinculadas a partidos políticos han trabajado en este ente.

Grupo de trabajo y reunión

Des de la Conselleria explican que están en contacto con el gerente del consorcio y han creado un grupo de trabajo para hacer un seguimiento de la situación. Además, está prevista una reunión entre la Generalitat que tiene el 60% de representación) y el Ayuntamiento de Barcelona (40%), según explican fuentes de la 'conselleria'. Precisamente el gobierno de Colau ha señalado directamente a la Generalitat: "es quién establece la estructura retributiva del consorcio", dicen fuentes municipales, que también insisten en que, a partir de 2018, promovieron "mejoras de gestión" aunque recalcan que faltaba personal. No está prevista ninguna medida concreta para abordar los contratos hechos a dedo. En 2014 la Sindicatura de Comptes afloró 20 contratos sin publicidad por valor de 20 millones de euros sin que estos estuviera justificado. Los años siguientes siguieron encontrando contratos con importantes irregularidades.

La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha afirmado en un acto público esta mañana que su departamento va a "seguir atento" a las intervenciones y auditorías que se sigan haciendo en el consorcio. "Me consta que todas las recomendaciones están subsanadas y son de carácter muy técnico", ha dicho la 'consellera', que se ha limitado a decir que, en los años venideros, seguirán "atentos" a lo que digan los informes. Esta misma mañana el PSC ha pedido que ella, y los antiguos responsables del ente comparezcan ante la comisión de Drets Socials del Parlament. Estas auditorías se empezaron a publicar en mayo de 2017, pero tienen lugar, en gran medida, durante los años en que tanto en la consellería de Bienestar Social como en el Ayuntamiento de Barcelona los máximos responsables eran políticos de Convergència i Unió. Cervera, la actual consellera, ha sido militante de Convergència, fue diputada por CiU desde 2012 a 2015 en el Parlament de Catalunya.