Organismo público
Caso Serveis Socials: así funciona el consorcio
Este ente, participado mayormente por la Generalitat, fue creado para atender a menores, mujeres y personas con alta vulnerabilidad social
Altos cargos de la antigua CiU y de ERC han sido responsables del Consorci mientras las auditorías registraban sobresueldos sin justificar y contratos irregulares
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
Elisenda Colell
Redactora
Periodista de desigualdades y exclusión social crecida en la redacción de informativos de la Cadena SER en Catalunya. Nací en Viu Comunicació y Cugat.cat.
Elisenda Colell , J. G. Albalat
El Consorci de Serveis Socials de Barcelona nació en 2006, época del primer tripartito, para gestionar y atender los servicios sociales especializados en la ciudad de Barcelona. Es un ente asociativo entre la Generalitat de Catalunya (60%) y el Ayuntamiento de Barcelona (40%) .
En 2013, antes de la primera auditoría, el consorcio atendía a 1.374 menores tutelados por la Generalitat, 276 personas con discapacidad, 44 mujeres y 43 hijos víctimas de violencia machista y valoraba 16.000 expedientes de dependencia. En 2019 la mayoría de servicios habían duplicado el número de atendidos. Se financia con aportaciones de la Generalitat (entre 40 y 55 millones de euros al año) y del Ayuntamiento de Barcelona (que aporta entre 1,7 y 2,3 millones de euros al año).
Según su organigrama, la responsabilidad "superior" del ente recae en el Consell de Govern que es el cargo más politizado del ente. Está presidido por el 'conseller/a' de la Generalitat de Drets Socials, vicepresidido por el responsable del ayuntamiento de este área y tiene nueve vocales (cinco elegidos por la Generalitat y tres por el ayuntamiento) que suelen ser altos cargos. En la vertiente más técnica se encuentra el gerente del consorcio, los jefes de área y los técnicos. Tanto en la vertiente política del Consell de Govern, como en la técnica, varias personalidades vinculadas a ERC y CiU han formado parte del ente.
Durante estos años, tres gestores han dirigido el consorcio.
Ramon Lamiel (ERC)
Gerente del consorcio (2008-2012) y director de planificación (2013). Actualmente es director general del Servei Català de Trànsit de la Conselleria d'Interior. Ha sido concejal por ERC en Campdevànol (Ripollès), trabajó en el grupo municipal de Barcelona con Jordi Portabella y en la Agència Catalana de Residus de la Generalitat, entre otros cargos.
Josep Pera (CiU)
Gerente del consorcio (2012-2017) durante la época en la que se detectan las primeras irregularidades. Firmó contratos de gestión por valor superior a 300.000 euros, incumpliendo la normativa de contratación porque no estaba habilitado para ello, cuando deberían de haberlo hecho las 'conselleres' Neus Munté y Dolors Bassa, entonces presidentas del ente. Fue concejal de Badalona por CiU y responsable de inmigración en Convergència Democràtica.
Joan Uribe
Gerente del consorcio (2017-...). No pertenece a ningún partido. Es doctor en Antropología Social por la Universitat de Barcelona y profesor asociado del mismo departamento. A los dos meses de ser nombrado, recibe el primer informe de la Sindicatura de Comptes que acredita importantes anomalías de gestión en la etapa anterior. Fue contratado para "poner orden" en el consorcio, según las fuentes consultadas.
Organigrama político
En la vertiente política, durante la época en que se empiezan a detectar las irregularidades, el ente estaba controlado por Convergència i Unió. La 'consellera' Neus Munté presidió el consorcio desde 2012 a 2016, y Maite Fandos fue la vicepresidenta en tanto que teniente de alcaldía del gobierno municipal de Barcelona desde 2011 hasta 2015. Hoy, Munté es concejala de Junts per Catalunya en el Ayuntamiento de Barcelona y Fandos trabaja en el gobierno de la Diputación de Barcelona.
A partir de 2016, el control del consocio pasó a manos de ERC, primero a través de la 'consellera' de Treball i Afers Socials Dolors Bassa, que fue cesada en octubre de 2017 por la aplicación del artículo 155. En 2018 asumió la presidencia el 'conseller' Chakir el Homrani. Tras la llegada de Ada Colau a la alcaldía de Barcelona, los 'comuns' entraron en el ente. En 2015 fue vicepresidenta la teniente de Derechos Sociales, Laia Ortiz, y en 2019 asumió el cargo Laura Pérez. Es en este nuevo contexto político cuando en marzo de 2017 Bassa y Ortiz nombraron al actual gerente, Joan Uribe.
A lo largo de los años en los que se detectan estas irregularidades dos de las trabajadoras de la estructura del consorcio tenían, también, vinculaciones políticas. Una de ellas es la actual secretaria general de la Conselleria de Feminismes i Igualtat, Georgina Oliva. Fue técnica del Servicio de Infancia y Mujer y coordinadora del Modelo Integral de Atención a la Infancia del consorcio desde 2008 hasta 2017. Ha sido diputada al Congreso por ERC (2006-2008), directora general de Atenció a la Infància y l'Adolescència de la Generalitat (2017-2018) y secretaria de Infància (2018-2021).También trabaja en este consorcio Immaculada Pérez como jefa del departamento jurídico del consorcio desde 2011. Fue directora general de Atención a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat (2003-2006) y secretaria de Infància (2006-2010) durante los gobiernos tripartitos.
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