Radiografía del sector público: No hay plaza para tanto interino

España es un país en el que no hay plaza para tanto interino. El abuso de la temporalidad en la función pública es un pecado reprendido por la Unión Europea en distintas ocasiones y por distintas vías. Lo han reconocido parlamentos autonómicos, lo han dicho micrófonos mediante políticos que actualmente se sientan en el Consejo de Ministros y hay casi 900.000 trabajadores con un contrato eventual que pueden dar cuenta de ello. Y pese a que nadie se atreve a negarlo, tampoco ha habido hasta ahora Gobierno que haya podido, querido o sabido ponerle el cascabel a ese gato. 

Maestros, administrativos, bibliotecarios, personal de las oficinas públicas de empleo… la eventualidad afecta al 28% de los trabajadores del sector público, según los últimos datos del INE referentes a 2020. Una temporalidad que supera en cinco puntos la registrada en el sector privado (23%). Entre las batas blancas de médicos, enfermeros o practicantes –tan aplaudidas desde los balcones durante esta pandemia- los contratos por días o el ir entrando y saliendo cada poco son habituales; hasta el punto de que uno de cada 10 de los profesionales sanitarios tiene un contrato de menos de tres meses. 

Así afecta a los interinos la nueva reforma convalidada por el Congreso

La temporalidad en el sector público se concentra especialmente en aquellos servicios gestionados desde las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que a su vez emplean al 80% de los trabajadores de la función pública. Pues es en los dos grandes pilares del Estado del Bienestar, en la sanidad y en la educación, donde se concentran tasas de temporalidad muy elevadas: del 41,9% y 29,1%, respectivamente, según los últimos datos del INE. 

La administración central ya cumple actualmente con su compromiso de no superar el 8% de interinos. Su principal problema es otro: el envejecimiento de sus plantillas. Hasta el punto de que, según denuncia el sindicato CSIF, la mitad de los funcionarios de la Administración General del Estado estarán en edad de jubilarse de aquí a una década.

Una lacra que viene de lejos

Una semana después (el 19 de marzo) de que el país entero fuera confinado en sus casas por el covid, el Tribunal Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitía el último y más contundente correctivo a la función pública española. Tres años después de que un informático interino, con más de una década sin plaza fija, se liara la manta a la cabeza y peleará su caso hasta instancias europeas, el TJUE consideraba acreditado que el Reino España estaba incurriendo en un abuso de la temporalidad. 

Las congelaciones de oposiciones durante el mandato de Mariano Rajoy ahondaron en la falta de convocatorias para cubrir plazas estructurales. Y es que las tasas de reposición, fijadas anualmente desde el Gobierno central, fueron del 0% entre el 2012 y el 2015; lo que derivó en muchos casos en que ese trabajo estructural desatendido lo acabaron o continuaron realizando interinos. 

No obstante, la elevada eventualidad en la función pública es previa a los recortes adoptados tras la caída de Goldman Sachs y el estallido de la crisis inmobiliaria. Pues en 2006, dos años antes de que el modelo económico apoyado en el tocho saltara por los aires, en España la eventualidad en el sector público ya era del 26,5%.  

Los fondos europeos, aviso y oportunidad

Uno de los principales retos que tiene encima de la mesa el nuevo ministro de Función Pública y Política Territorial, Miquel Iceta, es reducir esos altos índices de temporalidad. Europa así se lo demanda a España y a ello se ha comprometido el Ejecutivo. Así consta en las 211 páginas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha elaborado el Gobierno para su remisión a Bruselas antes del 30 de abril. Y de este depende parte de la llegada de los 140.000 millones de euros prometidos de los fondos NextGeneration EU.

Figura el compromiso, pero no la fórmula que conseguirá rebajar esos altos niveles de eventualidad. Pues el documento fía dicha maniobra a “una importante modernización de las Administraciones públicas, entre otros elementos, orientada a reducir la temporalidad en el sector público”.