28 may 2020

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Testimonios

Interinos tras la sentencia del TJUE: "Menos aplausos y más estabilidad"

La justicia europea sentencia que España realiza un uso abusivo de la figura del eventual en la Administración y en EL PERIÓDICO hablamos con dos testimonios

Sara Ledo / Gabriel Ubieto

Manifestación de trabajadores interinos del sector público que exigen procesos de estabilización de plantillas.

Manifestación de trabajadores interinos del sector público que exigen procesos de estabilización de plantillas. / Joan Mateu (El Periódico)

El TJUE ha sentenciado este jueves que España realiza un uso abusivo de la figura del interino y el eventual en la administración. El tribunal europeo ha hecho suyas las conclusiones expresadas hace meses por la abogada general del la Unión Europea y ha dado la razón a cientos de miles de trabajadores eventuales que llevan años desempeñando funciones estructurales en todas las esferas del sector público, desde la Administración General del Estado, hasta los ayuntamientos, pasando por las comunidades autónomas, los servicios sanitarios o los docentes. Más de uno de cada cuatro empleados del sector público tiene un contrato temporal. En EL PERIÓDICO hemos hablado con dos testimonios de territorios y organismos públicos diferentes para conocer su historia.

Domingo Sánchez Ruiz: “Menos aplausos y más estabilidad”

Domingo Sánchez Ruiz lleva toda una vida como informático interino en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Se ocupa de que ningún fallo pueda alterar la información clínica del hospital. Un trabajo "muy especializado y muy crítico" al que llegó hace veinte años, cuando el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) le contrató para una vacante pendiente de oposición en un año o dos. Desde entontes hasta hoy nunca se llegó a sacar su plaza a concurso.

Él es uno de los interinos cuya denuncia se elevó a Bruselas a los que este jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) les ha dado la razón. En el año 2002, las competencias sanitarias se transfirieron a las comunidades autónomas y, a partir de entonces, la Comunidad de Madrid –según el relato de Sánchez— no solo no convocaba procesos selectivos sino que empezó a privatizar.

Fue en el año 2007 cuando se empezaron a movilizar, en asociaciones, pero los tribunales españoles tampoco les daban la razón. Huelgas, manifestaciones... no encontraban ninguna solución hasta que un compañero, que había estudiado derecho, cayó en que Europa no permitía estos comportamientos y apareció la posibilidad de llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero tampoco fue fácil. En 2017 empezaron el proceso pero "todos los abogados" les decían "que nadie arriesgaría su futuro diciendo que la jurisprudencia española iba en contra la europea".

Tres años más tarde le han dado la razón. ¿Y ahora qué va a pasar? "La sentencia no deja lugar a dudas, hay abuso y tiene que haber sanción", reconoce. La pelota está ahora en el tejado de los tribunales españoles a quienes les corresponde determinar qué medida aplicar. "En mi caso ya me da igual, pero sería una pena que los médicos sigan con esta agonía y esta angustia", afirma. Según los datos del despacho de abogados Javier Arauz, encargado de llevar esta causa, los servicios de Urgencias de Madrid tienen una temporalidad del 90%. "A los médicos de urgencias habría que darles menos aplausos y darles la estabilidad", advierte.

Elisabeth Ramos: “En el Parlament para otras cosas han sabido buscar soluciones creativas”

Elisabeth Ramos lleva 20 años como interina en la Generalitat de Catalunya como asesora jurídica en el Departament de Educació. "Me han ido cambiando de plaza, pero el puesto de trabajo ha sido siempre el mismo", cuenta. Entró con el inicio de siglo y la idea de sacarse pronto la oposición. Se quedó embarazada de su primera niña al cabo de poco y en casa las pequeñas acabaron siendo tres. Una vez estas crecen lo suficiente para que Ramos se planteé volver a prepararse las oposiciones estalla la crisis. "Llevan 11 años sin convocar nuevas plazas en mi departamento", afirma.

La sentencia del TJUE, pese a que no ha decretado la estabilización que pedían muchos interinos, ha reafirmado a Ramos en sus reivindicaciones. "Con 20 años de experiencia no tengo que demostrar que soy valida. Además, a un interino no hay que pagarle indemnización. Si no lo fuera ya me habrían echado", cuenta. Con el fallo europeo ya en firme, Ramos procederá por el contencioso administrativo a que se reconozca el uso abusivo que considera que la Administración ha hecho en su caso. "En lo único que creo ahora, desgraciadamente, es en la justicia", declara.

Una gestión que no le asegurará la plaza, pero que puede reconocerle un derecho a indemnización en un futuro si acaba siendo reemplazada por un funcionario de carrera. A la Generalitat le pide que haga caso de la sentencia del TJUE y habilite algún mecanismo para estabilizar a todos los interinos que llevan años en dicha situación. "En el Parlament para otras cosas han sabido buscar soluciones creativas", apunta.