Reforma educativa

El Senado aprueba definitivamente la 'ley Celaá'

  • La Cámara alta no admite ninguna de las enmiendas, así que la reforma educativa entrará en vigor una vez se publique en el BOE

  • El debate político se convierte, una vez más, en un frontón con posturas inamovibles

La ministra de Educación, Isabel Celaá, hoy en el Senado

La ministra de Educación, Isabel Celaá, hoy en el Senado / Europa Press / Eduardo Parra

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La 'ley Celaá' (LOMLOE) ya es una realidad. El Senado ha aprobado definitivamente esta tarde por 142 votos a favor, 112 en contra y 9 abstenciones la nueva norma de educación, que no regresará al Congreso porque no se cambiará ni una solo artículo al no admitirse ninguna de las más de 600 enmiendas presentadas por los diferentes grupos en la Cámara alta. La reforma educativa -la octava de la democracia- saldrá publicada en el BOE y entrará en vigor. A partir de ese momento, la educación pública será el eje vertebrador del sistema (actualmente, la escolarización pública es del 67% mientras que la media de la UE alcanza el 81%). La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, compareció ante la prensa tras la votación. Visiblemente emocionada, aseguró que la reforma educativa implica la modernización del sistema educativo y garantiza la libertad de las familias a la hora de escoger la educación de sus hijos. "No es una ley en contra de nadie", resaltó. "Estamos en un estado de Derecho y las leyes están para cumplirse", advirtió ante la pregunta sobre los posibles sorteos que plantea el PP para minimizar su aplicación en las comunidades en las que gobiernan.

La LOMLOE implica la derogación de la 'ley Wert' (LOMCE), una norma que no gusta a nadie. ¿Gusta más la 'ley Celaá'? El debate en el Senado -donde el texto ha tenido los mismos apoyos políticos que en la Cámara baja: PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País- ha demostrado, una vez más, que las posturas son inamovibles. Igual que en la calle, donde la escuela concertada -que se siente amenazada- se ha manifestado en varias ocasiones en contra del proyecto.

Cada partido interpreta de una manera la ley. JxCat, por ejemplo, ha optado por la abstención porque, entre otras cosas, asume que la ley no blinda la inmersión lingüística en Catalunya. "No la hace intocable", ha criticado la senadora Assumpció Castellví. Sin embargo, Adelina Escandell (ERC) ha destacado lo contrario, que el sistema catalán quedará blindado gracias a la 'ley Celaá'.

PP, Cs y Vox -que votaron en contra, junto con el Partido Aragonés (PAR) y el Regionalista Cántabro (PRC)- han criticado con dureza la norma porque, en su opinión, resta libertad a los padres y amenaza a la concertada. La ley no cierra ningún colegio concertado ni quita plazas. Lo que sí hace es quitar la expresión 'demanda social', requisito incluido en la LOMCE ('ley Wert') para permitir a la concertada sacar más plazas. La reforma educativa insta a la concertada a asumir su compromiso social con la educación, incluida la escolarización de alumnos de familias más desfavorecidas económicamente. "Han vendido la educación de nuestros hijos por un puñado de votos", reprochó Lorena Roldán (Cs) en referencia a las enmiendas propuestas por ERC en el Congreso y aceptadas por PSOE y Unidas Podemos. Una de esas enmiendas se refieren a que se retira la expresión "lengua vehicular" referida al castellano. Los defensores de la ley aseguran que la inmersión será flexible. Los alumnos terminarán sus estudios con plenas competencias tanto en castellano como en catalán y si tiene algún dificultad, la escuela deberá facilitarles apoyo para subsanarla. Otra enmienda propuesta por ERC implica la nula financiación que tendrán los colegios concertados que separan por sexo (unos 80 en toda España, todos ellos bajo la órbita del Opus Dei), un punto que, muy posiblemente, tenga fricción en los tribunales ya que el Constitucional dejó claro que la llamada educación diferenciada es un modelo más y que, por lo tanto, debe ser financiado.

La senadora de Cs insistió en la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que ordena a la Generalitat garantizar que todos los alumnos reciban un mínimo de 25% de clases en castellano como lengua vehicular, tras constatar que su uso es "residual" y solo llegan a ese porcentaje el 2% de las escuelas.

Mientras, Pablo Ruz (PP) calificó de "inmoral" al Gobierno por presentar la LOMLOE y tramitarla "de manera precipitada". El texto es, en su opinión, "una infamia que va contra el mérito, la exigencia y la pluralidad". La 'ley Celaá' convierte la repetición de curso (un verdadero problema en España) en algo completamente excepcional y apuesta por una evaluación continua y colegiada. El texto permite a los alumnos de ESO pasar de curso con dos asignaturas suspendidas como máximo, lo mismo que dictaminaba la 'ley Wert', que, eso sí, obligaba a repetir curso con tres materias suspendidas. Con la futura norma, los estudiantes podrán titularse en Bachillerato con una asignatura suspendida.

Educación especial

Otro de los puntos de mayor fricción en el debate del Senado fue el de la educación especial. La ley Celaá no cierra los centros específicos sino que, con le objetivo de la inclusión, concede un plazo de 10 años para que las escuelas ordinarias tengan recursos como para afrontar la escolarización de estudiantes con necesidades especiales. El bloque de la derecha, sin embargo, asume que esos colegios cerrarán

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Cuando la LOMLOE entre en vigor -habrá que esperar a que se aprueben los reglamentos que la desarrollen- los centros educativos seguirán ofreciendo religión (una opción escogida por el 63% de los alumnos). Sin embargo, no contará para nota ni para el acceso a las becas. Tampoco tendrá una asignatura espejo. Lo que sí tendrán todos los alumnos es una asignatura obligatoria de valores cívicos y éticos.

La 'ley Celaá' hace desaparecer los llamados itinerarios en la secundaria, que implicaban a los alumnos con menos capacidades a tomar un camino escolar de menor rango académico e incorpora una nueva modalidad de Bachillerato (el general).