26 nov 2020

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ÚLTIMO TRÁMITE PARLAMENTARIO

Qué es la 'ley Celaá' y cuáles son sus 6 puntos más polémicos

La nueva norma de educación, que se aprueba el jueves en el Congreso, empodera la escuela pública, modifica el Bachillerato y convierte la repetición de curso en algo excepcional

Olga Pereda

Alumnos de un centro escolar en el Vallès Oriental, guardando las distancias de seguridad por la normativa covid.

Alumnos de un centro escolar en el Vallès Oriental, guardando las distancias de seguridad por la normativa covid. / ANNA MAS

La LOMLOE empieza a ser una realidad. La nueva ley de educación, cuyo proyecto aprobó el Gobierno socialista en su primer mandato, se tenía que haber debatido en el Parlamento en enero del 2019. La convocatoria de elecciones y el parón legislativo la metió en un cajón. Hasta ahora. El Congreso de los Diputados la ratificará este jueves y después será remitida al Senado. PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Más País y Bildu apoyan la norma, detestada en las filas de PP, Ciudadanos y Vox.

Una vez que entre en vigor -habrá que esperar a los reglamentos que la desarrollen- será la octava ley educativa de la democracia e implicará la práctica derogación de la LOMCE, conocida como 'ley Wert' por el apellido del ministro del PP. Fue aprobada en el 2013 solo con los votos parlamentarios del PP. El paso del tiempo ha demostrado ser un texto que no le gusta a nadie. ¿Gusta más la LOMLOE? Depende a quién se pregunte.

Escuela pública y concertada

La ley pretende convertir la educación pública en el eje vertebrador del sistema. Actualmente, la escolarización pública es del 67% mientras que la media de la UE alcanza el 81%. El objetivo es aproximarse al porcentaje europeo. En ningún momento, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha dicho que la LOMLOE implica la desaparición de los coles concertados. Pero la escuela concertada -centros de titularidad privada subvencionados con fondos públicos- está en plena guerra. Consideran que la ley es ambigua y que deja en manos de las comunidades autónomas la posibilidad de quitar plazas en la concertada para aumentar las de la pública. La ley anima a la cesión de suelo público para construir solo escuelas públicas -y deroga la posibilidad prevista por la 'ley Wert' de que se pudiera ceder suelo público para centros privados- y quita la expresión 'demanda social', requisito incluido en la LOMCE para permitir a la concertada sacar más plazas. La norma insta a la concertada a asumir su compromiso social con la educación, incluida la escolarización de alumnos de familias más desfavorecidas económicamente.

Separados por sexo

Los coles concertados que separan a los niños por sexo (en toda España hay unos 80 y son de la órbita del Opus Dei) no podrán seguir recibiendo fondos públicos. El proyecto de ley que salió del Ministerio de Educación decía que "preferentemente" se concertarán aquellas escuelas que no separan por sexo. En el debate parlamentario, de la mano de una enmienda de ERC, se pactó prohibir directamente el concierto a este tipo de educación. Posiblemente, el Gobierno encuentre aquí un problema legal porque el Tribunal Constitucional falló en su día que la educación diferenciada es un modelo educativo más.

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Educación especial

Todos los diputados de PSOE y Unidas Podemos aseguran que los coles de educación especial no se van a cerrar y que afirmar lo contrario es una 'fake news'. Sin embargo, los partidos políticos de la oposición y las familias de niños con necesidades especiales se han puesto en pie de guerra. En su opinión, la norma es ambigua y, en el fondo, pretende vaciar esos centros. La ley, efectivamente, apuesta por la inclusión. En ningún momento se habla de cerrar esos centros sino de conceder un plazo de 10 años para que los coles ordinarios se doten de recursos suficientes -ayudados por la experiencia acumulada de los centros de educación especial- como para atender a niños con algún tipo de trastorno. Actualmente, hay familias que apuestan por escolaridad a sus hijos en coles ordinarios y otras por lo contrario, dos opciones en las que tiene mucho que ver el grado de dependencia y el diagnóstico médico de sus críos.

Bachillerato y reválidas

Ahora mismo hay tres tipos de bachillerato: Humanidades y Ciencias Sociales, Artes y Ciencias (disciplina esta última a la que se añadirá Tecnología). Una vez que la nueva LOMLOE entre en vigor habrá un cuarto tipo: el bachillerato general, en el que los estudiantes podrán recibir contenidos combinados de los tres modelos ya vigentes. Los estudiantes de las cuatro modalidades podrán obtener el título a pesar de tener una asignatura suspendida (una sola). En casos muy excepcionales, bachillerato se podrá estudiar en tres años en lugar de dos. La ley elimina las reválidas (cuatro días de exámenes) impuestas en la época del ministro Wert y las sustituye por unas pruebas de diagnóstico en 4º de primaria y 2º de ESO. También hace desaparecer los llamados itinerarios en la secundaria, que implicaban a los alumnos con menos capacidades a tomar un camino escolar de menor rango académico. La norma pretende reducir el alto índice de repetición (28% frente al 11% de la OCDE), así que a partir de ahora repetir curso será completamente excepcional. El espíritu de la ley es la de "modernizar" el sistema educativo, así que insta a las autoridades a encaminar los currículos hacia un modelo más competencial y menos memorístico.

Castellano y catalán

Los dos partidos del Gobierno pactaron un enmienda con ERC para eliminar la referencia expresa a que el castellano sea la lengua vehicular en la enseñanza. Es uno de los aspectos que más bronca política ha provocado, aunque, en realidad, pocas cosas van a cambiar en el día a día de los coles. El objetivo de ERC es blindar la inmersión lingüística catalana, un método que evita la segregación social y que los partidos de la derecha siempre han intentado torpedear, incluso con ingeniería legislativa. En realidad, lo que implicará la ley es lo que ya sucede en la realidad: que los alumnos terminen la educación obligatoria con perfecto conocimiento tanto del castellano como del catalán. Si algún alumno o alumna tiene carencias en alguno de los dos idiomas, los centros educativos impulsarán medidas para compensar esas lagunas. El objetivo es el pleno dominio bilingüe. Es decir, la inmersión sigue vigente, pero será flexible y compensada.

 

Religión

Los centros educativos seguirán ofreciendo religión (una opción escogida por el 63% de los alumnos, más bien sus familias). Sin embargo, no contará para nota ni para el acceso a las becas. Tampoco tendrá una asignatura espejo. Lo que sí tendrán todos los alumnos es una asignatura obligatoria de valores cívicos y éticos.