21 oct 2020

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CRISIS SANITARIA

Los geriátricos catalanes, "al límite" por los impagos del Govern

La Generalitat prometió fondos extra por las secuelas de la pandemia que aún no han sido abonados

"Muchas residencias no saben como pagarán las nóminas de noviembre", avisan dos federaciones

Elisenda Colell

La residencia de ancianos La Pau (Barcelona), el pasado mayo.

La residencia de ancianos La Pau (Barcelona), el pasado mayo. / FERRAN NADEU

Las residencias geriátricas y los centros de día catalanes acumulan una deuda millonaria que la Generalitat no ha subsanado aún. A las puertas del invierno, el Govern debe tres meses de las ayudas comprometidas en julio con el sector para cubrir los costes durante los picos de la pandemia del covid-19. Las tres grandes patronales, que agrupan a un millar de geriátricos, denuncian la grave situación mientras tratan de reforzar sus equipos ante la segunda oleada de la pandemia. Algunos geriátricos se han endeudado y otros no saben cómo pagarán las nóminas de noviembre. El Govern dice que se trata de un "retraso" puntual, y promete que el dinero se va a pagar lo antes posible.

El 28 de julio, el 'president' Quim Torra y el 'conseller' d'Afers Socials, Chackir el Homrani, acordaron activar dos ayudas para los servicios que atienden personas dependientes tras los estragos sufridos este 2020. A través de un decreto de ley, perseguían corregir los costes que muchos geriátricos asumiron en la contratación de más personal, comprar equipos de protección para evitar contagios entre ancianos y cuidadores. Se fijó una ayuda de 196 euros mensuales para cada plaza geriátrica y de 60 por ususario para las de centros de día. Unos recursos que algunas entidades calificaron de "insuficientes".

Camas vacías

La segunda ayuda prometida pretendía asegurar la tesorería de los geriátricos ante las restricciones que suponía la nueva normalidad . Desde mediados de marzo pocas familias han logrado una nueva plaza para un pariente. El Departament de Salut, además, impuso un porcentaje de camas que debían permanecer vacías en cada centro para garantizar el aislamiento de contagiados y garantizar las cuarentenas. El Govern se comprometió a financiar al 80% las plazas que quedaron vacías, para evitar despidos de empleados.

Las ayudas prometidas no llegaron ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre. "Estamos al límite, muchas residencias no saben cómo pagaran las deudas de noviembre si el Govern no financia los meses atrasados", dice sin tapujos el presidente la Unió de Petites i Mitjanes Residències de Catalunya (UPIMIR), Vicente Botella. Se suman al aviso la Federació d'Entitats de la Tercera Edat (FEATE) y la gran patronal ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials).

Deudas y créditos

"El problema no es tan solo que no nos paguen, es que no sabemos ni tan siquiera como se tienen que hacer las facturas para cobrar", se queja Montserrat Falguera, portavoz de Feate. Las instrucciones de pago, de hecho, han llegado este mismo viernes. Mientras que Cinta Pascual, presidenta de ACRA, sostiene que los centros que más están sufriendo estos impagos son los diurnos, muchos aún no han podido ni abrir sus puertas. "Yo confío que esto se va a resolver a finales de octubre, sino tendremos un problema", advierte Pascual. "Esto implica un grave problema en la tesorería de muchas residencias que no tienen ahorros, y hay muchas que para poder seguir abiertas este invierno ya han tenido que pedir créditos", se queja Falguera. Una realidad que también constata Botella.

Hace una semana, las entidades estallaron en una reunión con el secretario de Afers Socials del Govern, Francesc Iglesias. "Nos prometieron que el lunes 5 enviarían  las instrucciones para hacer las facturas, pero no nos ha llegado aún", se queja Botella. El miércoles, en otro encuentro con el sector, la misma directora general de autonomía personal, Aina Plaza, se excusó por los retrasos debido a "problemas con los interventores", cuentan fuentes del encuentro.

El Govern niega los impagos

Este mismo viernes el Govern ha publicado las instrucciones para que, entidades y empresas, puedan empezar a hacer sus facturas, para que más tarde la Generalitat las financie. "Se ha tenido que establecer el sistema para hacerlo posible, esta facturación no estava prevista", se defienden fuentes de Afers Socials. "No ha habido ningun impago, las patronales de las residencias saben que este dinero se va a cobrar", añaden las mismas fuentes, que explican que muchos servicios públicos se pagan con dos meses de retraso, como está ocurriendo en este caso. También recuerdan que la Generalitat ha seguido haciendo aportaciones a algunos servicios de la dependencia que permanecieron cerrados durante el confinamiento, por ejemplo los centros de día.

Servicios olvidados

Hay otros servicios sociales que también han afrontado la pandemia del coronavirus que no recibirán ninguna prestación alternativa. Esta es la principal queja de la Confederació del Tercer Sector, la patronal que agrupa las entidades sociales, que ya en mayo calculó que las oenegés en Catalunya tuvieron que invertir 85 millones de euros para hacer frente al covid-19. "Las entidades que atienden menores, los centros de mujeres víctimas de violencia machista, los hogares para drogodependientes... nadie les va a devolver nada, y han tenido costes brutales por la pandemia", se queja Laia Grabulosa, directora de la confederación. 

Carencias que vienen de lejos

Hace varios años que entidades, empresas y sindicatos pelean con la Generalitat para que mejore la financiación de recursos para la atención de mayores dependientes. "Parece que tras la pandemia este tema se ha olvidado, aunque la crisis sanitaria lo hace más necesario que nunca", lamenta Cinta Pascual. "Si ya entonces decíamos que perdíamos dinero, ahora ni te cuento. Estos servicios públicos así no se pueden sostener", añade Botella.

Los meses de la pandemia han registrado buenas palabra y nula acción. El eco llegó al reciente pleno monográfico delParlament sobre la crisis de las residencias. Todos los partidos pidieron un pacto para mejorar los recursos y el sistema de atención a los dependientes. "Pero de momento, todo sigue igual de mal", asume Botella.