Patronal y sindicatos de la dependencia protestan ante el "colapso" del sector

Enésima concentración este jueves en la plaza de Sant Jaume, ante el despacho del president Quim Torra, por parte del sector encargado de la atención a las personas dependientes, especialmente a gente mayor. "El sistema ha colapsado, el Govern lo sabe y las respuestas que dan son insuficientes", ha clamado el responsable de la UGT Javier Moreno. La Generalitat se defiende y atribuye la situación a las nulas ayudas estatales, la prórroga presupuestaria. Defiende el aumento prometido que, de media, no llega al 7%.

CCOO, UGT y seis confederaciones que agrupan a entidades y empresas que atienden a las personas dependientes han protestado contra la falta de previsión y las galopantes listas de espera que dificultan la atención digna y equitativa de las personas con dependencia, especialmente los abuelos. "Actualmente la situación es muy complicada, llevamos 10 años con las tarifas públicas congeladas y el sistema se sostiene con la voluntad y el empeño de los trabajadores", ha denunciado Cinta Pascual la directora de la principal patronal, la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA).

Según Pascual, las residencias públicas solo dan alojamiento al 30% de las personas que disponen de una plaza reconocida por la ley. "El 70% restante son usuarios que están en residencias concertadas", ha asegurado. Estas son las plazas que el Govern paga a los centros privados. Y los fondos que reciben estos equipamientos son los mismos que tenían asignados en el 2010, aunque los costes son superiores. En total, hay 65.000 catalanes viviendo en residencias financiadas por la administración, según el sector. 

Unas 70.000 personas trabajan en la dependencia. "Los trabajadores están cobrando 900 euros al mes netos", ha lamentado Javier Moreno, de UGT, que ha destacado que hay una desbandada de profesionales debido a las pésimas condiciones laborales. "Sobre todo faltan enfermeros y gerocultores (cuidadores geriátricos), que optan por ir ala sistema sanitario público o incluso a Mercadona, donde se cobra mucho más". Los representantes sindicales son conscientes de que no podrán mejorar las condiciones laborales mientras no aumenten los fondos de las tarifas que la Generalitat paga a las entidades y las empresas.

Esta reivindicación no es nueva, hace ya dos años el sector reclamó un aumento de 300 millones de euros para que "la atención de la gente mayor se ponga en el centro de las políticas públicas". A principios de año, el 'conseller' de Afers Socials, Chakir el Homrani, se reunió con todos ellos para elaborar una hoja de ruta a seis meses vista. La oferta que han recibido ahora es que la Generalitat pague lo mismo para las personas que tienen un grado severo (catalogado de nivel 3) que para los del grado moderado (nivel 2). De media, según los mismos datos de la ‘conselleria’, supone un aumento del 6,3% en su financiación. "Es totalmente insuficiente", ha clamado el sector al unísono. 

La Generalitat ha reaccionado a la protesta. "Compartimos la voluntad de mejora y dignificación del sector, especialmente de las condiciones laborales y la calidad de la atención", dicen desde Afers Socials. Aun así, insisten en que el Estado no aporta lo que debería, y lleva "sometiendo a las comunidades autónomas desde el 2011". Aunque la ley dicta que el Estado debería pagar la mitad de los fondos de la dependencia, en estos momentos solo ofrecen el 13% del total, según la Generalitat. También achacan el problema a la falta de presupuestos catalanes en los últimos tres años. "Esto condiciona fuertemente la capacidad del Govern de dar un giro a la financiación de la dependencia".

Fuentes del departamento han defendido, no obstante, que se han creado 3.500 plazas en residencias desde el 2017 y que en las cinco residencias licitadas este año en Barcelona su aportación financiera ha sido un 10% superior a las de actuaciones anteriores. En las prórrogas que se tramiten para los centros cara al año que viene, la aportación de la Administración catalana subirá el 2,5%, han agregado. Las mismas fuentes han confirmado la medida avanzada por el sector y han explicado que esto supondrà aumentar los fondos para el 51% de personas que viven en geriátricos. «Estamos planteando mejoras a tres años vista y queremos tener un marco más positivo de aquí a siete años», han concluido.