La lista de espera de la dependencia en Catalunya se eterniza tras el coronavirus

Lo advirtió sin paños calientes el 'conseller' d'Afers Socials, Chakir el Homrani, hace pocas semanas en una rueda de prensa: "El cierre de las residencias impactará en la lista de espera de la dependencia en Catalunya, pero la medida es necesaria". Hoy lo confirman los datos del Govern, que suman 726 personas nuevas en espera desde este mes de julio, a los que hay que añadir cientos de familias que esperaban un recurso antes de la pandemia, y siguen aguardando. El sistema de la dependencia se paralizó durante varios meses dedicándose a encerrar a los que ya estaban atendidos. Las familias se reconocen "agotadas", al verse incapaces de seguir cuidando a sus mayores durante tantos meses. Necesitan una atención profesional urgente. 

A principios de marzo, según los datos de la Generalitat, 19.866 ancianos esperaban para entrar en una residencia pública en Catalunya. A inicios de julio son ya 20.592. Se rompe pues la tendencia decreciente de los últimos meses, donde en el sistema catalán de la dependencia han desaparecido 8.473 personas de los registros oficiales del Imserso. "Ha habido una debacle... se han muerto muchísimas personas que necesitaban atención y que no la tuvieron, necesitamos más recursos porqué cada vez habrá más dependientes en Catalunya, y esto no puede volver a ocurrir", explica el presidente de la Asociación de Directores de Centros y Servicios a la Dependencia en Catalunya, Andrés Rueda.

Cierre a cal y canto

La situación actual responde a varios factores. En marzo los centros cerraron a cal y canto, evitando cualquier nuevo ingreso que pudiera conllevar más infecciones del coronavirus. Unas restricciones que se mantienen aún en El Segrià, Barcelona, y los 11 municipios metropolitanos donde hay transmisión comunitaria del coronavirus. El Govern también clausuró los equipos de valoración de grados, impidiendo además, generar nuevas solicitudes, hasta el 8 de junio. Y durante estos meses, las personas dependientes que han sobrevivido al virus han decaído de una forma notable en su estado de salud, necesitando pues, más servicios.

Por eso, el reto es que el sistema sea capaz de reconducir este aumento de la demanda. "Constantemente estamos recibiendo llamadas de familiares que llevan muchos meses en lista de espera y nos preguntan cuándo podrán acceder a la plaza", explica Vicente Botella, presidente de la Unió de Petites i Mitjanes Residències (UPIMIR). Una realidad que también constata Cinta Pascual, presidenta de la patronal ACRA: "Hay familias que llevan muchos meses esperando, y necesitan poder llevar a sus familiares a algún centro donde les puedan atender correctamente durante todo el día". 

Los nuevos ingresos se hacen a cuentagotas. En Barcelona y su área metropolitan y el Segrià directamente están prohibidos mientras duren las restricciones fijadas por el Govern para evitar la propagación del virus donde ya hay una transmissión comunitaria. "Tenemos muchas camas vacías, porque ha habido muchas defunciones en estos últimos tres meses", añade Pascual, que también ve un problema de viabilidad del sector, especialmente en las residencias privadas.

"Las residencias tienen los mismos gastos, o incluso más que antes, pero no hay ingresos... Si no se pueden trasladar más usuarios, está en juego la viabilidad y el futuro de las residencias", expone. "Trabajamos con el sector para compatibilizar la máxima protección de los residentes y la entrada de nuevos usuarios", responde Aina Plaza, directora general de l’Autonomia Personal i la Discapacitat del Govern.

Mientras tanto, quien sufre esta realidad son los familiares que cuidan a los dependientes. Se han clausurado residencias y centros de día, los que permitían dar un respiro a muchas familias para atender a su padre, madre o abuelo. "Estamos agotados, este veto está siendo horrible", se sincera Imma Fernández, directora de la Federación de familiares de enfermos de Alzheimer.

La trabajadora social de la entidad, Montse Sánchez asegura que el desasosiego entre los cuidadores es máximo. "Los que no han fallecido, han pegado un bajón considerable en estos tres meses... el deterioro de la enfermedad ha avanzado de tal manera que necesitan o revisar el grado, o entrar en la residencia por la que ya llevaban meses esperando, pero el sistema esta paralizado y colapsado", explica.

Los ancianos no son los únicos atrapados por este embudo. "Tenemos 70 personas esperando para hacer un ingreso", explica Raúl Olivera, coordinador del área social de la entidad Som Fundació, que atiende a personas con discapacidad intelectual. Olivera cuenta el caso de un chico que en septiembre del año pasado pidió una valoración de grado. "En marzo se suspendió, y ahora aún seguimos esperando". 

Las residencias para discapacitados, además, necesitan un protocolo específico que regule la situación de sus usuarios. Por el momento, aplican la misma norma que los geriátricos. Una de las incompatibilidades, por ejemplo, es la laboral. "Les han prohibido ir al centro ocupacional, ienen los mismos derechos para hacerlo, no se les escucha porque no tienen voz", lamenta Olivera. 

"Lo peor es sentir que estamos solos"

En agosto del año pasado, Carme, una vecina de Badalona de 84 años, sufrió su enésimo ictus, que le desarrolló una demencia vascular. "Hasta entonces era autónoma, cocinaba, y hacía un poco su vida, pero ahora ya no sigue el hilo de las conversaciones, tiene muy poca consciencia y necesita alguien que la cuide", cuenta su nuera, Dolors Garrido. La casa de Carme no está adaptada para personas con poca mobilidad.

"Diez meses después recibí la valoración de la dependencia, y era de otra persona"

Dolors Garrido

Poco después de salir del hospital, la familia solicitó hacer una valoración de grado para que los servicios sociales determinaran el grado de dependencia de la mujer, y así poder acceder a alguna ayuda pública para atenderla. Diez meses más tarde han logrado hacer la valoración. "Hace pocos días recibí la resolución, y resulta que era de otra persona", se queja Dolors. "Nosotros pedimos saber el grado que tenía porque, en función del estado, nos plantearíamos llevarla a una residencia". 

Esta historia explica muy bien el colapso que vive el servicio a la dependencia. En vista de la falta de respuestas de la administración, la familia se hace cargo de la mujer con la ayuda de un asistente personal. Les cuesta cerca de 1.500 euros al mes. "De momento nos lo podemos ir permitiendo entre todos los hijos. Lo peor es sentirte completamente solo, que nadie te hace caso", lamenta Garrido.

En cambio, a la familia de Esther (82 años) no le ha quedado otra opción que ingresarla una residencia privada. La mujer, sin hijos, vivía en un piso asistido para mayores. "El año pasado ingresó en el hospital Sant Pau por un golpe, y a partir de allí se alojó en un centro sociosanitario", explica su sobrino. "Sufre muchas caídas y necesita apoyos durante todo el día".

Hace meses que los parientes de Esther esperan una respuesta de la administración a la solicitud para que se valorase el grado de dependencia. "Nada, no nos dicen nada: que están colapsados y que no saben cuándo la podrán venir a visitar, y de hecho nos propusieron que, mientras, pagáramos una residencia privada", lamentan.