PARQUE AMENAZADO

El Gobierno declara la "sobreexplotación" de tres masas de agua de Doñana

Doñana

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Julia Camacho

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La conservación de Doñana da un paso adelante después de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) haya declarado formalmente la sobreexplotación de tres de las cinco masas de agua que alimentan Doñana. Una medida que reconoce el “riesgo de no alcanzar el buen estado” y tendrá como principal efecto la obligación de que las administraciones pongan en marcha un plan para regularizar las extracciones del acuífero.

La declaración de sobreexplotación de las masas de La Rocina, Almonte y Marismas, en el entorno del parque natural, era demandada desde hace una década por las asociaciones conservacionistas ante el problema cada vez mayor de agua que sufría el humedal más importante de Europa. Sin embargo, no se puso en marcha hasta que la Comisión Europea decidió llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por su inacción a la hora de proteger las fuentes de agua de un espacio natural protegido. Así, para WWF, pone en evidencia que “el actual régimen de explotación del acuífero de Doñana es totalmente insostenible y está llevando al colapso ecológico al humedal más importante de Europa”, resaltaron desde la organización ecologista, que además de regularizar las extracciones pide suspender cualquier nueva concesión de agua subterránea.

En este sentido, desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) explicaron que la CHG queda ahora obligada a elaborar, en colaboración con las comunidades de regantes, un programa de actuación para la recuperación de las masas de agua y un mayor control en la gestión del agua. Ese plan estará listo “previsiblemente en un año”, e incluye medidas para regularizar y racionalizar las extracciones. De esta forma, se determinarán los volúmenes de uso de agua autorizados, que podrán modificarse en momentos de especial afección, como por ejemplo son los períodos de sequía.

Además, el plan servirá a las administraciones para asegurar que los aprovechamientos se ciñen a los planes existentes, al tiempo que permite adaptar las extracciones a las posibilidades de cada momento. Mientras se tramita el plan, la Confederación puede, en su caso, adoptar medidas cautelares.