25 sep 2020

Ir a contenido

la gestión de la pandemia

¿Podría haberse evitado el confinamiento de Lleida?

Voces críticas con la gestión que ha hecho Salut en el Segrià señalan una falta de previsión y una ausencia de decisiones

El rebrote del covid en la comarca es fruto de una coyuntura social compleja y la precarización que soporta hace años la sanidad

María Jesús Ibáñez

Transeúntes con mascarilla por el Carrer Major de Lleida, este lunes.

Transeúntes con mascarilla por el Carrer Major de Lleida, este lunes. / JORDI V. POU

Mientras muchos leridanos volvían a colocarse este lunes la mascarilla (en un gesto casi heroico, habida cuenta de las tórridas temperaturas alcanzadas en algunos puntos del Segrià), empezaban a surgir las primeras voces críticas con la gestión que en este territorio ha hecho la Conselleria de Salut de la Generalitat, una vez se decretó el fin del estado de alarma el 21 de junio y el gobierno autonómico asumió las competencias plenas en la gestión del coronavirus

Algunos alcaldes, entre ellos el de Lleida, Miquel Pueyo (ERC), lamentaron ya el domingo el modo cómo se aplicó el confinamiento en la comarca del Segrià, una disposición que limita la movilidad de más de 200.000 personas. y que, de momento, no tiene fecha de caducidad conocida.

Pero más allá de la drástica medida -que había sido descartada 24 horas antes por la 'consellera' Alba Vergés-, lo que denuncian ciudadanos de Lleida, políticos y  una parte del colectivo sanitario son las imprecisiones, la falta de previsión y la nula toma de decisiones que precedieron al confinamiento.

Fernando Simón cree que se reaccionó tarde

El directo del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha dicho este lunes que la Generalitat debería haber "tomado antes" la decisión de confinar Lleida y ha advertido de que si las comunidades autónomas no aplican las medidas que ahora son su responsabilidad, o llega un punto en el que no se sabe lo que está pasando, se tendrán que adoptar "medidas supracomunitarias" o "medidas de Estado".

El Gobierno de Aragón ya dio el aviso 13 días antes

El Gobierno de Aragón decretó ya el pasado 22 de junio que las comarcas oscenses del Cinca Medio, Bajo Cinca y La Litera y Caspe retrocedieran a la fase 2 de la desescalada tras registrar varios brotes de covid-19 en municipios como Binéfar, Zaidín, Fraga y Monzón. La Generalitat de Catalunya, en cambio, tardó 13 días en adoptar medidas semejantes para el Segrià, situado a 40 kilómetros de los focos de contagio aragoneses, pese a que la movilidad entre ambos territorios es intensa y permanente.

Los rastreos de los contactos se iniciaron a medio gas

Con solo 120 rastreadores o exploradores contaba Catalunya la semana pasada –la ‘consellera’ de Salut prometió en su momento que iban a ser 200 los contratados– para realizar el seguimiento de los contactos de contagios en los nueve focos de coronavirus que estaban activos (siete de ellos, en el Segrià). La labor la desarrollaban, además, estudiantes de Ciencias de la Salud, después de que quedara en suspenso el contrato de 17 millones de euros por el que la Generalitat iba a adjudicar este servicio a la empresa Ferrovial.

Unas plantillas de profesionales precarizadas y exhaustas

Tras más de tres meses de trabajos sin horarios y con la tensión y la incertidumbre que ha generado el coronavirus, la aparición de nuevos brotes ahora llega con una plantilla sanitaria exhausta. A ello, se suma la falta de efectivos que el colectivo viene arrastrando desde los recortes del 2010. Según el sindicato Metges de Catalunya, en la atención primaria catalana faltan 800 médicos e Infermeres de Catalunya calcula que hacen falta entre 18.000 y 23.000 enfermeras entre primaria y hospitales.

Una crisis social que este año agrava aún más la situación de los temporeros

La situación de los temporeros que viajan a Lleida sin contrato de trabajo previo con la esperanza de emplearse en la cosecha de la fruta (cientos de ellos malviven en condiciones de miseria extrema) se ha topado este año con una coyuntura extraordinaria: trabajadores sociales y entidades de ayuda a colectivos vulnerables estaban ya desbordados por los efectos que el covid ha causado en la población local permanente. Los afectados denuncian que el Govern, en concreto la Conselleria d'Afers Socials, no les ha enviado refuerzos.