28 oct 2020

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Las entidades piden que la ley de infancia amplíe aún más los plazos de prescripción

El proyecto marca que la caducidad empiece a contar a partir de que la víctima cumpla 30 años y quieren ampliarlo a los 40 años

Las oenegés aplauden la pionera norma que aprobará mañana el Gobierno y reclaman que se tramite de urgencia

Patricia Martín

El pianista James Rhodes, junto a otros activistas en contra de los abusos sexuales, urgen al Gobierno a aprobar una ley contra la violencia infantil.

El pianista James Rhodes, junto a otros activistas en contra de los abusos sexuales, urgen al Gobierno a aprobar una ley contra la violencia infantil. / JOSE LUIS ROCA

Con varios meses de retraso sobre el calendario inicial, el Consejo de Ministros aprobará mañana la ley de protección de la infancia y adolescencia frente a la violencia, una legislación pionera que -cuando se apruebe definitivamente- colocará a España en la vanguardia mundial en defensa de los niños. Las entidades que trabajan a favor de los menores y que han remado durante años para su aprobación han aplaudido que el Gobierno tenga previsto dar luz verde al proyecto de ley, si bien avanzaron que, en el trámite de enmiendas en las Cortes, solicitarán que el plazo de prescripción de los delitos más graves se aumente aún más, hasta que la víctima cumpla al menos 55 años.

El proyecto legal fija que la caducidad de los delitos empiece a contar cuando el afectado cumpla 30 años y no a los 18 como en la actualidad. A partir de ahí, en función del delito, este prescribe en un plazo de entre cinco y 15 años, por eso el tope con la nueva ley sería a los 45 años de la víctima, un límite que, según las oenegés, se queda corto porque muchas víctimas no se atreven a denunciar hasta que cumplen 50 años o más. “No es justo que una persona tenga oportunidad de denunciarlo y otra no porque lo haya recordado más tarde y aumentar la prescripción no es algo bueno sólo para las víctimas, porque un abusador por la calle desprotege a todos”, señalo la presidenta de la Fundación Vicki Benadet, quien es partidaria de la imprescriptibilidad de estos delitos.

Save the Children o la Plataforma de la infancia también pedirán a los partidos políticos que aumenten la caducidad, aunque las oenegés reconocen que la ampliación a partir de que la víctima cumpla 30 años ya es un “gran avance” e impedirá situaciones actuales de impunidad, teniendo en cuenta que los niños víctimas de abusos sexuales suelen tardar años en denunciar.

Trámite de urgencia

En una rueda de prensa conjunta, en la que también participó el activista y pianista James Rhodes y el presidente del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, Luis Pedernera, las entidades celebraron que “por fin” el Ejecutivo apruebe una norma que el PP proyectó y que Gobierno socialista aprobó en forma de anteproyecto de ley en diciembre del 2018. Si bien, el bloqueo político, en primera lugar, y la crisis sanitaria del Covid, en segundo término, ha retrasado su puesta en marcha.

En los últimos meses, se ha retocado un poco el texto socialista, pero no es necesario que vuelva a pasar por los órganos consultivos y se enviará directamente a las Cortes. Es más, las oenegés de infancia solicitan al Gobierno que pida a la Mesa del Congreso de los Diputados que califique de urgencia el proyecto, de forma que los plazos se acorten al máximo posible. “Cada día retraso es un día que estamos fallando a las personas que más lo necesitan”, señaló el pianista, quien rechazó que la ley se denomine ‘ley Rhodes’, como ha propuesto el vicepresidente Pablo Iglesias, de quien depende en el Gobierno de coalición la nueva legislación.

Texto consensuado

“Es un texto consensuado que cambiará la vida de los niños, niñas y adolescentes que están sufriendo la violencia o son susceptibles de llegar a sufrirla”, subrayó Andrés Conde, director general de Save the Children, quien precisó que la ley nace con “vocación de transformación social hacia una cultura que no tolere la violencia”, como supuso en su día la ley integral contra la violencia de género.  Conde aplaudió que el proyecto normativo tenga carácter integral, lo que significa que tiene contiene, tal como solicitaron los expertos y las entidades, medidas de sensibilización, detección precoz, protección a las víctimas y reparación. Además reconoce todas las formas de violencia, también en internet. Y es que, según recordó, aunque la sociedad a veces no sea consciente, los delitos sobre los menores van a más y es una “realidad sistémica que tienen solución”. De hecho, durante el confinamiento, la Fundación Anar ha recibido 1.000 llamadas de menores solicitando ayuda y la mitad motivados por episodios de violencia, un porcentaje superior al registrado otros meses.

A su vez, el presidente de la Plataforma de Organizaciones de Infancia, Carles López, celebró que la norma incluya medidas específicas para las ayudar a los niños más vulnerables, como los extranjeros no acompañados o los que son víctimas de trata.