Las guarderías privadas piden a las familias aportaciones voluntarias

El cierre de los centros educativos a raíz del coronavirus está provocando problemas económicos a los colegios privados y a las familias de sus alumnos. En Catalunya, las guarderías privadas han pedido a las familias aportaciones voluntarias de entre 80 y 200 euros mientras esperan una respuesta del Govern a su solicitud de ayudas directas.

También  la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), con implantación en la enseñanza privada y concertada, ha solicitado al Gobierno central "ayudas urgentes" para el sector de la Educación Infantil. Asimismo, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA) ha pedido al Ejecutivo que active ayudas "a las familias que han visto mermados sus ingresos por la pandemia actual, sobre todo para el alumnado que cursa sus estudios de Bachillerato en centros educativos en donde no estuviese concertado".

La Associació de Llars d'Infants de Catalunya ha explicado que los centros "se ven obligados a recurrir a la comprensión, apoyo y colaboraciónd e las familias mientras esperan una respuesta del Govern". Aseguran que la aportación voluntaria no tiene como objetivo mantenar la plaza escolar, "que se mantendrá", sino que servirá "para garantizar la continuidad de la escuela".

Es por ello que apelan a la "solidaridad" de las familias para que "contribuyan, en la medida de sus posibilidades económicas, a superar este momento tan difícil".

La entidad pidio la semana pasada a la Conselleria d'Educació que ampliase sus ayudas a toda la red de centros infantiles, y solicitó al Departament d'Empresa una línea de financiación específica.

La educación infantil también pide ayudas

No son los únicos que han pedido ayudas. La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), con implantación en la enseñanza privada y concertada, ha solicitado al Gobierno "ayudas urgentes" para el sector de la Educación Infantil, "el único nivel educativo en el que a los profesionales no se les ha dado la opción de continuar en sus puestos de trabajo".

FSIE expone en un comunicado que en "la gran mayoría de centros de Educación Infantil ha cesado toda actividad educativa presencial como consecuencia de las medidas adoptadas para hacer frente al covid-19 porque han sido considerados como puramente asistenciales y no se les ha reconocido la función educativa que realizan".

"Son muy pocos los centros que mantienen su labor docente por medio del teletrabajo de sus educadoras y maestras. Además, este sector no es beneficiario específico de ninguna de las medidas económicas aprobadas hasta ahora por el Gobierno para paliar los efectos económicos", explica FSIE.

El sindicato defiende que "la actual red de centros privados de Educación Infantil y sus profesionales vienen atendiendo y educando a miles de alumnos, prestando de esta forma un servicio a la sociedad que es fundamental para el desarrollo de los niños, la conciliación de la vida familiar y laboral y de un indudable valor social".

FSIE augura que si el cierre de estos centros se prolonga en el tiempo "puede suponer que muchos de ellos no puedan volver a abrir ante la acumulación de gastos a los que deben hacer frente en este momento sin ningún tipo de ingreso, consumando como víctimas laborales del coronavirus a miles de trabajadores".

Por todo ello, el sindicato reclama al Gobierno, a las comunidades autónomas y a los municipios ayudas económicas directas para mantener los puestos de trabajo y que garantice "el pago íntegro de las ayudas, becas, bonos o cheques en educación infantil de forma puntual, completa e ininterrumpida hasta la finalización del curso escolar".

Pérdida de ingresos de las familias

Por su parte, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA) ha pedido al Gobierno que active ayudas "a las familias que han visto mermados sus ingresos por la pandemia actual, sobre todo para el alumnado que cursa sus estudios de Bachillerato en centros educativos en donde no estuviese concertado".

"Se trata de facilitar la finalización del actual curso académico sin generar un verdadero perjuicio económico tanto a los centros como para las familias, lo que conllevaría una flagrante discriminación educativa y económica, en esta situación en la que ninguna familia debe de quedar atrás", apunta el presidente de CONCAPA, Pedro José Caballero, en una carta remitida a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá.

En esa misiva, el presidente de CONCAPA solicita también que las ayudas que se implementen desde el Ministerio, en material y tecnología, como tabletas, ordenadores, fibra e internet o tarjetas de datos "lo sean para todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos", incluyendo a los centros privados concertados.

Además, las familias de CONCAPA reclaman tanto al Ministerio como a las comunidades autónomas que "universalicen las líneas de alta capacidad para el correcto funcionamiento de las plataformas educativas" para evitar "el colapso y el bloqueo de las mismas".