Los promotores consideran que el nuevo decreto frena la vivienda social

El decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda aprobado este lunes por Consell Executiu del Govern de la Generalitat de Catalunya representa  “un nuevo paso atrás” por lo que respecta a la nueva promoción de vivienda social en Catalunya, según expresó ayer el presidente de la Asociació de Promotors de Catalunya (APCE), Lluís Marsà, para quien el decreto no hace más que imponer límites que los promotores no podrán cumplir, como ya ha ocurrido con la medida del Ayuntamiento de Barcelona de imponer un 30% de vivienda protegida en todas las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones a partir de 600 metros cuadrados.  “Todavía no conocemos con detalle el texto, porque solo nos han explicado parte de lo que se aprueba”, señaló Marsà, “pero nos da la impresión de que no se va favorecer la producción de vivienda social, contrariamente a lo que pretende el decreto. Nos parece una medida más populista de que de alcance real”. 

Los promotores recuerdan que Plan Territorial Sectorial de Vivienda, que se aprobará antes de un año, permitirá reservar para vivienda protegida un mínimo del 50% de techo en suelo urbanizable y un 40% en suelo urbano no consolidado en los municipios con demanda residencial "fuerte y acreditada". En el Área Metropolitana de Barcelona, la reserva mínima será del 40% en suelo urbano no consolidado que tenga por objeto la transformación global de los usos principales a uso residencial. 

El decreto del Govern incluye estímulos a la iniciativa privada para que construya viviendas protegidas y se incluye la posibilidad de que los planes urbanísticos destinen terrenos para la construcción de pisos plurifamiliares específicamente de alquiler. Pero esa previsión se considera contraproducente. “La imposición del 30% en Barcelona no ha servido para hacer más vivienda social. Al contrario, durante los tres primeros trimestres de este año han descendido las viviendas iniciadas un 55%. Se han iniciado 1.000 viviendas menos que en el 2018”, ha subrayado Marsà.  

Baja producción de vivienda

Esa situación se produce en un entorno en el que la producción total de vivienda en Catalunya en el 2018 fue de tan solo de 14.000 unidades, cuando el ritmo de producción debería estar en torno a las 25.000 viviendas al año. Durante el 2019 se registra una ligera caída de la producción, si bien hasta el tercer trimestre se había iniciado 7.500 viviendas, según los datos de los promotores. De esa cifra tan sólo 633 viviendas tenía el sello de protegidas y de esa cantidad solo 60 había sido promovidas por las Administraciones públicas. 

La industria promotora agrega que la iniciativa legal de la Generalitat abunda en la inseguridad jurídica que afecta al sector, ya que “modifica las reglas de juego en pleno partido”. Se refiere Marsà a que los promotores que se hayan decidido a hacer vivienda social con el límite municipal del 30%, pero que ahora se vean obligados a aumentar ese porcentaje hasta el 40% el 50%, registrarán pérdidas en los proyectos. Asimismo, consideran que las medidas representan un freno mayor para la rehabilitación, teniendo en cuenta que se trata de la alternativa para la promoción en las grandes ciudades, en las que la falta de suelo dificulta la edificación.