El Govern aprueba la ley para reducir los desahucios y favorecer el acceso a la vivienda

La norma obliga a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler social a las personas vulnerables antes de denunciarlas

Desahucio protesta en el Poblenou organizado por la FAVB

Desahucio protesta en el Poblenou organizado por la FAVB / periodico

Óscar Hernández

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A veces es a la segunda cuando va la vencida. Seis meses después de que el Parlament tumbara el 'Decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda', el Govern de la Generalitat ha vuelto a aprobarlo este lunes pero con importantes mejoras con respecto al anterior para enviarlo el mes que viene a la cámara.

 «Vivimos en una situación de emergencia social para acceder a la vivienda. Hay leyes y planes de acción como la ley de los pisos vacíos, pero no es suficiente. Ahora, tras consultar a entidades sociales, promotores y grupos parlamentarios, aprobamos una ley que por primera vez amorniza las políticas de suelo con las de vivienda», ha explicado este mediodía el ‘conseller’ de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.

Calvet parecía satisfecho y de hecho confía que esta vez sí su ley pasará el filtro del Parlament en el primer pleno del 2020. «El el 2018 tuvimos 13.000 deshaucios en Catalunya, un 4,8% más que el año anterior. Y en el primer semestre de este año se produjeron 6.990», ha añadido, a la vez que ha recordado que el 'Decreto de  medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda' permitirá a medio y largo plazo aumentar el parque de vivienda pública de alquiler y de forma inmediata regularizar ocupaciones de pisos de familias desesperadas a viviendas de bancos, empresas o grandes propietarios (con más de 15 viviendas). Estas son algunas de las medidas incluidas en la ley:

Hasta siete años de alquiler social 

El decreto establece un alquiler social obligatorio  de hasta siete años para las familias que acrediten su vulnerabilidad en el supuesto de que se la acabe el contrato de alquiler, pero también, y esta es una importante novedad, si han ocupado esa vivienda y llevan viviendo en ella al menos los seis meses anteriores a la aprobación de la ley,Así se regularizan ocupaciones pero no se fomentan nuevas.

Más alojamientos temporales

El alojamiento temporal se diferencia de una vivienda además de por ser obviamente temporal por carecer de cédula de habitabilidad. El decreto permite construir este tipo de alojamientos, que también pueden ser residencias de estudiantes, en suelo destinado a equipamientos y por tanto de uso público, con el objetivo de acoger a familias en riesgo de exclusión. El ejemplo más reciente es el la instalación de los pisos-contenedor del Ayuntamiento de Barcelona.

Más tanteos para adquirir viviendas

El decreto de Calvet favorece aún más el derecho de tanteo y retracto que pueden ejercer las administraciones y las entidades sociales para adquirir pisos y destinarlos al alquiler. Se amplía esta posibilidad hasta el año 2027 en toda Catalunya y autoriza a la Generalitat –y esta es otra novedad– a ejercer el tanteo hasta en la segunda y tercera transmisión de una vivienda adquirida por grandes propietarios, desde bancos y fondos de inversión a particulares con más de 15 viviendas. «Se refuerza a la Administración para hacer efectivo el retorno social del rescate bancario», dicen en Territori.

A por los edificios inacabados

Se considerarán desocupados los edificios que permanezcan inacabados para así poderlos incluir en el parque de vivienda asequible. Para hacerlo, la Administración se dota de la posibilidad de multas coercitivas y hasta de proceder a la expropiación.

Inventario de solares públicos

El nuevo decreto ley insta a los ayuntamientos a elaborar en un año un inventario de los solares públicos para construir vivienda y en dios años deberán de tener aprobado un programa de actuación para poner a disposición de sus vecinos esos pisos, Los ayuntamientos también deben destinar a viviendas protegidas de alquiler los solares que obtengan como cesiones de aprovechamiento urbanisitico.

Hasta el 50% de vivienda protegida

La norma prevé la aprobación, en menos de un año, del Plan Territorial Sectorial de Vivienda para que se destine a vivienda protegida como mínimo el 50% del techo construido en suelo urbanizable y el 40% en suelo urbano no consolidado. Este último es el que nos dispone aún de viales y el resto de infraestructuras urbanísticas.

Vivienda protegida para siempre

La norma define un nuevo modelo de vivienda de protección oficial para que esta sea permanente. Será en los casos en que en los planes urbanísticos ya esté reservado ese suelo para vivienda de protección publica o que formen parte del patrimonio público de suelo y vivienda.

Precio único en las VPO y adjudicación

Se establecerá un precio de venta base único de las viviendas de protección oficial en función del municipio donde se localice. Ahora ese precio único de venta y de alquiler en todo el Área Metropolitana de Barcelona. Aunque para fijar el precio también se tendrá en cuenta la eficiencia energética y si el promotor ha recibido ayudas públicas. Además el registro de solicitantes se debe actualizar cada año en lugar de cada tres como hasta ahora para garantizar que los candidatos rúnen los requisitos.

Barcelona aplaude la regulación y recuerda que la ha negociado

Contra los fondos buitre

La teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, y la concejala de Vivienda, Lucía Martín, han comparecido este lunes para comentar el decreto aprobado por la Generalitat sobre vivienda, del que han asegurado que abre la puerta a mejoras decisiva. Las dos se han mostrado satisfechas con el decreto de medidas urgentes aprobado meses después de que se retirara, en verano, un primer proyecto del que la alcaldesa, Ada Colau, abominó en público.

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