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pleno municipal

Barcelona aprueba imponer a las promociones privadas un 30% de vivienda asequible

La medida recibe el apoyo de todos los grupos menos Ciutadans y el PP

La iniciativa, que requiere la luz verde de la Generalitat, podría sufrir modificaciones

Toni Sust

La alcaldesa Ada Colau, llorando de emoción, durante el pleno municipal.

La alcaldesa Ada Colau, llorando de emoción, durante el pleno municipal. / ALBERT BERTRAN

Tres meses después de iniciar el trámite municipal, la obligación de que los promotores privados destinen un 30% de los pisos que construyan en Barcelona a vivienda asequible –un punto medio entre el precio de mercado y el social- ha sido aprobada de forma definitiva por el pleno del Ayuntamiento de Barcelona. La medida, que inicialmente generó dudas y rechazo en varios grupos de la oposición, ha acabado recabando un apoyo mayoritario, aunque no unánime. Todos han votado a favor menos Ciutadans, que ha considerado que la iniciativa requería un mayor estudio previo y se ha abstenido, y el PP. Con argumentos similares, Alberto Fernández Díaz ha defendido el voto negativo de su grupo. Pese a considerar que se tenía que haber ido mucho más allá, la CUP ha votado a favor.

El grupo del PDECat se suma al acuerdo, que ya tenían Barcelona en Comú, ERC y el PSC, tras pedir a cambio que se respeten una serie de medidas, entre ellas, que el promotor no deba entregar necesariamente un 30% de la finca en concreta que está construyendo, y que pueda aportar un espacio equivalente en inmuebles del mismo barrio. El grupo de Xavier Trias reclama también que a la larga el ámbito acabe siendo el distrito. Estos pactos son compromisos acordados entre el gobierno de Ada Colau y los exconvergentes: el tiempo dirá cómo cristalizan en la configuración definitiva de la modificación del Plan General Metropolitano que implica la nueva norma.

El PDECat considera además que la medida debe regir en el Área Metropolitana, y no solo en Barcelona. Una reclamación que casa con la posición mantenida sobre la nueva norma por el ‘conseller’ de Territori, Damià Calvet.

Según la previsión del consistorio, el precio de una vivienda asequible de unos 80 metros cuadrados es de 512 euros de alquiler y 136.000 euros en caso de venta.

No todo es euforia ante la planificación municipal. Los promotores, que esta semana participaron en una sesión de la comisión de estudio sobre la nueva medida, cuestionaron su legalidad y advirtieron de que puede provocar un paro de nuevas promociones y reclamaciones judiciales.

Subcomisión de Urbanisme

La iniciativa todavía debe recibir el último plácet, el de la subcomisión de Urbanisme de la Generalitat, que es la que podría modificar algunos aspectos. Según anunció Calvet, el órgano dispone de cuatro meses para pronunciarse, aunque el objetivo es acortar ese plazo.

La cesión de un 30% para vivienda protegida será obligatoria en los casos de edificios plurifamiliares, en nuevas promociones y reformas que incluyan nuevas viviendas que en total superen los 600 metros cuadrados. Quedan exentos los edificios protegidos y en ámbitos en los que ya exista una reserva de vivienda protegida. El consistorio calcula que la cifra total de pisos anuales que se construyen cada año en nuevas promociones y reformas es 1.114, por lo que considera que la norma del 30% dará cada año a Barcelona 334 nuevas viviendas protegidas.

Venta o alquiler

El propósito de Colau era imponer el alquiler a ese 30% de vivienda que engrosará el parque público, pero no es posible, por lo que una de las vías que se antoja más que probable en el futuro es que el consistorio acabe comprando y destinando a alquiler las viviendas. Para ello, cuenta con el derecho a tanteo y retracto en toda ciudad, otra modificación aprobada en este pleno de forma paralela al del 30%.

Barcelona en Comú logró el apoyo de ERC y el PSC a cambio de renunciar a una moratoria en verano con la que el gobierno ya quería frenar licencias que no contemplaran el 30%. 

Colau, entre lágrimas

Los grupos han agradecido su papel a las entidades impulsoras de la iniciativa, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, el Observatori DESC, la Asseamblea de Barris pel Turisme Sostenible y el Sindicat de Llogaters. También lo ha hecho Colau, que se ha reservado los últimos minutos del debate para ensalzar la iniciativa aprobada y agradecer, entre lágrimas de emoción, la presión de las entidades y el paso dado. En fin, que ha llorado.